Dilación en los procesos, desorganización en los juzgados del fuero común e incluso violaciones a principios rectores del nuevo sistema de justicia penal, es lo que litigantes se han tenido que enfrentar en el estado de Puebla, desde la llegada de la pandemia originada por la COVID-19.
A la llegada de la emergencia sanitaria, abogados consideran que, en el caso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), faltó organización para evitar retrasos en los procesos legales.
Gerardo García Pérez, abogado y catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dijo en entrevista para este medio, que el principal problema durante la pandemia ha sido que en muchos casos no corrieron todos los términos legales, además de que las fechas para pedir consultas de expedientes demoran hasta 15 días, afectando al agraviado, al imputado o acusado y a las partes que intervienen.
“Actualmente, para ver un expediente hay que sacar cita, te la dan para dentro de 15 días, y antes solo bastaba con subir a los Juzgados, llegar a Oficialía, buscar los expedientes y tomar datos. Ahora no nos autorizan revisar más de tres expedientes al día, y eso es un retraso terrible. Luego vas, te hacen esperar dos horas con todo un conglomerado de colegas abogados y al final, te dicen que el expediente está en firma que no lo puedes ver y te dan otra cita, lo cual es una situación lamentable porque si te dan una cita, es para que en esa fecha, lo tengan disponible para la consulta que se va a realizar”, explicó el especialista en Derecho.
En este sentido, el entrevistado aseguró que otra de las situaciones que se suma, es que las notificaciones son enviadas por correo electrónico y estas a veces no llegan, corren los términos legales y no hay una certeza de que los abogados estén enterados de esas notificaciones que repercuten en los casos de índole penal, civil o mercantil, e incluso consideró que los mecanismos que hay por parte del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, ni siquiera combaten el rezago que de por sí ya hay.
“Sabemos y estamos conscientes que es un tema por el que está atravesando todo el mundo, pero sí es un hecho que los mecanismos que existen, no son suficientes para quitar ese rezago que hay y actualizarnos. Por ejemplo, hay juzgados en los que una semana trabaja una secretaria, a la siguiente otra, uno ya no sabe y no entienden la agilidad que se le debe dar a los procesos. Algo tiene que hacer el Tribunal del Estado para que no se retrasen las cosas y los mecanismos sean más ágiles. Realmente no hay una organización uniforme”, lamentó García Pérez.
El declarante también señaló que ahora, en el tema de las visitas a sus clientes en los Centros de Reinserción Social, deben invertir mucho más tiempo, pues si antes veían a tres clientes en una hora, actualmente con la pandemia no pueden juntar a todos y esto implica que vean a uno, salgan y pidan hablar con otro y debido a los protocolos de seguridad, sanitización y demás, se llevan cerca de mediodía, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde.
Consideró que en el tema de las audiencias no se están respetando principios rectores del nuevo sistema de justicia como es la oralidad, inmediación, publicidad, entre otros; incluso hay cierta desigualdad para los litigantes debido a que solo se permite el ingreso de un abogado sin auxiliar, los cuales son de mucha ayuda y apoyo para los abogados, mientras que en el Tribunal, el juez tiene a su auxiliar, encargado de sala y otras dos personas que apoyan vía remota porque a las salas de oralidad solo van los abogados, el Ministerio Público y el detenido, mientras que el juez resuelve desde su despacho.
“Yo respeto mucho al Tribunal y al presidente, pero creo que han tomado bajo pretexto este tema del COVID, porque pueden implementar otra acciones, por ejemplo, en el tema de la publicidad que es muy importante, hay salas donde hay pantallas y tres o cuatro comunicadores, familiares, o personas interesadas en el caso, pueden ver y escuchar la audiencia, incluso se tendría que verificar cómo está funcionando el Tribunal, porque se están violentando diversos principios. No han podido darle un cauce normal y legal para darle celeridad a los procesos, se está fallando en eso”, dijo el también catedrático.
Finalmente, el abogado sugirió a las autoridades correspondientes adoptar criterios o mecanismos unificados de atención al público con el fin de garantizar la procuración de justicia.