/ sábado 21 de septiembre de 2019

Exigía 100 mil pesos por caso, presidente del Tribunal de Arbitraje de Puebla

José Luis N. fue enviado al penal de San Miguel en espera de que se resuelva si será o no vinculado a proceso

José Luis N, presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, es acusado de exigir 100 mil pesos por cada asunto que llega a sus manos. En esta ocasión, la víctima fue una abogada a la cual le habría solicitado dicha cantidad, por expediente, para así liberar los cheques de más de 60 trabajadores del Estado despedidos entre 2011 y 2017.

Durante la audiencia celebrada en las últimas horas, en la sala 16 del Centro de Justicia Penal de Puebla y en la cual estuvo presente este medio, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, señaló que la agraviada Jaqueline N., el pasado 3 de septiembre a las 21:30 horas, presentó denuncia en contra del magistrado José Luis, por los delitos de abuso de autoridad y extorsión.

La litigante, según consta en la carpeta de investigación número 465/2019, refiere que ella cuenta con más de 60 casos radicados en el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, de los cuales, la mayoría ya se encuentra en la etapa de ejecución mediante amparos directos e indirectos, es decir, que ya están listos para que les paguen a los denunciantes.

Por lo anterior, el 28 de junio a las 11 horas, Jaqueline junto con su pasante se encontraba en el referido Tribunal con domicilio en la calle 20 Sur, número 902 de la colonia Azcarate.

No obstante, el día 4 de julio de 2019, fecha en la que se cobraría el cheque de uno de los afectados, José Luis N, se acercó a la abogada Jaqueline para preguntarle si deseaba contribuir con donativo o incentivo de 100 mil pesos por cada asunto, ya que así era con todos los litigantes tanto en el Tribunal de Arbitraje como en las Juntas Especiales.

A decir del Ministerio Público, la abogada cuestionó que si ella no accedía a tales peticiones, qué pasaría, a lo cual, José Luis presuntamente respondió amenazándola, diciéndole que si no lo hacía, él podía bloquearla en Finanzas para que no le pagaran, pero además, le aplicarían descuentos de ISR, se perdería su expediente entre otras deducciones.

Pese al amago de José Luis, la litigante se negó a darle dicho dinero, por lo que con posterioridad, notó que el cheque de una de sus clientas llegó con el descuento de 256 mil pesos, sin que se especificara o sustentara tal acción.

Aunque la abogada preguntó a otros trabajadores del Tribunal de Arbitraje sobre dichos descuentos, todos coincidieron en decir que lo checara con “El manitas Ayala”, es decir, con José Luis, quien el pasado 11 de julio, se llevó hacia sus oficina hoy sellada, a Jaqueline, a la cual le dijo que dejara de “lloriquear”, que si ya había pensado mejor las cosas, pues él le podía poner fecha a sus asuntos. Tras verse acorralada, la abogada cedió, y al final, en dos entregas, una de 100 y otra de 50, la litigante acabó por entregarle al funcionario un total de 150 mil pesos.

No obstante, para el detenido, lo anterior no fue suficiente ya que le dijo a la hoy denunciante, que ya le debía 300 mil pesos, ante lo cual, cada ocho días podía darle 50 mil pesos, recordándole que sus asuntos estaban en sus manos.

Fue así como a través de mensajes de WhatsApp, la litigante recibió dos cuentas bancarias a las cuales podía depositar o transferir el dinero de la extorsión, entre ellas, una que a decir de la representación social, aparecía como beneficiaria Raquel N., secretaria general del Tribunal de Arbitraje.

Aunque algunos cheques liberados a favor de los representados de Jaqueline salieron sin deducciones, al final, después de que la mujer no pudiera dar más dinero de su bolsillo, los cheques siguieron llegaron con descuentos, en este caso, un cheque de más de un millón de pesos, reflejó una deducción de 118 mil pesos, lo cual ya no toleró Jaqueline, por lo que esta optó por hablar a solas con el magistrado presiente del Tribunal, pero ahora con la posibilidad de grabarlo.

En este sentido, durante su declaración previa ante el agente del Ministerio Público, la mujer aseguró que el funcionario no solo la amenazó de muerte sino que también le dijo que la verdad, él creyó que lo despedirían con la llegada de la nueva administración por lo que debía aprovechar, además de que él era muy influyente y mucha gente le debía favores, por lo que no le podían hace nada en caso de que ella decidiera acusarlo. Incluso, el detenido la noche del pasado 18 de septiembre, resaltó que él no podía salir manchado ya que nunca firma los acuerdos, siendo otra persona la que los firma.

Por todo lo anterior, a José Luis N, se le imputaron los delitos de abuso de autoridad y extorsión, en agravio de la sociedad así como de Jaqueline. Además de que el juez de la causa le impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, por lo que fue enviado al penal de San Miguel en espera de que en una segunda audiencia se resuelva si será o no vinculado a proceso, ya que el acusado por medio de su equipo de defensa, solicitó duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se resuelva su situación jurídica.


