Una jueza calificadora así como supuestos policías ministeriales de la región de San Andrés Cholula, son acusados de delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia y abuso de autoridad por presuntamente encubrir, solapar y ayudar a un grupo de personas que sin orden de un juez, invadieron e insisten en apoderarse de una propiedad que no es suya, por lo que la dueña decidió denunciarlos para evitar una injusticia y obtener la protección de las autoridades estatales.
Consta en la carpeta de investigación número 46/2022 iniciada por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), que el pasado 15 de junio, cerca de las 11:30 horas, alrededor de 14 personas, entre ellos hombres y mujeres con armas largas y a bordo de una camioneta RAM negra sin placas de circulación así como varias grúas, se encontraban en el predio denominado “Ixehuatla” en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo en el municipio de San Andrés Cholula.
Tal predio, -según se manifiesta en la denuncia y consta en el testimonial de posesión-, le pertenece a la señora Catalina Roberta Toxcoyoa Elías, quien renta su propiedad como corralón, el cual es administrado y vigilado por sus hijos.
El día en mención, ante los hechos, la dueña del lugar junto con sus hijos se trasladó al referido terreno, donde encontraron que los vehículos que ahí se guardan comenzaron a ser extraídos con grúas bajo las órdenes de un grupo de personas, entre ellas cuatro sujetos que aseguraron ser ministeriales y otro sujeto más que mencionó llamarse Fernando, abogado de profesión. Todos señalaron que estaban dando cumplimiento a una orden de un juez local que ordenó el desalojo de la propiedad.
Aunque la afectada les solicitó que mostraran la orden del juez, según la víctima, los sujetos se negaron a mostrarla y solo a lo lejos mostraron unos papeles que aseguraban eran las escrituras del lugar e incluso el supuesto abogado llamó a tres mujeres que también estaban ahí las cuales alegaron ser las dueñas, entre ellas una mujer que dijo llamarse Laura y la cual, de acuerdo con la denuncia, llamó a la afectada y a sus hijos como unos “pinches campesinos mugrosos”.
Señalan a funcionario del Departamento de Catastro de San Andrés Cholula por apoyar a la otra supuesta dueña
Debido a lo anterior, la afectada decidió llamar al número de emergencias 9-1-1, por lo que policías municipales acudieron al punto y luego de solicitar también la orden del juez, y de que los invasores no pudieran mostrarla, procedieron a su arresto y llevarlos ante la jueza calificadora Elizabeth Cuaya Vázquez, quien después de estar a solas con las mujeres que también se dicen ser dueñas, las dejó en libertad, acusó la señora Catalina.
“Se las llevaron al Complejo de Seguridad Pública en San Andrés Cholula, los detenidos hablaron varios minutos con la jueza, posteriormente ya no quisieron tomar nuestra petición de que fueran puestos a disposición de las autoridades competentes para sancionarlos, solo la jueza dijo no ser competente para su detención y me dijo que debía presentar mi denuncia en C5 para que allá se llevara a cabo la detención, le comenté que fueran trasladados al C5 pero me dijo que ellos se quedaban y que ella ordenaba que no se los llevaran”, narró la que se dijo víctima.
No obstante, al regresar al Complejo de Seguridad en San Andrés Cholula, les dijeron que ya se habían dado a la fuga y aunque la señora Catalina solicitó los datos de identificación de los detenidos, no se los quisieron dar.
Fue así como ya libres, las mujeres que aseveraron que el terreno se los vendió una mujer nombre Reyna, se presentaron de nueva cuenta al día siguiente para insistir en el despojo pero ahora en compañía de un funcionario del Departamento de Catastro de San Andrés Cholula de nombre Calendario Cuaya, el cual habría descubierto el engaño o lo que las mujeres pretendían hacer, por lo que este decidió no continuar con la inspección y retirarse.
Ante la insistencia de las mujeres y el temor de que regresen a intentar despojarla de su propiedad, la señora Catalina interpuso las denuncias correspondientes contra dichas mujeres por el delito de invasión, pero también contra los supuestos agentes ministeriales que se presentaron para tales actos. La agraviada pide la intervención de las autoridades estatales, que las personas acusadas sean investigadas a fondo y que se le brinde protección.
