Después de vivir en carne propia discriminación por el solo hecho de padecer VIH, Carlos, el joven que recientemente logró que se reabriera su caso por homofobia y serofobia, decidió comenzar una batalla legal por considerar violatorios diversos artículos del Código Penal del Estado, por lo que busca que estos sean derogados y así evitar actos discriminatorios en contra de personas en la misma condición médica que él.
De la mano de sus abogados Jaime de Jesús Reyes Jiménez y Óscar Sánchez Terrones, de la firma jurídica Montalvo y Terrones, el hombre de 33 años tomó esta iniciativa con la que busca que a la gente con VIH no se le juzgue y ponga en igualdad de condiciones con alguien que lesiona o provoca la muerte de otra persona con premeditación, a través de inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, como se lee en el Artículo 325 del referido Código.
El varón también busca que se elimine o modifique el Artículo 213 que castiga con cárcel a quien, sabiendo que padece un mal venéreo u otra enfermedad, contagie a otra persona.
En este sentido, Carlos dijo en entrevista para El Sol de Puebla, que esta decisión de interponer un amparo en contra de los referidos Artículos del Código Penal del Estado es importante, ya que tan solo “el Artículo 213, lo único que hace es criminalizar, pues ignora la realidad médica que hoy en día se tiene respecto al VIH. No solo criminaliza a la comunidad LGTTTIQ, sino también a las madres que sufren por un sistema de salud que nos ha fallado, ya que dentro del esquema de maternidad, no se realizan pruebas de detección oportuna de VIH, pues la transmisión materna fetal sigue presente en México, y Puebla ocupa uno de los primeros lugares en esa transmisión”, expresó Carlos.
El declarante agregó que no es posible que a una madre se le considere una criminal por haber transmitido el virus a su hijo, cuando el sistema de salud no ha hecho nada para remediar lo anterior.
A la vez, Carlos criticó que no haya jueces, ministerios públicos, entre otros funcionarios, capacitadas para juzgarlos.
Reveló que mediante una solicitud de información que hizo a la Fiscalía de Puebla, supo que solo en 2021 realizó capacitación de VIH-SIDA, únicamente a 29 personas, para cuando entonces la institución procuradora de justicia reportaba 3 mil 158 empleados, y en lo que va de 2023, ninguna otra persona se capacitó en el tema.
“Es muy cuestionable que se nos esté juzgando y criminalizando cuando ni siquiera hay personal capacitado. Esto es trascendente, porque se nos va a dejar de considerar criminales, pues también hay mujeres de la Sierra que tienen difícil acceso a la salud y desconocen su diagnóstico. Esta derogación de artículos no es solo para un grupo, sino para varias personas. De lo que viví, se justificaron diciendo que soy un riesgo y por eso decidieron apartarme de mis compañeros, entonces nadie más debe pasar lo que yo pasé y espero que conmigo se acaben justificaciones de personas, de empresas, para decir que somos un riesgo”, concluyó el activista.
Es así como de acuerdo con diversos documentos, cuyas copias se encuentran en poder de este medio, Carlos, sin tener un proceso legal en contra por asuntos que se tocan en los artículos anteriores, interpuso una demanda de amparo, la cual fue admitida el 1 de junio de 2023 por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal del Estado, Julio César Márquez Roldán.
Al respecto, el juez instruyó a las 11:50 horas del 30 de junio de este 2023, la audiencia correspondiente para resolver el amparo, y hasta entonces se conocerá las instrucciones que la autoridad judicial dé al respecto, es decir, si declara violatorios o no los artículos ya multicitados del Código Penal del Estado de Puebla.
En este sentido, los abogados de Carlos, extrabajador de una empresa de autobuses de pasajeros, donde, acusa, fue víctima de homofobia y serofobia, señalaron que el trámite a este tipo de amparo es un reto, pero “es una realidad que Carlos ha sufrido a lo largo de su vida diversas violaciones a sus derechos humanos en su trabajo e incluso por parte del Ministerio Público que, lejos de juzgar con perspectiva de género, ha archivado carpetas y es un reto mayúsculo el tratar de derogar estos artículos que fueron iniciados por especialistas en el tema, que en su momento fueron aprobados por la Cámara de Diputados Locales con sus asesores, pero lo asumimos con mucho compromiso”, indicaron.
LOGRA QUE SE REABRAN CDIS POR DISCRIMINACIÓN
Cabe recordar que luego de más de tres años de emprender una batalla legal, de tocar varias puertas y buscar apoyo para que su caso no quede impune, Carlos, el extrabajador de una empresa de autobuses que denunció a dos compañeros y a una de sus jefas por el delito de discriminación debido a su condición de VIH, el pasado 24 de abril de 2023, logró que su carpeta de investigación se reabriera, pues un agente del Ministerio Público había decidido archivarla.
La juez de control Mirian Huerta Lechuga, de la región de Cholula, admitió su competencia para el estudio del caso, tratándose del análisis del reclamo de la víctima, la cual señaló que el agente del Ministerio Público de nombre Sergio Ortiz, le había dado carpetazo a su asunto.
Y es que la representación social, en 2019, determinó el no ejercicio de la acción penal, al supuestamente no existir elementos que comprobaran que Carlos fue discriminado, a pesar de que éste cuenta con diversas evidencias y quejas ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y distintos organismos que lo orientaron.
Fue así como durante el acto jurídico realizado en una de las salas del Centro de Justicia Penal de San Andrés Cholula, Verónica Elizondo Salamanca, del bufete Jurídico Montalvo y Terrones Abogados y Consultores, logró argumentar actos de revictimización por parte del mismo defensor público que llevaba el caso y en el cuál el ofendido depositó su confianza para encontrar justicia.
Tras los argumentos y datos de prueba presentados en el caso, la juez de control ordenó que se reabriera la carpeta de investigación derivada de la denuncia en contra de Elizabeth N., y Eduardo N., por el delito de discriminación, además de que solicitó al fiscal general del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, capacitar al personal de la Unidad Especializada en Derechos Humanos Contra Delitos Cometidos Contra la comunidad LGBTTTIQ+, que significa Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer, así como el signo + que es la suma de nuevas comunidades y disidencias.
