Eukid Castañón Herrera, el principal operador político durante la administración de Rafael Moreno Valle, ayer fue sometido a una prueba de saliva por el laboratorio estatal de salud, ya que existe el temor de que pudiera estar infectado del virus COVID19, lo cual no solo ha generado preocupación en su familia sino también al interior del penal de San Miguel, donde está recluido luego de que fuera arrestado y vinculado a proceso por el delito de extorsión.
Fuentes al interior del Cereso estatal revelaron a El Sol de Puebla que el personaje político, desde el día martes comenzó a presentar diversos malestares como fiebre, tos y un resfriado fuerte, hecho ante el cual incluso a la familia de Eukid le solicitaron cinco recetas entre el día martes y ayer, generando una fuerte preocupación en la familia del detenido.
Ante la sospecha de que Castañón Herrera pudiera haber contraído Coronavirus, tres veces fue cambiado de dormitorio, sin embargo, ayer, las autoridades penitenciarias decidieron aislarlo sin que ningún familiar pueda verlo, además de que solicitaron la intervención del laboratorio estatal de salud para que se aplicara una prueba de saliva para así confirmar o descartar las sospechas.
Este escenario también despertó incertidumbre y preocupación entre el personal del Cereso y los internos ya que a decir de las fuentes consultadas, hay sospechas de que tres reclusos más pudieran estar infectados de este virus.
Aunque trascendió que un día antes de su arresto el acusado había regresado del extranjero, las fuentes indicaron que el político sí hizo un viaje a Estados Unidos aunque no fue reciente.
Cabe recordar Eukid Castañón fue detenido la noche del pasado 18 de marzo en su domicilio al interior del Residencial Cuarzo en San Andrés Cholula, luego de que la Fiscalía de Puebla cumplimentara una orden de arresto en su contra por el delito de extorsión.
Luego de ser aprehendido fue llevado a las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad C5, para posteriormente, ya por la madrugada del 19 de marzo, ser trasladado al Centro de Justicia Penal de Puebla, donde ese mismo día, a puerta cerrada, debido a las medidas sanitarias por la pandemia del COVID19, se llevó a cabo la audiencia inicial.
Después de más de ocho horas, al político se le imputó el delito de extorsión, además de que se le vinculó a proceso por la misma acusación. Una vez que el agente del Ministerio Público argumentó que el asegurado representaba un riesgo para testigos en el caso, el juez de la causa le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ordenando que fuera recluido en el penal de San Miguel hasta que se determine su situación jurídica; desde entonces se encuentra en el referido centro penitenciario.
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