José Luis N, presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, es acusado de exigir 100 mil pesos por cada asunto que llega a sus manos. En esta ocasión, la víctima fue una abogada a la cual le habría solicitado dicha cantidad, por expediente, para así liberar los cheques de más de 60 trabajadores del Estado despedidos entre 2011 y 2017.

Durante la audiencia celebrada en las últimas horas, en la sala 16 del Centro de Justicia Penal de Puebla y en la cual estuvo presente este medio, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, señaló que la agraviada Jaqueline N., el pasado 3 de septiembre a las 21:30 horas, presentó denuncia en contra del magistrado José Luis, por los delitos de abuso de autoridad y extorsión.

La litigante, según consta en la carpeta de investigación número 465/2019, refiere que ella cuenta con más de 60 casos radicados en el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, de los cuales, la mayoría ya se encuentra en la etapa de ejecución mediante amparos directos e indirectos, es decir, que ya están listos para que les paguen a los denunciantes.

Por lo anterior, el 28 de junio a las 11 horas, Jaqueline junto con su pasante se encontraba en el referido Tribunal con domicilio en la calle 20 Sur, número 902 de la colonia Azcarate.

No obstante, el día 4 de julio de 2019, fecha en la que se cobraría el cheque de uno de los afectados, José Luis N, se acercó a la abogada Jaqueline para preguntarle si deseaba contribuir con donativo o incentivo de 100 mil pesos por cada asunto, ya que así era con todos los litigantes tanto en el Tribunal de Arbitraje como en las Juntas Especiales.

A decir del Ministerio Público, la abogada cuestionó que si ella no accedía a tales peticiones, qué pasaría, a lo cual, José Luis presuntamente respondió amenazándola, diciéndole que si no lo hacía, él podía bloquearla en Finanzas para que no le pagaran, pero además, le aplicarían descuentos de ISR, se perdería su expediente entre otras deducciones.

Pese al amago de José Luis, la litigante se negó a darle dicho dinero, por lo que con posterioridad, notó que el cheque de una de sus clientas llegó con el descuento de 256 mil pesos, sin que se especificara o sustentara tal acción.

Aunque la abogada preguntó a otros trabajadores del Tribunal de Arbitraje sobre dichos descuentos, todos coincidieron en decir que lo checara con “El manitas Ayala”, es decir, con José Luis, quien el pasado 11 de julio, se llevó hacia sus oficina hoy sellada, a Jaqueline, a la cual le dijo que dejara de “lloriquear”, que si ya había pensado mejor las cosas, pues él le podía poner fecha a sus asuntos. Tras verse acorralada, la abogada cedió, y al final, en dos entregas, una de 100 y otra de 50, la litigante acabó por entregarle al funcionario un total de 150 mil pesos.

No obstante, para el detenido, lo anterior no fue suficiente ya que le dijo a la hoy denunciante, que ya le debía 300 mil pesos, ante lo cual, cada ocho días podía darle 50 mil pesos, recordándole que sus asuntos estaban en sus manos.

Fue así como a través de mensajes de WhatsApp, la litigante recibió dos cuentas bancarias a las cuales podía depositar o transferir el dinero de la extorsión, entre ellas, una que a decir de la representación social, aparecía como beneficiaria Raquel N., secretaria general del Tribunal de Arbitraje.

Aunque algunos cheques liberados a favor de los representados de Jaqueline salieron sin deducciones, al final, después de que la mujer no pudiera dar más dinero de su bolsillo, los cheques siguieron llegaron con descuentos, en este caso, un cheque de más de un millón de pesos, reflejó una deducción de 118 mil pesos, lo cual ya no toleró Jaqueline, por lo que esta optó por hablar a solas con el magistrado presiente del Tribunal, pero ahora con la posibilidad de grabarlo.

En este sentido, durante su declaración previa ante el agente del Ministerio Público, la mujer aseguró que el funcionario no solo la amenazó de muerte sino que también le dijo que la verdad, él creyó que lo despedirían con la llegada de la nueva administración por lo que debía aprovechar, además de que él era muy influyente y mucha gente le debía favores, por lo que no le podían hace nada en caso de que ella decidiera acusarlo. Incluso, el detenido la noche del pasado 18 de septiembre, resaltó que él no podía salir manchado ya que nunca firma los acuerdos, siendo otra persona la que los firma.

Por todo lo anterior, a José Luis N, se le imputaron los delitos de abuso de autoridad y extorsión, en agravio de la sociedad así como de Jaqueline. Además de que el juez de la causa le impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, por lo que fue enviado al penal de San Miguel en espera de que en una segunda audiencia se resuelva si será o no vinculado a proceso, ya que el acusado por medio de su equipo de defensa, solicitó duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se resuelva su situación jurídica.


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