/ jueves 10 de junio de 2021

Ricardo era supervisor y notificó falla en piezas, le imputan ilegalmente muerte de los Moreno Valle

La familia del acusado solicita que el proceso legal sea atraído por un juez federal

Previo al accidente aéreo de 2018, en el que murieron Martha Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y tres personas, los dueños del helicóptero siniestrado recibieron un informe en el que se requería el cambio de unas piezas con valor a los 40 mil dólares, acusó el padre de Ricardo N, uno de los 9 detenidos por este caso, y que, junto con familiares y amigos, este jueves pidieron que el proceso sea atraído por un juez federal.

Frente a los juzgados federales instalados sobre el Camino al Batán, a unos metros del Cereso de San Miguel, cerca de 15 personas, entre ellas familiares y amigos de Ricardo N, se manifestaron con cartulinas y pancartas, a fin de exhibir diversas irregularidades en el proceso penal que existe en contra del asegurado, y pedir, además, especial atención por parte de las autoridades federales en el caso.

“Mi hijo se desempeñaba en el puesto de supervisor, en la empresa Rotor Flight Services, la cual era la encargada de dar mantenimiento al helicóptero siniestrado, él supervisaba el trabajo del mecánico. Hay un antecedente de que el operador informó al personal del taller sobre la falla y cotización de unas piezas nuevas o usadas, este le dijo a mi hijo quien a su vez notificó a su jefe, el cual también hizo saber la situación al dueño del taller, y este finalmente dio parte a los dueños del helicóptero. Consta en papeles asentados en la carpeta de investigación”, explicó Moisés, padre del asegurado.

El declarante en este sentido aseveró que dichas piezas, que incluso serían la posible causa del accidente, nuevas y usadas, se cotizaron y valían 40 mil dólares, pero nadie hizo caso.

“Se les dijo que se necesitaba que al helicóptero lo bajaran 3 o 5 días a tierra, y los operadores dijeron que no era posible porque la agenda del Senador Rafael Moreno Valle estaba hasta el tope y no podía pararse la aeronave, y dijeron que sí podían volar porque la única función de las piezas era controlar el piloto automático y sin piloto automático, el helicóptero volaba sin complicación, entonces también, no es la causa del accidente”, narró el entrevistado.

Además de lo anterior, acusó que tres de los nueve detenidos lograron pasar su proceso en libertad con el pago de una fianza de 10 mil pesos, mientras que a los demás, incluyendo a Ricardo, no se les permitió lo mismo, por el contrario, se les impuso prisión preventiva, cuando los delitos que enfrentan, permiten otra medida cautelar como firma periódica, arraigo domiciliario, entre otras.

“Mi hijo es una persona honrada, honesta y dedicada a su trabajo, su único delito y error, es trabajar, en este caso, con gente deshonrada, porque los dueños del helicóptero se lavaron las manos, sus socios también están vinculados a proceso se presentaron a audiencias, el juez les dijo que pagaran una garantía de 10 mil pesos y firma periódica cada mes y a los demás les aplicó todo el rigor. Ya estamos cansados de que el caso lo tenga el gobierno estatal, el fuero común. No avanzamos, son 6 personas, entre ellas mi hijo, que están privadas de la libertad injustamente”, sentenció el padre de Ricardo.

Moisés agregó que la justificación del juez de control para imponer prisión preventiva a Ricardo, fue que este trabaja con gente ‘poderosa’ que tiene a su disposición helicópteros y se puede sustraer de la justicia. Sin embargo, consideró “esto fue un abuso del ministerio público apoyado por el juez”.

El padre del investigado señaló que, ante estas circunstancias, a través de sus abogados y en el caso de su hijo, se interpuso un recurso de incompetencia para que el caso sea atendido por un juez federal y aunque este 10 de junio ya tenían prevista la audiencia para resolver lo anterior, en los juzgados federales, se las cancelaron bajo el argumento de que el togado tenía un juicio y se las pospusieron para el próximo 22 de junio.

“Pedí la ayuda del presidente de la República y me mandaron a Casa de Justicia, ahí solo me dijeron que me podían dar asesoría jurídica, y hace dos meses y medios fui a Casa Aguayo a meter un oficio para solicitar audiencia con el gobernador, dijeron que en 3 días me llamaban y es la fecha en la que no lo hacen. Sabemos que hay línea sobre este caso pero que sea parejo. Mi hijo no tenía el poder o la autoridad para parar un helicóptero, los únicos que pueden son los dueños y los de la Secretaría de Comunicación y Transporte”, refutó Moisés.

Bajo la consigna de ¡Ricardo es inocente!, ¡Justicia para Ricardo!, y ¡Proceso transparente!, los manifestantes reiteraron su petición de que el caso sea atraído por un juez federal.

Fue el 26 de marzo de 2021 que se dio a conocer la novena detención por este caso, tratándose de César Rodrigo N, ligado a Servicios Aéreos del Altiplano S.A. de C.V. (SAASA, por su nombre comercial), empresa propietaria del helicóptero Agusta A109 en el que viajaban los hoy occisos el 24 de diciembre de 2018. Previo a este personaje, fue aprehendido Rafael N, director de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano S.A. de C.V.

