Una menor fue violada en 2011 por siete hombres, pese a que se levantó una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la fecha que las autoridades poblanas no han enjuiciado a los culpables y la carpeta de investigación “está estancada”, acusó la madre de la víctima.
Actualmente, María Cristina N, progenitora de la joven, tiene fe en que la nueva administración estatal la va a apoyar; lo único que busca es justicia para su hija y seguridad para su familia, ya que, al día de hoy, la siguen amenazando para que deje la denuncia que comenzó desde hace 8 años.
Los hechos ocurrieron el 17 de junio del 2011 en el fraccionamiento La Calera. Ese día, la señora María Cristina y su esposo, Francisco N, trabajaron hasta tarde y dejaron a sus hijos al cuidado de su trabajadora doméstica. Al filo de media noche, siete hombres entraron a la casa para robar el inmueble, pero aprovecharon para golpear y abusar sexualmente de la entonces menor de edad.
En entrevista con El Sol de Puebla, María compartió que el exfiscal Víctor Carrancá nunca quiso atenderla, y que durante el tiempo que estuvo al frente de la dependencia no detuvo a ni uno solo de los atacantes, a pesar de que su hija identificó a uno de los violadores de nombre Roberto N, quien al parecer era el líder del grupo delictivo.
En ese entonces, recibió apoyo de varios diputados y figuras públicas, pero nunca vio avances en la investigación. “Fue una tragedia terrible, estoy hablando del 2011, la noche del 17 de junio; siete sujetos entraron a mi casa y lastimaron a mi hija menor que entonces sólo tenía 15 años. Se llevaron documentos valiosos, muchos muebles, pero la tragedia real fue la agresión sexual hacia mi niña. En su momento levantamos la denuncia, pero por desgracia, no nos hicieron justicia porque mi hija reconoció a uno de los sujetos que era el jefe de una banda delictiva, lo detuvieron y días después lo dejaron libre, lo que nos hizo pensar que contaba con protección de las mismas autoridades”, compartió.
Debido a que las autoridades locales no les dieron “esperanzas” tuvieron que contratar a un investigador privado, el cual, les brindó información de la relación que tenía uno de los violadores de su hija con las autoridades que llevaban el caso; y al ver que eran personas “con poder” empezaron a solicitar el apoyo de organismos internacionales.
Para el 2015, un grupo de personas entraron al hospital en donde trabajaba su esposo, y le dijeron que lo iban a asesinar por “seguir con lo mismo”, lo que le provocó un ataque cardiaco y falleció.
Por todo lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Congreso de la Unión y el Vaticano retomaron su caso, pero todos los organismos llegaron a una misma conclusión: podrían apoyar a su familia con refugio y hacer recomendaciones al Gobierno de Puebla, pero no hacer que las autoridades enjuiciaran a los delincuentes.
“Varias organizaciones internacionales llevan mi caso, porque necesito protegerme y conservar la vida de ms hijos. Ahora espero que haya ayuda del próximo gobernador, ya que he tocado todas las puertas y nadie puede garantizarnos seguridad en mi estado, en mi país o en mi propia casa. Me sugieren que me vaya, pero para eso se necesita dinero, el cual no tengo, en nuestro país parece que tiene justicia el que tiene poder económico o quien tiene puestos importantes”, dijo.
Este proceso tan desgastante en su vida, ha hecho que pierda amigos y hasta familiares, pues le han dicho que deje que se congele el caso, pero ella y su hija creen que debe de haber un culpable por lo ocurrido.
Su hija sigue con miedo, a pesar de que ha recibido ayuda, el recuerdo de esa noche es constante; pero al mismo tiempo, María Cristina la califica como una mujer valiente, ya que le ha dicho que seguirá en la búsqueda de justicia y que no permitirá “que la vuelvan a tocar”.
