El aumento de las medidas antimigrantes impuestas desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca han obligado a la Cancillería mexicana a recurrir a la contratación de despachos de abogados para atender la demanda de casos contra connacionales en Estados Unidos.
De acuerdo con datos del Programa de Asistencia Consular, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene en toda la Unión Americana 329 contratos con despachos y asesores especializados en asuntos migratorios.
Se trata de un amento de 140 por ciento a los que se tenían registrados antes de la llegada, en enero de 2017, del republicano a la Casa Blanca.
La dependencia encabezada por Marcelo Ebrard aseguró a El Sol de México que la contratación de más asesores y despechos se debe a que los consulados de México en Estados Unidos, han quedado rebasados por la cantidad de solicitudes de asistencia por parte de connacionales que se han visto involucrados en violaciones migratorias en ese país.
Sobre todo, después de las redadas masivas que el gobierno de Trump llevó a cabo en agosto del año pasado en siete plantas procesadoras de alimentos en Louisiana y Misisipi, en las que 680 migrantes fueron detenidos, de los cuales 122 eran mexicanos.
La amenaza de más megarredadas continúa vigente en todo el territorio estadounidense ante las advertencias del presidente Trump, quien ha prometido “sacar del país” a todos los que hayan entrado sin aprobar el proceso migratorio legal, lo que mantiene a la SRE en constante vilo.
El consulado general en los Ángeles, California, ciudad que concentra a más de tres millones 668 mil de migrantes, registra el número más alto de contratos, 16, con bufetes de abogados migratorios, a los que destinó en 2019 un presupuesto de 694 mil 713 pesos.
The Law Offices of Laura E. Urias, APC es uno de los despachos que laboran para el Gobierno mexicano. De acuerdo con su página en internet, se especializa en solicitudes de visa U, otorgada por el gobierno estadounidense a inmigrantes víctimas de actos criminales, y en el programa VAWA, a través del cual padres, hijos y madres abusadas pueden solicitar una visa de no inmigrante; así como en ajustes de estatus y naturalizaciones.
Callister Law Grup, es otro de los despachos contratados por la cancillería para asesorar y defender a los mexicanos en el tema migratorio. Ubicada en Las Vegas, Nevada, se anuncia en internet como una de las firmas de defensa con más tradición, trayectoria y experiencia desde 1947.
Entre sus servicios ofrece la recuperación de expedientes de inmigración, compensación a trabajadores, defensa criminal y seguridad social, y sus honorarios oscilan entre 300 y 700 dólares..
Ignacio Pinto-León, abogado migratorio en Texas, afirma que es muy común que se recurra a la contratación de despachos particulares porque los abogados de los consulados se saturan de trabajo, poniendo en riesgo a sus ciudadanos.
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