Previo al accidente aéreo de 2018, en el que murieron Martha Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y tres personas más, los dueños y el operador del helicóptero siniestrado recibieron un informe en el que se requería el cambio de unas piezas con valor a los 40 mil dólares, acusó el padre de Ricardo N, uno de los 6 detenidos por este caso, ya que tres más pasan su proceso en libertad.
Frente a los juzgados federales instalados sobre el Camino al Batán, a unos metros del Cereso de San Miguel, cerca de 15 personas, entre ellas familiares y amigos de Ricardo N, se manifestaron este jueves con cartulinas y pancartas, a fin de exhibir diversas irregularidades en el proceso penal que existe en contra del asegurado, además, solicitaron especial atención por parte de las autoridades federales en el caso.
“Mi hijo se desempeñaba en el puesto de supervisor, en la empresa Rotor Flight Services, la cual era la encargada de dar mantenimiento al helicóptero siniestrado, él supervisaba el trabajo del mecánico. Hay un antecedente de que el taller le dio parte al operador y a los dueños de la aeronave sobre la falla y cotización de unas piezas nuevas o usadas. Consta en papeles asentados en la carpeta de investigación”, explicó Moisés, padre del asegurado.
El declarante en este sentido aseveró que dichas piezas, que “según son la causa probable del accidente, y no es eso, se cotizaron y valían 40 mil dólares, pero nadie hizo caso”, sentenció
Agregó: “se les dijo que se necesitaba que al helicóptero lo bajaran 3 ó 5 días a tierra, y los operadores dijeron que no era posible porque la agenda del Senador Rafael Moreno Valle estaba hasta el tope y no podía pararse la aeronave. ¿Puede volar así?, sí, porque las piezas que según se afectaron, la única función era controlar el piloto automático, sin piloto automático andaba volando la aeronave perfectamente, entonces no es lo que están diciendo ellos que fue la causa probable, no es”, narró el entrevistado.
Además de lo anterior, acusó que tres de los nueve vinculados a proceso, obtuvieron su libertad, tratándose de César N, Rafael N, y César V., personal operativo de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (SAASA), dos bajo una fianza de diez mil pesos, y uno, solo confirma periódica. AL resto de los investigados, incluyendo a Ricardo, no se les permitió la libertad, por el contrario, se les impuso prisión preventiva, cuando los delitos que enfrentan, permiten otra medida cautelar como firma periódica, arraigo domiciliario, entre otras.
“Mi hijo es una persona honrada, honesta y dedicada a su trabajo, su único delito y error, es trabajar, en este caso, con gente deshonrada, porque los dueños del helicóptero se lavaron las manos, sus socios también están vinculados a proceso se presentaron a audiencias, el juez les dijo que pagaran una garantía de 10 mil pesos y firma periódica cada mes y a los demás les aplicó todo el rigor. Ya estamos cansados de que el caso lo tenga el gobierno estatal, el fuero común. No avanzamos, son 6 personas, entre ellas mi hijo, que están privadas de la libertad injustamente”, sentenció el padre de Ricardo.
Moisés agregó que la justificación del juez de control para imponer prisión preventiva a Ricardo, fue que este trabaja con gente ‘poderosa’ que tiene a su disposición helicópteros y se puede sustraer de la justicia. Sin embargo, consideró “esto fue un abuso del ministerio público apoyado por el juez”.
El padre del investigado señaló que, ante estas circunstancias, a través de sus abogados y en el caso de su hijo, se interpuso un recurso de incompetencia para que el caso sea atendido por un juez federal y aunque este 10 de junio ya tenían prevista la audiencia para resolver lo anterior, en los juzgados federales, se las cancelaron bajo el argumento de que el togado tenía un juicio y se las pospusieron para el próximo 22 de junio.
“Pedí la ayuda del presidente de la República y me mandaron a Casa de Justicia, ahí solo me dijeron que me podían dar asesoría jurídica, y hace dos meses y medios fui a Casa Aguayo a meter un oficio para solicitar audiencia con el gobernador, dijeron que en 3 días me llamaban y es la fecha en la que no lo hacen. Sabemos que hay línea sobre este caso pero que sea parejo. Mi hijo no tenía el poder o la autoridad para parar un helicóptero, los únicos que pueden son los dueños y los de la Secretaría de Comunicación y Transporte”, refutó Moisés.
Bajo la consigna de ¡Ricardo es inocente!, ¡Justicia para Ricardo!, y ¡Proceso transparente!, los manifestantes reiteraron su petición de que el caso sea atraído por un juez federal.
