Cada 24 horas, al menos, una persona desaparece en el estado de Puebla. Tan solo del 1 de diciembre de 2018 al 13 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas registró un total de 628 individuos no localizados, con lo cual el estado aparece en el noveno lugar del ranking de los diez con mayor reporte de desaparecidos.
En el marco del Día Internacional del Desaparecido, Samantha Páez Guzmán, directora de Análisis de la Violencia de Género Mediática y Digital del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) de Puebla, habló sobre las víctimas de desaparición cometidas por particulares y desaparición forzada, así como de sus actores.
Sobre este tema que ha dañado a muchas familias mexicanas, y en este caso poblanas, la especialista explicó que incurre en el delito de desaparición cometida por particulares, quien priva de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima, o suerte o paradero.
En tanto, la desaparición forzada es el arresto, la detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona, sustrayéndola de la protección de la ley.
La entrevistada, en este sentido aseguró que muchas desapariciones de mujeres están relacionadas con la desaparición forzada y la explotación sexual en la que, incluso, llegan a intervenir agentes del estado, por lo que son asuntos que presentan muchas trabas, debido a la protección que buscan tener los acusados.
“En la desaparición forzada hay más dificultades, ya que son asuntos en los que muchas veces también está involucrada la autoridad o agentes del Estado. En estos casos es importante tratar de garantizar el acceso a la justicia a través de las autoridades federales y proteger los derechos de las víctimas, ya que se pueden recibir amenazas, hay que protegerlas mediante el mecanismo de protección a víctimas del delito”, enfatizó la directora de Análisis de la Violencia de Género Mediática y Digital del CCSJ.
Para entender un poco más la problemática, la declarante recordó que en marzo de 2016, agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), detuvieron en Puebla a un agente de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala, que explotaba sexualmente a su pareja sentimental a la cual la hizo su novia mientras ella era practicante en dicha institución.
Una vez que fue enganchada, comenzó a ser explotada sexualmente; primero fue obligada a trabajar en un bar de San Pablo del Monte, Tlaxcala, donde le decía que si se rehusaba a trabajar, le causaría daño a su menor hijo y a su familia; luego fue trasladada a los estados de Yucatán, Baja California y Puebla; siendo este último, donde la joven logró escapar y pedir ayuda de las autoridades ministeriales.
La especialista agregó que en 2015 en la región de Huauchinango, Puebla, una menor estuvo desaparecida durante varios días; gracias a la ayuda de las amigas y de la prensa, la niña pudo regresar a su casa donde comentó que unas personas la habían privado de la libertad para llevársela a un militar.
En este tipo de casos, a decir de la entrevistada, se observa cómo a través de agentes del Estado, en este caso un militar, comienzan a desaparecer mujeres.
Samantha Páez Guzmán resaltó que muchas de las mujeres que terminan siendo víctimas de la trata de personas, mediante la explotación sexual, son enganchadas a través de las redes sociales como Facebook ya que los victimarios utilizan perfiles falsos.
Destacó la importancia que las familias conozcan cómo actuar ante una desaparición de cualquier tipo, sobre mecanismos de protección e incluso cómo ingresar o inscribirse al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), que brinda un apoyo económico a las familias de los desaparecidos para las brigadas de búsqueda, ya que muchas personas llegan a gastar todos los ahorros de su vida para tratar de localizar a su familiar.
“Muchas veces las familias son extorsionadas, les llaman y les dicen que tienen información sobre la persona desaparecida, que los van a apoyar y solo buscan obtener algún beneficio económico, por lo que es mejor hacerse acompañar de alguna organización, autoridad o colectivo que tenga mayor experiencia en estos asuntos y los pueda orientar en cómo ingresar al RENAVI. Es importante que las familias sepan cómo hacer una queja ante Derechos Humanos, sobre medidas de protección, entre otras”, comentó la representante del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.
En cuanto al trabajo de las autoridades, en el tema de una desaparición o desaparición forzada, Samanta Páez consideró que falta mucha coordinación entre autoridades locales, nacionales o incluso internacionales, ya que en lo que concierne a una desaparición forzada, el asunto traspasa los límites estatales y nacionales, pues cuando una mujer es posteriormente explotada de forma sexual, la víctima no permanece en un mismo lugar, es trasladada dentro y fuera del país.
“Se debe reforzar la búsqueda en vida, lo cual quiere decir que no solo es girar oficios a las instancias donde pudiera encontrarse una persona desaparecida, como los hospitales, Semefos, agencias del Ministerio Público, sino también en la búsqueda de cámaras de vigilancia, indicios que lleven a la localización de una persona”, explicó Samantha Páez, quien recalcó que también falta capacitación para los agentes del Ministerio Público, con el fin de que sean más empáticos con los familiares de desaparecidos, ya que se quedaron con prácticas antiguas, además de que deben conocer los protocolos de búsqueda, ya que esta debe ser inmediata; mientras que la conformación de la carpeta de investigación puede ser 72 horas después.
PUEBLA, NOVENO LUGAR NACIONAL EN DESAPARICIONES
Respecto a las desapariciones, en su corte del 13 de julio, la Comisión Nacional de Búsqueda muestra que a nivel nacional, desde la década de los 60 al 13 de julio de 2020, en México hay 73 mil 201 personas reportadas como desaparecidas.
En este rubro, Puebla ocupa el noveno lugar con 628 desapariciones, pero del 1 de diciembre de 2018 al 13 de julio del presente año. En dicho periodo de tiempo, el Estado de México tuvo 3 mil 867 desapariciones, con lo cual ocupó el primer lugar y Chihuahua el último con 538 denuncias.