En libertad, es como ahora pasan su proceso penal el excomisario y excomandante de la policía municipal de Amozoc de Mota, Javier N, y Alfredo N, asegurados en junio de 2018 por delitos cometidos contra la administración de justicia y en otros ramos del poder público; a pesar de que se les relacionó con la emboscada y asesinato de seis policías municipales, al momento las autoridades no han logrado imputarles el delito de homicidio.
Fuentes extraoficiales revelaron que ambos personajes lograron a través de diversos recursos legales interpuestos por sus abogados, una modificación en la medida cautelar de prisión preventiva necesaria que les fue impuesta desde hace tres años.
En el caso de Javier N, fue el 27 de abril de 2021 cuando se ordenó su inmediata libertad tras la modificación de medidas cautelares, mientras que, a Alfredo N, se le concedió la misma medida el 1 de mayo del presente año. Para los dos exmandos, ahora les fue impuesta firma periódica y prohibición de salir no solo del estado sino también del país.
En tanto, este miércoles se fijó la primera audiencia de la etapa intermedia respecto al proceso penal que aún sigue en curso.
La tarde del 15 de junio de 2018, seis policías municipales de Amozoc de Mota fueron alertados de una toma clandestina, así como del robo del combustible en la colonia Signoret. En atención al llamado de auxilio, los oficiales se trasladaron al punto, donde sujetos desconocidos los obligaron a formarse en fila, pero, además, a hincarse; una vez sometidos, los uniformados municipales, cinco hombres y una mujer, fueron asesinados con el tiro de gracia.
Para el 16 de junio de ese mismo año, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Jesús Morales, dio a conocer que, tras las primeras investigaciones, dos personas habían sido detenidas por su probable participación en los hechos, tratándose de Javier y Alfredo N, quienes fueron llevados a audiencia el 18 de junio.
Aquel día, el agente del Ministerio Público sustentó la existencia de denuncias y quejas que días antes del crimen, los oficiales asesinados presentaron ante la Contraloría Municipal, respecto a la presunta protección que sus jefes (Javier y Alfredo) les brindaban a los ladrones de combustible, así como diversas irregularidades.
Con los datos de prueba presentados por la Fiscalía, un juez de control calificó de legal el arresto de los dos exfuncionarios, a quienes en ese instante se les acusó de portación ilegal de arma de fuego, espionaje contra las instituciones de seguridad pública y cohecho. Además de que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, por lo que fueron trasladados al penal de San Miguel.
Para el 23 de junio del mismo año, en la audiencia de vinculación a proceso por los citados cargos, un juez de control ordenó la inmediata libertad de los dos asegurados debido a que la Fiscalía incurrió en diversos errores y contradicciones; a su salida del Centro de Justicia Penal de Puebla, el excomisario y excomandante de la policía de Amozoc fueron reaprehendidos, pero ahora por delitos cometidos contra la administración de justicia y en otros ramos del poder público, además de que la Fiscalía evidenciara la posible vinculación de los exfuncionarios con el haber planeado el asesinato de seis policías a su cargo.
Días después, en una audiencia más, los exmandos fueron vinculados a proceso por estos nuevos cargos y aunque el 25 de octubre de 2018, se repitió la audiencia inicial, ya que los acusados ganaron un amparo, el juez de la causa reafirmó el auto de vinculación a proceso para Javier y Alfredo, quienes hasta hace unos meses seguían en prisión.
