Un juez de control le negó el arraigo domiciliario a Ricardo N, uno de los detenidos por la caída del helicóptero en el que viajaban Martha Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, debido a que, a su consideración, existe riesgo de fuga, lo cual, a decir del padre del detenido, en realidad se trata de un abuso y arbitrariedad por parte del juez ya que las personas a las que anteriormente se les permitió pasar su proceso en libertad, cuentan con mayores recursos económicos e incluso no comprobaron vivir en ninguno de los domicilios que presentaron.
En entrevista para El Sol de Puebla, Moisés N, padre del detenido recordó que a finales de noviembre de 2021, el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo Penal otorgó su protección a su hijo Ricardo N., ya que no solo ordenó excluir del proceso penal el delito de falsedad de declaraciones e informes dados ante una autoridad, sino también, dejar insubsistente la prisión preventiva necesaria impuesta al acusado.
Lo anterior era la antesala para conseguir la libertad de Ricardo, técnico en aeronáutica, pues la prisión preventiva cambiaría por arresto domiciliario; sin embargo, quince días después de conocer la resolución del juez federal, el agente del Ministerio Público interpuso un recuso de revisión.
Dicha revisión tardó en resolverse cinco meses y fue un tribunal colegiado el que ratificó la decisión de proteger al detenido; en cumplimiento al mandato federal, el juez que conoció del caso celebró una audiencia el 2 de febrero del presente año sin embargo fue pospuesta para el 4 del mismo mes debido a que al agente del Ministerio Público se le concedieron 48 horas para disponerse de las pruebas y documentación que la defensa del detenido le ofreció.
INCUMPLE JUEZ POBLANO RESOLUCIÓN DE UN JUEZ FEDERAL
Ahí, después de tres horas de diligencias, el juez de control decidió negarle a Ricardo el cambio de medida cautelar bajo el argumento de que no contaba con arraigo domiciliario, lo anterior a pesar de que el juez federal ordenó que el juez local ya no debía argumentar eso mismo.
“Se le presentó al juez contrato laboral, contrato de arrendatario, entrevistas del trabajo y de quien le renta la casa; el 4 de febrero a las 12 horas, después de tres horas en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, no se pudo, el juez dijo que debía seguir en prisión preventiva. Cubrimos cada uno de los puntos y el juez salió con que no podía cambiar las medidas cautelares porque no está casado y solo vive en concubinato, además de que no tiene casa propia”, explicó el entrevistado.
En este sentido el padre de Ricardo señaló que para él y su familia es una situación arbitraria por lo que interpondrán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también a nivel internacional, pues reiteró que desde que el proceso legal inició ha sido un total abuso y ahora incluso el representante de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) los puso ante el juez como si hubieran querido engañarlo haciéndole creer que Ricardo vive donde renta cuando no es su propiedad.
“De la unidad de medidas cautelares fueron a verificar el domicilio donde renta mi hijo, verificaron que trabaja 15 días en Puebla y 15 días en Chihuahua. El juez argumenta que se están presentando los mismo documentos de siempre pero cómo vamos a decir cosas que no son, al rato si compramos una casa para que sea de su propiedad de Ricardo, al rato el Ministerio Público es capaz de decir: ‘vemos con qué facilidad cambia de domicilio y entonces no es viable que se cambie la medida cautelar’. Los otro acusados que quedaron en libertad, son del mismo gremio de la aviación y son amigos todos ellos pero tienen otro poder adquisitivo y ellos no se han evadido”, narró el declarante.
RECURRIRÁN A UN SEGUNDO AMPARO
Ante este panorama, en un término de 15 días, analizarán lo que más les conviene pues cuentan con un segundo amparo que les fue otorgado también por el Juez Quinto de lo Penal en Materia de Amparo, y por el cual, la Fiscalía de Puebla a través del agente del Ministerio Público interpuso una revisión que se turnó a un tribunal colegiado y el cual resolverá en el mes de marzo.
Para evitar más retrasos en el proceso, incluso el señor Moisés admitió que podrían recurrir a esperar si su hijo podría ser beneficiado con el programa de preliberaciones de las personas que llevan más de dos años en prisión sin contar con una sentencia, pues su hijo ya lleva encarcelado un año y dos meses.
Moisés hace un llamado a la Fiscalía de Puebla, al gobierno del estado y al Tribunal Superior de Justicia para que ya no exista “línea”, permitan a su hijo Ricardo defender conforme a derecho.
“Ya no nos cabe duda que el gobierno está detrás de esto, yo sé exactamente quién está detrás pero no lo voy a decir, no por miedo sino porque vaya a perjudicar el proceso de mi hijo, yo le pido a las autoridades que nos dejen llevar el proceso conforme a derecho que ya no les ponga línea. Si las autoridades quieren encontrar un culpable, que investiguen bien porque sí lo hay pero que investiguen bien; para el gobierno federal la investigación ya estaba cerrada por una falla técnica pero después la FGE atrajo el caso. Los culpables están en otro lado”, sentenció el padre de Ricardo, uno de los nueve investigados por los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018.
