.jpg "FOTO RODOLFO PEREZ - CERESO 2 (12).jpg")
Juan N, quien fuera jefe de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla en 2005, cuando se ejecutó la orden de aprehensión contra la periodista Lydia Cacho, fue detenido la tarde de ayer en el Estado de México, revelaron fuentes cercanas al caso.
El funcionario público, quien hasta ayer se desempeñaba como comandante en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Ecatepec, Estado de México, es el primer personaje asegurado tras darse a conocer la liberación de nuevas órdenes de aprehensión por el caso de tortura en contra de la también activista, en las que se incluye al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres; al exdirector de la Policía Judicial, Adolfo N y al empresario Kamel N.
El mando policiaco fue aprehendido por personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR).
Fue trasladado a Cancún, Quintana Roo, donde se lleva el proceso judicial dentro de la causa penal 26/2018 en el Juzgado Segundo de Distrito.
De igual forma, se encuentra vinculado a proceso Alejandro N, comandante ministerial detenido el 4 de agosto del año pasado, quien habría participado en la aprehensión de Lydia Cacho.
Asimismo, el único sentenciado en el caso a más de 5 años de cárcel por el delito de tortura, es el excomandante judicial José Montaño, quien fue detenido en octubre de 2017 en la capital poblana.
LIBERAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA MARIO MARÍN
Abuso de autoridad y tortura son los delitos por los que el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo liberó la orden de arresto contra el exgobernador de Puebla, por el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, detenida hace 13 años por difamación y calumnia tras la publicación del libro titulado “Los Demonios del Edén”, en el que hablaba de explotación sexual de menores y en el que involucraba a políticos y empresarios poblanos.
Además del priista, juezas, jueces y agentes ministeriales que intervinieron en el proceso penal contra la activista, estarían siendo investigados, dieron a conocer fuentes cercanas al caso.
Las mismas fuentes revelaron que todo deviene de las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las que se instruye al Estado mexicano, procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas en 2005 contra la periodista Lydia Cacho.
