/ viernes 26 de noviembre de 2021

Suman 14 mandos policiacos detenidos de 2015 a la fecha

Cuatro de ellos, por modificaciones en su medida cautelar o cumplimiento de su condena, ya obtuvieron su libertad

Catorce funcionarios policiacos, entre ellos mandos medios e incluso titulares de centros penitenciarios han sido detenidos en Puebla desde 2015 a la fecha, por presuntamente estar implicados en diversos hechos delincuenciales y criminales; cuatro de ellos, por modificaciones en su medida cautelar o cumplimiento de su condena, ya obtuvieron su libertad.

Marco Antonio N y Tomás N, director de la Policía Estatal y encargado del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), respectivamente, son los personajes que marcaron los primeros escándalos de funcionarios o mandos policiacos relacionados a diversos hechos delictivos; ambos fueron asegurados el 14 de julio de 2015 por personal del Ejercito Mexicano cuando estaban brindando seguridad a ladrones de hidrocarburo en la carretera Tepeaca-San Felipe Tenextepec, además de que supuestamente estaban en posesión de 3 mil 600 litros de hidrocarburo ordeñado a ductos de Petróleos Mexicanos.

Los inculpados y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR), delegación Puebla, quien aportó pruebas contundentes, con las que el 13 de noviembre de 2018 derivaron en el fallo condenatorio, consistente en cuatro años de prisión y 12 mil días multa; sin embargo, para ese entonces, por el tiempo transcurrido encerrados que ya era de tres años y tres meses, solamente purgaron una condena de nueve meses.

En otro caso, tras la ejecución de seis policías municipales de Amozoc de Mota el 15 de junio de 2018, sus mandos, el entonces comisario de la Policía Municipal Javier N, y el comandante Alfredo N, fueron detenidos, ya que habrían alertado a terceras personas sobre las diligencias de los seis uniformados que acudieron a un reporte por una toma clandestina, donde fueron asesinados. Al momento de su detención, Javier portaba una pistola distinta a la de cargo y Alfredo usaba dos armas, una de ellas sin licencia.

Incluso se reveló que días antes, los uniformados asesinados en la colonia Signoret habían denunciado a sus jefes por presuntamente brindar protección a ladrones de combustible en la zona. El 7 de julio de 2021, tras conseguir una modificación en la medida cautelar que les fue impuesta en junio de 2018, los dos acusados de darle protección a bandas dedicadas a la ordeña de gas LP en la región, fueron puestos en libertad, pues pasaron de la prisión preventiva necesaria a la firma periódica y prohibición de salir tanto del estado como del país.

Para el 11 de febrero de 2020, los escándalos de este tipo alcanzaron al municipio de San Martín Texmelucan, ya que el gobernador Luis Miguel Barbosa, confirmó la detención del comisario de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, Luis Francisco N, por el delito de secuestro.

El jefe del Ejecutivo estatal informó que la orden de aprehensión ejecutada contra el mando policial fue girada desde el 2011, y evidentemente, dijo, hubo anomalías y corrupción para que pudiera seguir en la función pública.

Tan solo un año después, la noche del 28 de febrero de 2021, un comando armado de al menos 15 sujetos llegó al Hospital General de Zacatlán para rescatar a Ángel N, de 40 años, un supuesto comerciante originario del Estado de México, quien fue ingresado al Cereso de Zacatlán en el año 2017 y sentenciado a 50 años de cárcel por el delito de secuestro.

Aunque los responsables de rescatar al plagiario se enfrentaron a balazos con la policía, lograron burlarlos y huir de la zona acompañados de Ángel N.

Por tal motivo, el 3 de marzo, agentes ministeriales arrestaron a Carlos N, director de Seguridad Pública del municipio de Zacatlán; Abraham N, director del Cereso de Zacatlán; Bibiano N, jefe de custodios del referido centro penitenciario; Iván N, comandante de la Dirección de Seguridad Pública; Luis Armando N y Miguel Ángel N, elementos de la Dirección de Seguridad Publica.

Lo anterior, por presuntamente estar relacionados con la excarcelación y posterior fuga de un hospital del presunto secuestrador Ángel N; todos fueron vinculados a proceso y se mantienen en prisión.

El 26 de mayo de 2021 se informó sobre el arresto del jefe de la Base de Operaciones de la Policía Estatal en el municipio de Esperanza, Juan Carlos N, quien fue aprehendido por elementos del Ejército en posesión de armas y drogas.

Este hecho incluso fue calificado por el gobernador Barbosa como “muy bochornoso” para la Policía Estatal y para la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que anunció una revisión completa de todas las bases de operación en la entidad.

El 6 de junio de 2021, en plenas elecciones, Felipe N, alias “El Pirulí”, a quien se relacionaba con el asesinato de tres estudiantes de Medicina: dos colombianos y un mexicano, en Huejotzingo, logró fugarse por la puerta principal del Cereso de San Miguel, sin embargo, días después fue recapturado.

Por este caso, un civil y 17 trabajadores del penal, entre ellos Jorge N y Octaviano N, director y subdirector del Cereso, respectivamente, fueron detenidos por el delito de evasión de preso. Solo tres custodios libraron la cárcel y el resto fue vinculado a proceso.

Finalmente, el 1 de octubre, dos mandos y ocho policías municipales de Quecholac, fueron detenidos por presunta protección a delincuentes, ejercicio indebido de funciones públicas y usurpación de funciones públicas.

