Incomunicados y sin una defensa adecuada, los 14 detenidos la madrugada del martes en el municipio de Amozoc, fueron enviados al penal estatal, acusados de los desmanes ocurridos en el mes de enero en la presidencia de esa demarcaión, donde hubo quema de patrullas.
Los familiares y defensores particulares ya emprendieron las acciones legales de amparos y acercamiento con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asegurando que hay diversas violaciones jurídicas y de garantías individuales.
Raimundo Reyes, uno de los siete defensores legales, comentó a EL SOL DE PUEBLA, que pese a que ya se habían registrado y nombrado como defensores particulares de los 14 detenidos, cuando pretendían pasar a la sala número 13, los elementos de seguridad privada que resguardan el edificio, les prohibieron el paso, y minutos después sacaron de las instalaciones al resto de abogados, que ya se preparaban para ingresar a la audiencia inicial, la cual se llevó a cabo a puerta cerrada y sin los defensores particulares presentes.
Asimismo, los defensores se mantuvieron afuera; minutos después de las 2 de la madrugada, les informaron que ya había concluido la audiencia, por lo que los acusados estaban siendo trasladados al penal de San Miguel, luego de que les imputaran los delitos de lesiones calificadas con la agravante de ser cometidas contra funcionarios públicos, daño en propiedad ajena doloso, daño en propiedad ajena doloso por incendio y motín.
Hasta ayer, al cierre de esta edición, los familiares de los detenidos seguían sin saber de ellos. Están preocupados, sobre todo por la salud del luchador social Eloy, quien padece diabetes y debe llevar un control de medicamentos.
Raimundo señaló que es un ataque contra luchadores sociales, quienes el día de los hechos solamente se manifestaron para exigir al presidente municipal, Mario de la Rosa, que pusiera mayor atención en la seguridad pública.
“Todos los detenidos a los que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva mientras dura el proceso penal, son luchadores sociales, por eso creemos que es un ataque político y el caso es grave, si esto ocurre con estas 14 personas, que se puede esperar más adelante cualquier otro ciudadano”, puntualizó, el abogado.
Aunque los familiares y defensores tenían prevista una reunión con autoridades de Gobernación Estatal, no se concretó. Asimismo, para hoy se esperan algunas manifestaciones para exigir la liberación de los imvolucrados.
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