/ viernes 16 de noviembre de 2018

Acusan “obstaculización” por parte del TSJ en juicio de nulidad en contrato de compraventa

Adolfo Hernández, pide a la FGE, que la investigación iniciada el 16 de agosto del presente año, llegue a sus últimas consecuencias, y contra quien resulte responsable

Tráfico de influencias, usurpación de identidad y falsificación de documentos por parte de seis personas, incluso por algunas autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, es lo que acusa el abogado encargado de llevar el juicio 1009/2016 correspondiente a la nulidad de un contrato de compra-venta de un terreno ubicado en San Andrés Cholula, y en el cual un hombre identificado como Salomón David N., se ostenta como último dueño de la propiedad, pero incluso, a decir del litigante, este sujeto asegura estar protegido por el presidente del TSJ de Puebla, Héctor Sánchez, Sánchez.

Adolfo Hernández Pastor, abogado y también apoderado legal del inmueble en litigio, en días recientes se presentó a esta Redacción para denunciar diversas irregularidades dentro del citado juicio, radicado en el Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla.

Al respecto, el litigante aseguró que un día su cliente, el señor Juan Gerardo Huesca Vega, quien es el legítimo dueño de la propiedad ubicada en San Antonio Cacalotepec, fue a realizar el pago de su predial, sin embargo, se encontró con la sorpresa de que el inmueble ya se encontraba a nombre de un tal Salomón, con poder para cinco personas más que aparecen bajo los nombres de Miguel N., Elizabeth N., Reinaldo N., Virginia N., y Josefina N. Lo anterior, mediante un presunto contrato de compra-venta del citado inmueble, en el que a decir del entrevistado, se encuentra falsificada la firma de su cliente pero además, se usurpa su identidad.

Por lo acontecido, la víctima a través de su abogado, a quien nombró como apoderado legal para pleitos y cobranzas, decidió interponer la denuncia e iniciar un juicio de nulidad de dicho contrato de compra-venta, ya que desconoce totalmente dicha transacción del predio a las mencionadas personas.

Sin embargo, a decir de Adolfo Hernández Pastor, durante el juicio se han presentado diversas anomalías. Para empezar, según el entrevistado, y lo que también versa en documentos oficiales proporcionados en copia a este medio, el 24 de septiembre de 2018, el Juez Segundo de lo Civil de Cholula, dictó la primera sentencia en el caso, la cual fue en contra de la víctima, pese a todas las pruebas y constancias presentadas en contra de los acusados.

Ante la decisión del juez, el abogado de la persona agraviada, el 11 de octubre de 2018 se presentó al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cholula, con el fin de obtener algunos datos que le sirvieran para poder interponer un recurso de apelación contra lo dictado por el juez. Sin embargo, ahí el litigante descubrió un documento con datos y sellos del Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula, en el que se ordenaba quitar o dejar sin efecto la inscripción marginal del bien inmueble localizado en San Andrés Cholula.

Tras lo descubierto, el entrevistado se dio cita en el mencionado juzgado para indagar quién y por qué razón se había emitido tal escrito, sin embargo, nadie se hizo responsable. Incluso, por la vía legal, el mismo Juzgado dio contestación a la solicitud del abogado en el que informa al registrador público de la propiedad, que no existe orden judicial alguna que dictamine la cancelación de inscripción marginal relacionado con el predio ya citado, sin embargo, no se ordena ningún tipo de investigación por estos hechos.

Ante tal situación, ya existe una denuncia radicada en la Fiscalía General del Estado para que se investigue a Salomón David, Miguel Ángel N., Elizabeth N., Reinaldo N., Virginia N., y Josefina N., así como a quien resulte responsable.

En este sentido, a decir del entrevistado, hay órdenes superiores de que el caso resulte en su contra, pero además, asegura que hay intervención y protección a uno de los acusados, por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia, a quien le pide que “deje de meter las manos en este asunto”. Asimismo, Adolfo Hernández, pide a la Fiscalía General del Estado, que la investigación iniciada el 16 de agosto del presente año, llegue a sus últimas consecuencias, y contra quien resulte responsable.

