/ jueves 20 de septiembre de 2018

Por determinar situación jurídica de detenidos por desaparición de defensor

Hasta el momento se desconoce la ubicación de la víctima

La situación jurídica de los tres detenidos por la desaparición de un defensor ambientalista en San Pablo Zoquitlán, se definirá el 24 de septiembre, luego de que la defensa de los indiciados solicitara la ampliación del término constitucional para que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra los imputados.

Lo anterior, con base en lo informado este jueves durante la rueda de prensa correspondiente al Gabinete de Seguridad, la cual estuvo presidida por Diódoro Carrasco Altamirano, secretario general de Gobierno, Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública del Estado y Gilberto Higuera Bernal, el recién nombrado fiscal general de Puebla.

Al respecto, Higuera Bernal indicó que hasta este jueves, Sergio Rivera Hernández continuaba sin ser localizado por lo que las investigaciones para su búsqueda seguían vigentes.

De igual forma, Higuera Bernal aseguró que será la próxima semana cuando un juez local determine el estatus legal de los tres imputados, ya que en una primera audiencia (control de detención), el abogado de Victorino N., Antonio N., y Rogelio N. solicitó la ampliación del término constitucional para que se resuelva el auto de vinculación o no, a proceso contra los hoy asegurados.

En tanto, la esposa de la víctima está siendo atendida por la FGE y además ha otorgado protección a posibles testigos de los hechos.

Respecto a la desaparición de Sergio Rivera Hernández, como El Sol de Puebla lo informó, este activista, miembro de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), fue visto por última vez el 23 de agosto del presente año, en la comunidad de Coyolapa.

Allí, según las primeras versiones, era perseguido por un hombre a bordo de una camioneta; desde entonces no se sabe más de él, aunque la motocicleta en la que viajaba, fue localizada cerca del sitio. Miembros de dicha organización, en los últimos días, han exigido a las autoridades la localización de su compañero, quien a decir de otros activistas del medio ambiente, es un opositor a la construcción de una hidroeléctrica.

La situación jurídica de los tres detenidos por la desaparición de un defensor ambientalista en San Pablo Zoquitlán, se definirá el 24 de septiembre, luego de que la defensa de los indiciados solicitara la ampliación del término constitucional para que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra los imputados.

Lo anterior, con base en lo informado este jueves durante la rueda de prensa correspondiente al Gabinete de Seguridad, la cual estuvo presidida por Diódoro Carrasco Altamirano, secretario general de Gobierno, Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública del Estado y Gilberto Higuera Bernal, el recién nombrado fiscal general de Puebla.

Al respecto, Higuera Bernal indicó que hasta este jueves, Sergio Rivera Hernández continuaba sin ser localizado por lo que las investigaciones para su búsqueda seguían vigentes.

De igual forma, Higuera Bernal aseguró que será la próxima semana cuando un juez local determine el estatus legal de los tres imputados, ya que en una primera audiencia (control de detención), el abogado de Victorino N., Antonio N., y Rogelio N. solicitó la ampliación del término constitucional para que se resuelva el auto de vinculación o no, a proceso contra los hoy asegurados.

En tanto, la esposa de la víctima está siendo atendida por la FGE y además ha otorgado protección a posibles testigos de los hechos.

Respecto a la desaparición de Sergio Rivera Hernández, como El Sol de Puebla lo informó, este activista, miembro de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), fue visto por última vez el 23 de agosto del presente año, en la comunidad de Coyolapa.

Allí, según las primeras versiones, era perseguido por un hombre a bordo de una camioneta; desde entonces no se sabe más de él, aunque la motocicleta en la que viajaba, fue localizada cerca del sitio. Miembros de dicha organización, en los últimos días, han exigido a las autoridades la localización de su compañero, quien a decir de otros activistas del medio ambiente, es un opositor a la construcción de una hidroeléctrica.

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