Familiares y amigos de Hugo de la Fuente, quien fue sentenciado a 17 años de prisión por los delitos de violación y violación equiparada en agravio de una menor de edad, se manifestaron en el Paseo Bravo y esperaban realizar una marcha hacia el zócalo de la ciudad para exigir la liberación del joven de 27 años de edad, quien, a su decir, es inocente.
Los padres del hombre han denunciado arbitrariedades por parte del juez octavo de lo penal que conoce del caso, por lo que han pedido a las autoridades federales que el expediente sea revisado a profundidad y se resuelva conforme a derecho ya que, aseguran, existen pruebas de que el joven no cometió tales ilícitos.
La defensa legal del acusado aseguró en días recientes a este medio, que en la declaración de la supuesta víctima, hay varias contradicciones pero no solo eso, sino también que los exámenes legistas y psicológicos concluyeron que no hubo ningún tipo de agresión sexual contra la denunciante.
El litigante consideró que la decisión del juez se debió únicamente a la presión social y mediática, más no, a un trabajo o análisis objetivo.
Por su parte la Fiscalía emitió un boletín el pasado 16 de agosto en el que el que señalaba que “obtuvo una sentencia de 17 años de prisión en contra de Hugo de la Fuente Carrera o Cabrera, quien es responsable de los delitos de violación y violación equiparada”.
El comunicado agregó que “la víctima, quien es menor de edad, denunció ante el Ministerio Público que el 15 de septiembre de 2013 acudió con Hugo a un bar ubicado en la avenida Juárez de la capital poblana. Luego de unos minutos, dicho sujeto le colocó en la bebida una sustancia que le provocó la pérdida del conocimiento, posteriormente la subió a un vehículo y la agredió sexualmente”.
“Una vez que el agresor fue detenido, el agente del Ministerio Público continuó con el desahogo de diligencias, mismas que permitieron acreditar el ilícito. Al aportar los datos de prueba pertinentes, la autoridad judicial determinó una sentencia de 17 años de prisión, además, le impuso una multa de 120 días de salario mínimo, así como una reparación del daño moral de 300 días”, finalizó el boletín de prensa.