/ viernes 8 de abril de 2022

Rechazan familiares acusaciones contra abuelo y padre por presunto abuso sexual

La declarante aseveró que tanto el abuelo y padre de la menor al igual que toda la familia paterna, piden que se investigue a fondo la verdad de los hechos

La familia de Jaime N e Iván N, abuelo y padre acusados de abuso sexual en agravio de una menor que es nieta e hija, respectivamente, de los varones, manifestaron su preocupación en el asunto y rechazaron las acusaciones que en los últimos meses se han dado a conocer por parte de la madre y abuela materna de la pequeña.

En primera instancia, en entrevista para El Sol de Puebla, una familiar de los acusados que incluso acudió acompañada de su abogada, refirió la preocupación que su familia en lo general tiene por la salud de la menor que es señalada como víctima, incluso solicitó “que se anteponga el bienestar de la menor sobre intereses particulares”.

Al respecto, la declarante aseveró que tanto el abuelo y padre de la menor al igual que toda la familia paterna, piden que se investigue a fondo la verdad de los hechos, pues “buscan que se proteja la salud e integridad de la menor que al parecer sufrió algún tipo de abuso, mientras se encontraba bajo el resguardo, pero de su madre, abuela y toda la familia materna”, refutó la entrevistada.

La familiar de los acusados indicó que en la carpeta de investigación consta cómo las señoras Rubí y Patricia, tras supuestas manifestaciones de la menor, la llevaron a realizarse un examen médico en un laboratorio particular, arrojando que no había nada que sugiriera una violación o agresión sexual durante el tiempo que la pequeña estuvo a resguardo de la familia paterna.

Tiempo después, ya cuando la menor estuvo bajo la custodia de la familia materna, el examen practicado por la Fiscalía de Puebla, indicó la aparición de una lesión interna en el cuerpo de la menor de edad, no obstante, se menciona que la lesión es “antigua” sin poderse determinar su origen.

No obstante, debido a que hay inconsistencias en las fechas del descubrimiento de la lesión, lo cual está asentado en la carpeta de investigación, se presume que sí hubo una agresión, pero no durante la custodia del papá, el cual, refiere la entrevistada, dejó de ver a su hija desde el mes de mayo.

“En audiencia con el juez de control se hizo énfasis en que la versión de la madre de la niña dice que la violación ocurrió entre el 26 de abril y 8 de mayo de 2019, pero las pruebas que hay en la investigación revelan que la niña el día primero de junio del mismo año fue revisada, incluso con análisis de laboratorio, por una especialista a petición y en presencia de la madre y abuela, y se dictaminó que no tenía ninguna lesión física, interna o externa que demostrara que había sido violentada sexualmente, y que fue hasta el día 15 de junio del mismo año cuando al ser revisada físicamente por una médico de la Fiscalía, esta no encontró ningún tipo de lesión ni cicatriz externa en el cuerpo de la menor, solo una lesión interna que posiblemente es producto de una violación. Estas pruebas junto con las declaraciones de la señora Rubí y sus testigos fueron las que el juez tomó en cuenta para ordenar la libertad de Iván y de Jaime”, explicó la declarante.

La entrevistada destacó que el juez incluso ordenó al agente del Ministerio Público que siguiera investigando para averiguar el origen de la lesión que tenía la menor y la identidad del probable responsable, y esta resolución, a su consideración, fue la que provocó que la abuela y la madre de la pequeña iniciaran una campaña a través de diversas vías para señalar y acusar sin fundamento incluso al juez de la causa.

La familiar de los acusados señaló qué tal conducta de madre y abuela de la menor es la que más preocupa porque “en lugar de haber colaborado con las instituciones y autoridades para que se investigue a fondo la verdad, han encaminado sus esfuerzos a atacar y señalar públicamente y judicialmente a los señores Iván y Jaime, logrando que un juez federal ordene iniciar de nueva cuenta el procedimiento solamente contra ellos”, puntualizó.

La declarante solo pide considerar todas las inconsistencias en el caso, pues incluso señaló que han sido amenazados y temen por su integridad; aclararon que será este viernes cuando se dé cumplimiento a lo ordenado por un juez y se determine el rumbo de la investigación así como el estatus de los acusados.

En 2021, el padre de la niña la llevó a su casa

En junio de 2021, Patricia, abuela de la menor, explicó que en abril de ese año el padre de la niña la llevó a su casa, ya que tenía una custodia compartida con la madre.

Presuntamente, durante una de esas visitas, la menor habría sido abusada sexualmente por su abuelo Jaime, quien a su vez habría sido encubierto por el padre de la menor, ya que este negó las acusaciones cuando la menor le contó el abuso a su madre.

Rubí Matilde, mamá de la niña, emprendió la batalla legal para acreditar el delito contra su hija, mismo que fue valorado inicialmente por un médico particular y posteriormente por un médico legista de la Fiscalía General del Estado (FGE).

A pesar de que existía un dictamen médico desde junio de 2019, hasta febrero de 2021, la niña pudo confirmar lo que había ocurrido a través del uso de muñecos lúdicos y con la vigilancia de una psicóloga especializada de la FGE; sin embargo, el juez que conoció del caso, lo dio por falso y dictó auto no de vinculación a proceso y ordenó liberar a los acusados.

