Arraigo domiciliario, garantía económica de 20 mil pesos y la prohibición de salir del estado, son algunas de las medidas cautelares que un juez de control le impuso a Sergio N, político de origen veracruzano, morenovallista y titular de la notaría número 9 con sede en Cholula, Puebla, luego de que fuera vinculado a proceso por el delito de uso de documento falso.
Las investigaciones de la Fiscalía de Puebla señalan que en enero de 2017, Sergio presentó en la entonces Dirección General de Archivos y Notarías del Estado una constancia de prácticas notariales, presuntamente apócrifa, situación de la que tomó conocimiento la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
Autoridades ministeriales constataron que el detenido nunca realizó las prácticas notariales asentadas en la constancia que usó para obtener la patente de aspirante al ejercicio de notariado y que le permitió obtener la titularidad de una Notaría Pública en el Distrito Judicial de Cholula.
Entre los actos de investigación desarrollados, se incluyen la revisión de expedientes y la realización de entrevistas e inspecciones, entre otros.
Mediante audiencia celebrada el 9 de septiembre en el Centro de Justicia Penal de Puebla, el agente del Ministerio Público expuso diversos datos de prueba mediante los cuales solicitó al juez de la causa que el imputado quedara sujeto a investigación.
Tras los alegatos de la representación social y del abogado del imputado, el jurista consideró la existencia de suficientes elementos para considerar que Sergio pudiera ser responsable del delito que se le acusa, por lo que dictó auto de vinculación a proceso en contra del también abogado, diputado local y federal entre 2000 y 2006, además de que de 2011 a 2017 fungió como Procurador Fiscal del Gobierno del Estado de Puebla durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.
Una vez dada la resolución del togado, a Sergio se le impuso la medida cautelar de no salir del estado, prohibición de acercarse a los testigos, exhibición de 20 mil pesos, firma periódica el primer lunes de cada mes y arraigo domiciliario.
Además, el juez de control otorgó plazo de seis meses para investigación complementaria.
El personaje político también fue suspendido del ejercicio de la función de Notario, por lo que personal de Casa de Justicia de Puebla y de la Consejería Jurídica del Estado retiró sellos, protocolos y documentos relacionados con el ejercicio notarial del imputado.
Es de subrayar que la administración de Miguel Barbosa Huerta inició el año pasado un proceso para revocar 29 notarías autorizadas durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, así como de cuatro más que fueron concedidas por Tony Gali, debido a irregularidades legales.