/ sábado 18 de agosto de 2018

Demandará alcalde auxiliar de San Miguel Canoa por falsedad de declaraciones

Por supuestos delitos de amenazas, robo agravado y privación ilegal de la libertad, estuvo preso

Por falsedad de declaraciones el alcalde auxiliar de San Miguel Canoa demandará a las personas que lo acusaron de manera injustificada por los delitos de amenazas, robo agravado y privación ilegal de la libertad, por los cuales estuvo preso. Posteriormente fue absuelto para continuar con su mandato.

A través del despacho de abogados del Corporativo Ramírez Téllez y Asociados, Raúl Pérez Velázquez ya prepara la denuncia, incluso para llegar a las autoridades que también intervinieron, como fueron en ese entonces la llamada Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General del Estado), que ya encabezaba Víctor Bourget Carrancá, así como al mismo gobierno estatal.

De inicio la defensa legal tiene en la mira a las personas que sirvieron de declarantes para presentar dichos cargos en su contra, lo que inició el proceso penal por el que estuvo recluido un año y dos meses en el penal de San Miguel.

Pérez Velázquez piensa que todo fue planeado debido a que su defendido fue uno de los principales opositores después de que les quitaron los Registros Civiles a las juntas auxiliares, lo que representaba ingresos para llevar beneficios a la comunidad.

El 31 de octubre de 2014 bajo el pretexto de que había una reunión en las oficinas de Obra Pública acudió el edil auxiliar, pero al salir fue capturado por 15 agentes ministeriales a pesar de que contaba con el amparo de la justicia federal 1671/2014 en el Juzgado Tercero de Distrito, que lo protegía contra cualquier orden de aprehensión.

Tras 14 meses en prisión, al no poder comprobársele nada finalmente logró que la justicia federal ordenara su absolución y el 26 de diciembre de 2015 abandonó el Cereso de San Miguel.

Debido a que resultó inocente, es decir, que no se le encontró responsabilidad de ningún delito, pudo regresar a su cargo de edil auxiliar, pero sus oficinas, que fueron clausuradas desde su aprehensión, no han sido reabiertas por una supuesta oposición de las autoridades estatales.

Raúl Pérez puntualizó que antes de que concluya su periodo en enero de 2019 espera avanzar en la demanda, que ya tiene lista el despacho jurídico que lo representa, contra las personas que lo dañaron.

Por falsedad de declaraciones el alcalde auxiliar de San Miguel Canoa demandará a las personas que lo acusaron de manera injustificada por los delitos de amenazas, robo agravado y privación ilegal de la libertad, por los cuales estuvo preso. Posteriormente fue absuelto para continuar con su mandato.

A través del despacho de abogados del Corporativo Ramírez Téllez y Asociados, Raúl Pérez Velázquez ya prepara la denuncia, incluso para llegar a las autoridades que también intervinieron, como fueron en ese entonces la llamada Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General del Estado), que ya encabezaba Víctor Bourget Carrancá, así como al mismo gobierno estatal.

De inicio la defensa legal tiene en la mira a las personas que sirvieron de declarantes para presentar dichos cargos en su contra, lo que inició el proceso penal por el que estuvo recluido un año y dos meses en el penal de San Miguel.

Pérez Velázquez piensa que todo fue planeado debido a que su defendido fue uno de los principales opositores después de que les quitaron los Registros Civiles a las juntas auxiliares, lo que representaba ingresos para llevar beneficios a la comunidad.

El 31 de octubre de 2014 bajo el pretexto de que había una reunión en las oficinas de Obra Pública acudió el edil auxiliar, pero al salir fue capturado por 15 agentes ministeriales a pesar de que contaba con el amparo de la justicia federal 1671/2014 en el Juzgado Tercero de Distrito, que lo protegía contra cualquier orden de aprehensión.

Tras 14 meses en prisión, al no poder comprobársele nada finalmente logró que la justicia federal ordenara su absolución y el 26 de diciembre de 2015 abandonó el Cereso de San Miguel.

Debido a que resultó inocente, es decir, que no se le encontró responsabilidad de ningún delito, pudo regresar a su cargo de edil auxiliar, pero sus oficinas, que fueron clausuradas desde su aprehensión, no han sido reabiertas por una supuesta oposición de las autoridades estatales.

Raúl Pérez puntualizó que antes de que concluya su periodo en enero de 2019 espera avanzar en la demanda, que ya tiene lista el despacho jurídico que lo representa, contra las personas que lo dañaron.

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