En febrero se concretó el arresto de José Alonso N e Iris Cristina N, empleados de la firma Rotor Flight Services, mientras que entre diciembre de 2020 y enero del presente año, las autoridades ministeriales aprehendieron a José Antonio N, propietario de la última empresa en mención, así como Ricardo N, María Magdalena N, Israel N, y Miguel N, también empleados de dicho taller de mantenimiento. Todos fueron acusados de homicidio culposo, daño en propiedad ajena y a título de culpa y falsedad de declaración dada a una autoridad.

Previo al accidente aéreo de 2018, en el que murieron Martha Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y tres personas, los dueños del helicóptero siniestrado recibieron un informe en el que se requería el cambio de unas piezas con valor a los 40 mil dólares, acusó el padre de Ricardo N, uno de los 9 detenidos por este caso, y que, junto con familiares y amigos, este jueves pidieron que el proceso sea atraído por un juez federal.

Frente a los juzgados federales instalados sobre el Camino al Batán, a unos metros del Cereso de San Miguel, cerca de 15 personas, entre ellas familiares y amigos de Ricardo N, se manifestaron con cartulinas y pancartas, a fin de exhibir diversas irregularidades en el proceso penal que existe en contra del asegurado, y pedir, además, especial atención por parte de las autoridades federales en el caso.

“Mi hijo se desempeñaba en el puesto de supervisor, en la empresa Rotor Flight Services, la cual era la encargada de dar mantenimiento al helicóptero siniestrado, él supervisaba el trabajo del mecánico. Hay un antecedente de que el operador informó al personal del taller sobre la falla y cotización de unas piezas nuevas o usadas, este le dijo a mi hijo quien a su vez notificó a su jefe, el cual también hizo saber la situación al dueño del taller, y este finalmente dio parte a los dueños del helicóptero. Consta en papeles asentados en la carpeta de investigación”, explicó Moisés, padre del asegurado.

El declarante en este sentido aseveró que dichas piezas, que incluso serían la posible causa del accidente, nuevas y usadas, se cotizaron y valían 40 mil dólares, pero nadie hizo caso.

“Se les dijo que se necesitaba que al helicóptero lo bajaran 3 o 5 días a tierra, y los operadores dijeron que no era posible porque la agenda del Senador Rafael Moreno Valle estaba hasta el tope y no podía pararse la aeronave, y dijeron que sí podían volar porque la única función de las piezas era controlar el piloto automático y sin piloto automático, el helicóptero volaba sin complicación, entonces también, no es la causa del accidente”, narró el entrevistado.

Además de lo anterior, acusó que tres de los nueve detenidos lograron pasar su proceso en libertad con el pago de una fianza de 10 mil pesos, mientras que a los demás, incluyendo a Ricardo, no se les permitió lo mismo, por el contrario, se les impuso prisión preventiva, cuando los delitos que enfrentan, permiten otra medida cautelar como firma periódica, arraigo domiciliario, entre otras.

“Mi hijo es una persona honrada, honesta y dedicada a su trabajo, su único delito y error, es trabajar, en este caso, con gente deshonrada, porque los dueños del helicóptero se lavaron las manos, sus socios también están vinculados a proceso se presentaron a audiencias, el juez les dijo que pagaran una garantía de 10 mil pesos y firma periódica cada mes y a los demás les aplicó todo el rigor. Ya estamos cansados de que el caso lo tenga el gobierno estatal, el fuero común. No avanzamos, son 6 personas, entre ellas mi hijo, que están privadas de la libertad injustamente”, sentenció el padre de Ricardo.

Moisés agregó que la justificación del juez de control para imponer prisión preventiva a Ricardo, fue que este trabaja con gente ‘poderosa’ que tiene a su disposición helicópteros y se puede sustraer de la justicia. Sin embargo, consideró “esto fue un abuso del ministerio público apoyado por el juez”.

El padre del investigado señaló que, ante estas circunstancias, a través de sus abogados y en el caso de su hijo, se interpuso un recurso de incompetencia para que el caso sea atendido por un juez federal y aunque este 10 de junio ya tenían prevista la audiencia para resolver lo anterior, en los juzgados federales, se las cancelaron bajo el argumento de que el togado tenía un juicio y se las pospusieron para el próximo 22 de junio.

“Pedí la ayuda del presidente de la República y me mandaron a Casa de Justicia, ahí solo me dijeron que me podían dar asesoría jurídica, y hace dos meses y medios fui a Casa Aguayo a meter un oficio para solicitar audiencia con el gobernador, dijeron que en 3 días me llamaban y es la fecha en la que no lo hacen. Sabemos que hay línea sobre este caso pero que sea parejo. Mi hijo no tenía el poder o la autoridad para parar un helicóptero, los únicos que pueden son los dueños y los de la Secretaría de Comunicación y Transporte”, refutó Moisés.

Bajo la consigna de ¡Ricardo es inocente!, ¡Justicia para Ricardo!, y ¡Proceso transparente!, los manifestantes reiteraron su petición de que el caso sea atraído por un juez federal.

Fue el 26 de marzo de 2021 que se dio a conocer la novena detención por este caso, tratándose de César Rodrigo N, ligado a Servicios Aéreos del Altiplano S.A. de C.V. (SAASA, por su nombre comercial), empresa propietaria del helicóptero Agusta A109 en el que viajaban los hoy occisos el 24 de diciembre de 2018. Previo a este personaje, fue aprehendido Rafael N, director de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano S.A. de C.V.

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