El feminicidio de la maestra de educación física, María Elizabeth N, ocurrido el 14 de febrero de 2020, ya cuenta con la atención del gobierno federal; aun así, el paradero de Jorge Ernesto N, exesposo de la víctima y también extrabajador de la Dirección General de Educación Física de Puebla, continúa prófugo de la justicia. A 12 meses del crimen, los deudos siguen pidiendo el apoyo de la sociedad para que en caso de tener información que lleve a la captura del sospechoso, lo hagan saber.
Aglaé N, tía de Eli, como le decían de cariño, contó que luego de que el 21 de noviembre del año pasado, su familia acudiera a Tlaxcalantongo, junta auxiliar del municipio de Xicotepec, donde el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado, Miguel Barbosa, estuvieron presentes, tuvieron un acercamiento por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
Lo anterior, después de haber entregado una carta a AMLO en la que solicitaron su ayuda para la localización y captura del presunto feminicida, pero también, para la creación de un fondo destinado a víctimas indirectas, en este caso, para los hijos de María Elizabeth que quedaron huérfanos y ante ello se encuentran bajo la responsabilidad de sus abuelos maternos, quienes, dicen, la han pasado muy mal.
“Conavim nos contactó y nos dijo que estará pendiente de nuestro caso, sin embargo, a la fecha las investigaciones no arrojan nada sobre el paradero del asesino de mi sobrina, como familia seguimos en la misma exigencia, realmente cuando el responsable sea detenido veremos un avance solo hasta ese momento”, indicó la entrevistada, quien refiere que, ante estos hechos, la Fiscalía de Puebla también se ha acercado más a ellos y con un trato distinto.
Y es que antes de solicitar el apoyo del presidente de la República, personal de la Fiscalía del Estado, acusa, los revictimizó al reprocharles sus declaraciones públicas en las que indicaron que la dependencia no trabajaba en el caso.
“La fiscalía ya tuvo un acercamiento tras la protesta, pero primero nos revictimizaron, nos dijeron que porque nosotros sacamos periodicazos y decíamos que no trabajaban, pero si no vemos resultados, cómo podemos decir que están trabajando, eso les molestó mucho pero no pueden violar las acciones que la familia tome, porque nosotros somos realmente los afectados, somos las víctimas indirectas y seguiremos hablando, pidiendo que se difunda el rostro del asesino de mi sobrina”, explica Aglaé.
Finalmente, la tía de María Elizabeth refiere que hasta nueve meses después, la casa donde vivía su sobrina fue abierta y es así como pudieron sacar las cosas de los hijos de su sobrina, quienes subraya, tienen derecho a una buena salud y educación y es por ellos que también solicitaron la intervención del gobierno federal.
LA AHORCA EN 14 DE FEBRERO
Fue el 14 de febrero de 2020, alrededor de las 16 horas, en un domicilio de la calle Apolinar Garrido de la Unidad Habitacional Magisterial ubicada en la comunidad de San Rafael Tlanalapan, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, cuando María Elizabeth regresaba de trabajar y Jorge Ernesto la esperaba para que le entregara a sus dos hijos menores, ya que al tener la custodia compartida, le tocaba cuidar a sus hijos.
Sin embargo, aquel día, a empujones, el sospechoso habría metido a la víctima hacia su casa, donde tras una discusión, presuntamente tomó un cable y la ahorcó para después llevarse a sus dos hijos a bordo de un automóvil, sin que se supiera más de él ni de los niños.
Al día siguiente se supo sobre la localización de los infantes pero no del sujeto
