Efrén N, el expolicía estatal acusado de la muerte de su pareja sentimental, Susana N, quien laboraba como analista en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fue declarado inocente del delito de feminicidio, tras la audiencia llevada a cabo este martes en Casa de Justicia Puebla; la resolución jurídica ha causado indignación en los familiares de la víctima que dejó tres niñas en la orfandad.
Pese a lo anterior, el sujeto aún es procesado por el delito de desaparición de persona, por lo que el juez de la causa le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva necesaria.
La última esperanza de los deudos de encontrar justicia es que en la próxima audiencia programada para enero de 2022, sea encontrado culpable de este último delito.
Como este medio lo dio a conocer en su momento, a un año de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Susana, la familia no había encontrado justicia, incluso acusaron que se había citado en 5 ocasiones a audiencia intermedia, pero fueron suspendidas hasta este martes, en la que esperaban que fuera encontrado culpable Efrén N.
Fuentes cercanas al caso dieron a conocer que para la familia fue un duro golpe escuchar que se declaraba inocente del delito de feminicidio al hombre al que se le culpaba de la privación ilegal de la libertad, tortura y asesinato de Susana, cuyo cadáver fue hallado en una cuneta del Periférico Ecológico, cerca del domicilio del sujeto.
La fuente consultada agregó que el juez de control lo declaró inocente ante la falta de pruebas y los argumentos de no existir el arma homicida, no ubicar el punto del homicidio ni la existencia de testigos.
La defensa legal de la familia de Susana buscará apelar la resolución del juez de control y solicitará ante las autoridades federales que se ordene la reposición del procedimiento legal.
Por el momento, Efrén seguirá preso en el penal de San Miguel y esperará a que en enero sea llamado nuevamente a audiencia ahora por el delito de desaparición de persona.
Los padres de Susana se encuentran indignados ante dicha resolución judicial, pues a un año del crimen aún no obtienen justicia, además de que las tres menores que quedaron en la orfandad no han recibido la pensión prometida por las autoridades gubernamentales.
