Será en enero de 2022 cuando se defienda si las autoridades federales concederán o no su protección a Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), acusado de violencia familiar y contra el cual existiría una orden de aprehensión vigente.
Aunque la audiencia incidental del amparo que tramitó el auditor a través de su abogado, se fijó para la mañana del pasado 24 de diciembre, se determinó que fuera pospuesta para el 5 de enero de 2022 a las 9:35 horas.
Lo anterior obedece a que se detectó un error al momento de señalar la adscripción de una de las jueces contra que la busca ampararse el acusado, por tal motivo, se ordenó corregir o aclarar dicho error.
Ante tal situación, una vez que se subsane el error, se podrá llevar a acabo la audiencia incidental y desahogar los argumentos correspondientes, por medio de los cuales se determinará si se le concede o no el amparo.
Fue el 21 de diciembre cuando salió a la luz pública la supuesta existencia de una orden de aprehensión en contra del auditor del estado, por acusaciones de violencia familiar; al día siguiente, Francisco Romero Serrano, en entrevista para El Sol de Puebla, dijo desconocer tal información y aseguró que se encontraba bien con su familia.
Horas después se supo que el funcionario interpuso un recurso de amparo desde el día 20 de diciembre en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, contra los actos que reclama el Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla, la licenciada Karla Patricia Ambrosio Vargas y otras autoridades.
