Por los delitos de desaparición forzada de personas, abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y delitos cometidos en la procuración, administración de justicia y en otros ramos del poder público, responsabilidad de abogados patronos y litigantes, este lunes José María Sosa Álvarez a través de sus padres y asesores legales acudieron a la Fiscalía de Puebla para interponer la denuncia correspondiente en contra de un exgobernador, ex fiscal, agentes del Ministerio Público y otros actores del sistema de justicia en Puebla, por actos de tortura, privación ilegal de la libertad y otras supuestas ilicitudes cometidas en su contra durante las investigaciones por el caso de Paulina Camargo Limón.
De acuerdo con la queja 3793/2017, ahora carpeta de investigación 870/2020 las personas denunciadas son José Antonio Gali Fayad exgobernador del estado; Francisco Javier Martínez Castillo, ex juez Tercero de lo Penal; Roberto Flores Toledano, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, extitular de la hoy Fiscalía del Estado; Jaime Huerta Ramos, director de averiguaciones previas y ahora fiscal de investigación regional de la FGE.
Otros nombres que figuran son: tres agentes del Ministerio Público, tratándose de Omar Monarca Zavala, Omar Pérez Aguirre y Nicolás Flores Gigueroa, además de María Elena Farfán González, la cual, a decir de los asesores legales de Chema- ya sentenciado a 16 años y 6 meses de prisión por el homicidio de Paulina Camargo- a inicio del proceso legal fue nombrada por la Fiscalía de Puebla como defensora pública, sin embargo, esta nunca estuvo presente cuando José María habría sido obligado a firmar su supuesta confesión.
En entrevista, los padres y los asesores legales del joven veracruzano indicaron que la denuncia se enfoca en dos vertientes, la presunta privación ilegal de la libertad cometida en agravio de José María al haberlo tenido incomunicado y sin alimentos, desde el día 26 hasta el 28 de agosto de 2015 cuando él mismo se presentó únicamente a colaborar con las autoridades en el caso de Paulina, y no en calidad de detenido.
La otra línea es por el presunto abuso de autoridad que los funcionarios y ex funcionarios anteriormente citados habrían cometido en agravio del detenido.
Una vez admitida la denuncia, el padre de José María indicó que ahora solo falta esperar a que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, que el agente del Ministerio Público le tome su declaración a Chema y así poder fincar o deslindar responsabilidades para los acusados.
Finalmente hicieron un llamado al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta para que los presuntos actos en los que ocurrieron los personajes citados se investiguen y se sancionen conforme a la ley para que “el piso sea parejo”, indicó uno de los asesores legales de José María.
Es de recordar que el 25 de agosto de 2015 se reportó la desaparición de Paulina Camargo de 19 años de edad y 8 semanas de embarazo, después de sostener una cita con José María en la Plaza Solé.
Tras diversas acciones de búsqueda en varios puntos de la ciudad, incluso en el relleno sanitario del Chiltepeque, y otros estados de la República en los que a la fecha no han logrado ubicar a la víctima con o sin vida, la medianoche del 12 de febrero de 2019, Chema fue sentenciado a 16 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio cometido en agravio de Paulina, expareja sentimental del acusado.
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