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Tráfico de influencias, usurpación de identidad y falsificación de documentos por parte de seis personas, incluso por algunas autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, es lo que acusa el abogado encargado de llevar el juicio 1009/2016 correspondiente a la nulidad de un contrato de compra-venta de un terreno ubicado en San Andrés Cholula, y en el cual un hombre identificado como Salomón David N., se ostenta como último dueño de la propiedad, pero incluso, a decir del litigante, este sujeto asegura estar protegido por el presidente del TSJ de Puebla, Héctor Sánchez, Sánchez.

Adolfo Hernández Pastor, abogado y también apoderado legal del inmueble en litigio, en días recientes se presentó a esta Redacción para denunciar diversas irregularidades dentro del citado juicio, radicado en el Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla.

Al respecto, el litigante aseguró que un día su cliente, el señor Juan Gerardo Huesca Vega, quien es el legítimo dueño de la propiedad ubicada en San Antonio Cacalotepec, fue a realizar el pago de su predial, sin embargo, se encontró con la sorpresa de que el inmueble ya se encontraba a nombre de un tal Salomón, con poder para cinco personas más que aparecen bajo los nombres de Miguel N., Elizabeth N., Reinaldo N., Virginia N., y Josefina N. Lo anterior, mediante un presunto contrato de compra-venta del citado inmueble, en el que a decir del entrevistado, se encuentra falsificada la firma de su cliente pero además, se usurpa su identidad.

Por lo acontecido, la víctima a través de su abogado, a quien nombró como apoderado legal para pleitos y cobranzas, decidió interponer la denuncia e iniciar un juicio de nulidad de dicho contrato de compra-venta, ya que desconoce totalmente dicha transacción del predio a las mencionadas personas.

Sin embargo, a decir de Adolfo Hernández Pastor, durante el juicio se han presentado diversas anomalías. Para empezar, según el entrevistado, y lo que también versa en documentos oficiales proporcionados en copia a este medio, el 24 de septiembre de 2018, el Juez Segundo de lo Civil de Cholula, dictó la primera sentencia en el caso, la cual fue en contra de la víctima, pese a todas las pruebas y constancias presentadas en contra de los acusados.

Ante la decisión del juez, el abogado de la persona agraviada, el 11 de octubre de 2018 se presentó al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cholula, con el fin de obtener algunos datos que le sirvieran para poder interponer un recurso de apelación contra lo dictado por el juez. Sin embargo, ahí el litigante descubrió un documento con datos y sellos del Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula, en el que se ordenaba quitar o dejar sin efecto la inscripción marginal del bien inmueble localizado en San Andrés Cholula.

Tras lo descubierto, el entrevistado se dio cita en el mencionado juzgado para indagar quién y por qué razón se había emitido tal escrito, sin embargo, nadie se hizo responsable. Incluso, por la vía legal, el mismo Juzgado dio contestación a la solicitud del abogado en el que informa al registrador público de la propiedad, que no existe orden judicial alguna que dictamine la cancelación de inscripción marginal relacionado con el predio ya citado, sin embargo, no se ordena ningún tipo de investigación por estos hechos.

Ante tal situación, ya existe una denuncia radicada en la Fiscalía General del Estado para que se investigue a Salomón David, Miguel Ángel N., Elizabeth N., Reinaldo N., Virginia N., y Josefina N., así como a quien resulte responsable.

En este sentido, a decir del entrevistado, hay órdenes superiores de que el caso resulte en su contra, pero además, asegura que hay intervención y protección a uno de los acusados, por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia, a quien le pide que “deje de meter las manos en este asunto”. Asimismo, Adolfo Hernández, pide a la Fiscalía General del Estado, que la investigación iniciada el 16 de agosto del presente año, llegue a sus últimas consecuencias, y contra quien resulte responsable.

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