Es así como 14 funcionarios y varios policías se han visto involucrados en diversos escándalos que incluso les ha costado su libertad.

Catorce funcionarios policiacos, entre ellos mandos medios e incluso titulares de centros penitenciarios han sido detenidos en Puebla desde 2015 a la fecha, por presuntamente estar implicados en diversos hechos delincuenciales y criminales; cuatro de ellos, por modificaciones en su medida cautelar o cumplimiento de su condena, ya obtuvieron su libertad.

Marco Antonio N y Tomás N, director de la Policía Estatal y encargado del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), respectivamente, son los personajes que marcaron los primeros escándalos de funcionarios o mandos policiacos relacionados a diversos hechos delictivos; ambos fueron asegurados el 14 de julio de 2015 por personal del Ejercito Mexicano cuando estaban brindando seguridad a ladrones de hidrocarburo en la carretera Tepeaca-San Felipe Tenextepec, además de que supuestamente estaban en posesión de 3 mil 600 litros de hidrocarburo ordeñado a ductos de Petróleos Mexicanos.

Los inculpados y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR), delegación Puebla, quien aportó pruebas contundentes, con las que el 13 de noviembre de 2018 derivaron en el fallo condenatorio, consistente en cuatro años de prisión y 12 mil días multa; sin embargo, para ese entonces, por el tiempo transcurrido encerrados que ya era de tres años y tres meses, solamente purgaron una condena de nueve meses.

En otro caso, tras la ejecución de seis policías municipales de Amozoc de Mota el 15 de junio de 2018, sus mandos, el entonces comisario de la Policía Municipal Javier N, y el comandante Alfredo N, fueron detenidos, ya que habrían alertado a terceras personas sobre las diligencias de los seis uniformados que acudieron a un reporte por una toma clandestina, donde fueron asesinados. Al momento de su detención, Javier portaba una pistola distinta a la de cargo y Alfredo usaba dos armas, una de ellas sin licencia.

Incluso se reveló que días antes, los uniformados asesinados en la colonia Signoret habían denunciado a sus jefes por presuntamente brindar protección a ladrones de combustible en la zona. El 7 de julio de 2021, tras conseguir una modificación en la medida cautelar que les fue impuesta en junio de 2018, los dos acusados de darle protección a bandas dedicadas a la ordeña de gas LP en la región, fueron puestos en libertad, pues pasaron de la prisión preventiva necesaria a la firma periódica y prohibición de salir tanto del estado como del país.

Para el 11 de febrero de 2020, los escándalos de este tipo alcanzaron al municipio de San Martín Texmelucan, ya que el gobernador Luis Miguel Barbosa, confirmó la detención del comisario de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, Luis Francisco N, por el delito de secuestro.

El jefe del Ejecutivo estatal informó que la orden de aprehensión ejecutada contra el mando policial fue girada desde el 2011, y evidentemente, dijo, hubo anomalías y corrupción para que pudiera seguir en la función pública.

Tan solo un año después, la noche del 28 de febrero de 2021, un comando armado de al menos 15 sujetos llegó al Hospital General de Zacatlán para rescatar a Ángel N, de 40 años, un supuesto comerciante originario del Estado de México, quien fue ingresado al Cereso de Zacatlán en el año 2017 y sentenciado a 50 años de cárcel por el delito de secuestro.

Aunque los responsables de rescatar al plagiario se enfrentaron a balazos con la policía, lograron burlarlos y huir de la zona acompañados de Ángel N.

Por tal motivo, el 3 de marzo, agentes ministeriales arrestaron a Carlos N, director de Seguridad Pública del municipio de Zacatlán; Abraham N, director del Cereso de Zacatlán; Bibiano N, jefe de custodios del referido centro penitenciario; Iván N, comandante de la Dirección de Seguridad Pública; Luis Armando N y Miguel Ángel N, elementos de la Dirección de Seguridad Publica.

Lo anterior, por presuntamente estar relacionados con la excarcelación y posterior fuga de un hospital del presunto secuestrador Ángel N; todos fueron vinculados a proceso y se mantienen en prisión.

El 26 de mayo de 2021 se informó sobre el arresto del jefe de la Base de Operaciones de la Policía Estatal en el municipio de Esperanza, Juan Carlos N, quien fue aprehendido por elementos del Ejército en posesión de armas y drogas.

Este hecho incluso fue calificado por el gobernador Barbosa como “muy bochornoso” para la Policía Estatal y para la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que anunció una revisión completa de todas las bases de operación en la entidad.

El 6 de junio de 2021, en plenas elecciones, Felipe N, alias “El Pirulí”, a quien se relacionaba con el asesinato de tres estudiantes de Medicina: dos colombianos y un mexicano, en Huejotzingo, logró fugarse por la puerta principal del Cereso de San Miguel, sin embargo, días después fue recapturado.

Por este caso, un civil y 17 trabajadores del penal, entre ellos Jorge N y Octaviano N, director y subdirector del Cereso, respectivamente, fueron detenidos por el delito de evasión de preso. Solo tres custodios libraron la cárcel y el resto fue vinculado a proceso.

Finalmente, el 1 de octubre, dos mandos y ocho policías municipales de Quecholac, fueron detenidos por presunta protección a delincuentes, ejercicio indebido de funciones públicas y usurpación de funciones públicas.

Es así como 14 funcionarios y varios policías se han visto involucrados en diversos escándalos que incluso les ha costado su libertad.

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