Una novena persona fue detenida por el accidente aéreo en el que murieron cinco personas, entre ellas, Martha Erika Alonso, exgobernadora de Puebla y Rafael Moreno Valle, senador y ex mandatario de la entidad. Este día se determinará la situación jurídica del último aprehendido, mientras que el resto de los asegurados ya tramitaron un amparo para buscar la protección de la justicia federal y así revertir su vinculación a proceso.
Fuentes cercanas al caso aseguraron que se trata de César Rodrigo N, quien está ligado a Servicios Aéreos del Altiplano S.A. de C.V. (SAASA, por su nombre comercial), empresa propietaria del helicóptero Agusta A109 en el que viajaban los hoy occisos el 24 de diciembre de 2018.
Teniendo un amparo que le fue concedido por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal, este jueves el acusado de los delitos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad de declaración dada a una autoridad, fue presentado ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal de San Martín Texmelucan, a efecto de celebrar su audiencia inicial y determinar su situación jurídica.
Las fuentes consultadas indicaron que existen correos donde personal de Rotor Flight Services, la empresa encargada de dar mantenimiento al helicóptero desplomado, dio parte a SAASA sobre discrepancias y fallas de la aeronave e incluso de cotizaciones sobre actuadores nuevos y usados sin que hubiera contestación para cambiar las piezas.
A pesar de lo anterior, siete personas vinculadas a Rotor Flight Services, entre ellos el dueño, están detenidos, y ahora suman dos de SAASA. Todos, según los informantes, ya cuentan con amparos que aún no se han desahogado debido a que no se han fijado fecha para audiencia.
Es de recordar que Rafael N, director de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano S.A. de C.V., fue el octavo detenido y vinculado a proceso por los cargos ya citados. Previamente, en febrero se concretó el arresto de José Alonso N e Iris Cristina N, empleados de la firma Rotor Flight Services, mientras que entre diciembre de 2020 y enero del presente año, las autoridades ministeriales aprehendieron a José Antonio N, propietario de la última empresa en mención, así como Ricardo N, María Magdalena N, Israel N, y Miguel N, también empleados de dicho taller de mantenimiento.
