En el primer día del juicio oral para resolver si serán condenados o liberados los detenidos por el asesinato de tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber, la familia de los jóvenes colombianos y uno de Veracruz, confesaron sentir rabia frente a los homicidas de sus hijos, en tanto, la abogada de uno de los acusados intentó sensibilizar al grupo de jueces que llevan el asunto, manifestando que su cliente estaba detenido solo por presión social.
A bordo de una camioneta y acompañados de su asesor legal, este 25 de febrero por la mañana, los padres de Ximena de 25 años, José Antonio de 22 (originarios de Colombia), así como de Francisco Javier de 22 años, joven originario de Veracruz, llegaron al Centro de Justicia Penal de Puebla en la avenida 11 Sur.
Después de dos horas de espera, los deudos u ofendidos, ingresaron a la sala de oralidad número 2, donde un Tribunal de Enjuiciamiento conformado por tres jueces dio por iniciada la etapa del juicio oral.
En el desarrollo del acto jurídico, los representantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dieron a conocer que de todas sus pruebas, este viernes solo presentarían un testimonio, mientras que la defensa particular y de oficio de los acusados Ángel de 23, Pablo Jesús de 43 años de edad, y Lisset de 22, señalaron contar con cuatro testimonios.
A la par, el agente del Ministerio Público recalcó que el retraso del proceso se debió a la situación sanitaria de Covid19, y a cuestiones de los defensores de los detenidos.
En su exposición, el representante de la Fiscalía de Puebla comenzó con la frase “de un rato de diversión al momento en el que le quitaron la vida”, partiendo de lo anterior, el agente del Ministerio Público expuso de manera general y precisa toda la tragedia ocurrida desde la noche del 23 de febrero de 2020 hasta la mañana del 24 cuando fueron localizados los cuerpos sin vida del estudiante de la Buap y los dos jóvenes de intercambio en la Upaep.
Tras la exposición del caso, el fiscal (MP) encargado del caso enunció todas las pruebas con las que cuenta la Fiscalía del Estado, desde el análisis de videos de cámaras de seguridad, información de llamadas y de lo contenido en el chip de dos teléfonos celulares, cuestiones de geolocalización, periciales, estudios sicológicos de las víctimas, estudios sociales realizados a los ofendidos, perfiles de los acusados, la exhibición de los gastos de la Unidad de Atención a Víctimas para apoyo a la familia de chofer de Uber, así como los testimonios de los padres de las víctimas al igual que de especialistas como de agentes que han participado en el proceso.
En tanto, del asesor legal de las familias de los estudiantes se escuchó la frase “más claro que el agua. No habrá duda de la responsabilidad de los acusados”, al reiterar que se cuentan con todos los elementos para probar la responsabilidad de los señalados, mientras que la asesora jurídica de la familia del chofer de Uber, Josué Emmanuel, reforzó con la frase “su juventud les fue arrebatada”, para así unirse a la petición de justicia.
Sin embargo, cuando llegó la intervención de los abogados de los detenidos, la defensora particular de Ángel apeló al derecho de la presunción de inocencia de su cliente y solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento resolver con objetividad sin dejarse llevar por la presión social.
“Señalamiento de un inocente por presión social, una teoría del así que no se ha podido acreditar.No son cuatro sino cinco las víctimas, porque la prisión preventiva también daña a una familia que perdió a un padre, hijo y esposo. Se trata de alguien que estuvo en el lugar y momento equivocado; no hay prueba alguna de que Ángel haya participado porque se encontraba en otro lado. Es una investigación a prisa e inoperante donde cabe la duda razonable”, expuso la litigante ante el órgano de justicia.
A la par, la defensora pública de Pablo de Jesús y Lisset, aseguró que se comprobaría la existencia de un crimen pero la inocencia de sus defendidos.
Fue así como después de escuchar la participación de ambas partes, uno de los tres jueces presentes permitió que el agente del Ministerio Público presentara a su primer testigo, en este caso a Cindy, hermana de Francisco Javier, quien tras un momento de quebranto ante los hechos, recordó que ella se encostaba trabajando en Veracruz cuando una amiga de su hermano le notificó en primera instancia sobre la no localización de Javier y los dos jóvenes colombianos.
Más tarde, dijo, otro amigo de Javi, cómo le decían de cariño, le confirmó la fatal noticia, el hallazgo del cuerpo de su hermano y los otros dos estudiantes así como del conductor de la plataforma Uber.
Pese a la llamada de atención que el Tribunal hizo a la abogada del detenido Ángel, debido a que en dos momentos fue notorio su desconocimiento en técnicas de litigación, el testimonio de Cindy finalizó para concluir con la primera audiencia del juicio oral, estableciéndose jornadas de presentación de pruebas, por semana.
Previo a dar por terminada la jornada del juicio, el agente del Ministerio Público solicitó a los jueces que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa prevaleciera contra los asegurados, por todo el tiempo que dure el juicio.
Lo anterior debido a que el próximo 27 de febrero caducan los dos años que la ley marca, un detenido no puede estar encarcelado sin contar con una sentencia.
Considerando el delito, el riesgo de fuga y que se debe garantizar la presencia de los imputados en el juicio, el Tribunal accedió a la petición y ordenó que permanecieran en el penal de San Miguel hasta que finalice el proceso y se resuelva su situación jurídica.
Además se ordenó informar de lo acontecido al cónsul de Colombia en México, quien ha brindado asesoría a sus connacionales.
Ya fuera de Casa de Justicia, los padres de los jóvenes colombianos confesaron lo impactante que fue ver de cerca a los asesinos de sus hijos, no obstante, en ellos prevaleció el sentimiento de esperanza para que se haga justicia.
“A mí me impactó ver a los asesinos de mi hijo, sentados ahí tan cerca, muchos sentimientos encontrados, ansiedad, angustia, rabia, pero también en medio de todo, tranquilidad y esperanza para que se haga justicia”, reveló Angélica, madre de José Antonio o Coty.
Finalmente, el asesor victimal, Ricardo Fernández Fuentes consideró que en esta audiencia hubo un avance favorable y recalcó que será en un mes o mes y medio cuando se tenga un fallo condenatorio o absolutorio para los detenidos.