La familia de Jaime N e Iván N, abuelo y padre acusados de abuso sexual en agravio de una menor que es nieta e hija, respectivamente, de los varones, manifestaron su preocupación en el asunto y rechazaron las acusaciones que en los últimos meses se han dado a conocer por parte de la madre y abuela materna de la pequeña.

En primera instancia, en entrevista para El Sol de Puebla, una familiar de los acusados que incluso acudió acompañada de su abogada, refirió la preocupación que su familia en lo general tiene por la salud de la menor que es señalada como víctima, incluso solicitó “que se anteponga el bienestar de la menor sobre intereses particulares”.

Al respecto, la declarante aseveró que tanto el abuelo y padre de la menor al igual que toda la familia paterna, piden que se investigue a fondo la verdad de los hechos, pues “buscan que se proteja la salud e integridad de la menor que al parecer sufrió algún tipo de abuso, mientras se encontraba bajo el resguardo, pero de su madre, abuela y toda la familia materna”, refutó la entrevistada.

La familiar de los acusados indicó que en la carpeta de investigación consta cómo las señoras Rubí y Patricia, tras supuestas manifestaciones de la menor, la llevaron a realizarse un examen médico en un laboratorio particular, arrojando que no había nada que sugiriera una violación o agresión sexual durante el tiempo que la pequeña estuvo a resguardo de la familia paterna.

Tiempo después, ya cuando la menor estuvo bajo la custodia de la familia materna, el examen practicado por la Fiscalía de Puebla, indicó la aparición de una lesión interna en el cuerpo de la menor de edad, no obstante, se menciona que la lesión es “antigua” sin poderse determinar su origen.

No obstante, debido a que hay inconsistencias en las fechas del descubrimiento de la lesión, lo cual está asentado en la carpeta de investigación, se presume que sí hubo una agresión, pero no durante la custodia del papá, el cual, refiere la entrevistada, dejó de ver a su hija desde el mes de mayo.

“En audiencia con el juez de control se hizo énfasis en que la versión de la madre de la niña dice que la violación ocurrió entre el 26 de abril y 8 de mayo de 2019, pero las pruebas que hay en la investigación revelan que la niña el día primero de junio del mismo año fue revisada, incluso con análisis de laboratorio, por una especialista a petición y en presencia de la madre y abuela, y se dictaminó que no tenía ninguna lesión física, interna o externa que demostrara que había sido violentada sexualmente, y que fue hasta el día 15 de junio del mismo año cuando al ser revisada físicamente por una médico de la Fiscalía, esta no encontró ningún tipo de lesión ni cicatriz externa en el cuerpo de la menor, solo una lesión interna que posiblemente es producto de una violación. Estas pruebas junto con las declaraciones de la señora Rubí y sus testigos fueron las que el juez tomó en cuenta para ordenar la libertad de Iván y de Jaime”, explicó la declarante.

La entrevistada destacó que el juez incluso ordenó al agente del Ministerio Público que siguiera investigando para averiguar el origen de la lesión que tenía la menor y la identidad del probable responsable, y esta resolución, a su consideración, fue la que provocó que la abuela y la madre de la pequeña iniciaran una campaña a través de diversas vías para señalar y acusar sin fundamento incluso al juez de la causa.

La familiar de los acusados señaló qué tal conducta de madre y abuela de la menor es la que más preocupa porque “en lugar de haber colaborado con las instituciones y autoridades para que se investigue a fondo la verdad, han encaminado sus esfuerzos a atacar y señalar públicamente y judicialmente a los señores Iván y Jaime, logrando que un juez federal ordene iniciar de nueva cuenta el procedimiento solamente contra ellos”, puntualizó.

La declarante solo pide considerar todas las inconsistencias en el caso, pues incluso señaló que han sido amenazados y temen por su integridad; aclararon que será este viernes cuando se dé cumplimiento a lo ordenado por un juez y se determine el rumbo de la investigación así como el estatus de los acusados.

En 2021, el padre de la niña la llevó a su casa

En junio de 2021, Patricia, abuela de la menor, explicó que en abril de ese año el padre de la niña la llevó a su casa, ya que tenía una custodia compartida con la madre.

Presuntamente, durante una de esas visitas, la menor habría sido abusada sexualmente por su abuelo Jaime, quien a su vez habría sido encubierto por el padre de la menor, ya que este negó las acusaciones cuando la menor le contó el abuso a su madre.

Rubí Matilde, mamá de la niña, emprendió la batalla legal para acreditar el delito contra su hija, mismo que fue valorado inicialmente por un médico particular y posteriormente por un médico legista de la Fiscalía General del Estado (FGE).

A pesar de que existía un dictamen médico desde junio de 2019, hasta febrero de 2021, la niña pudo confirmar lo que había ocurrido a través del uso de muñecos lúdicos y con la vigilancia de una psicóloga especializada de la FGE; sin embargo, el juez que conoció del caso, lo dio por falso y dictó auto no de vinculación a proceso y ordenó liberar a los acusados.

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