Tras la balacera entre delincuentes y agentes estatales de investigación en el municipio de Tlaltenango, uno de los cuatro asegurados, en audiencia, fue vinculado a proceso por robo de vehículo agravado, homicidio en grado de tentativa y delitos cometidos contra funcionarios públicos; los demás están hospitalizados y a la espera de audiencia bajo los mismos cargos.
Luego de su arresto el pasado 17 de septiembre, tres de los presuntos delincuentes fueron llevados a un hospital bajo custodia policiaca a fin de que recibieran atención médica; ante su estado de salud, no ha podido realizarse la audiencia correspondiente para definirse su situación jurídica.
No obstante, el cuarto detenido identificado como Jonathan Carlos N., que salió ileso de la gresca con las autoridades ministeriales, fue presentado ante los tribunales locales.
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Es así como el 19 de septiembre por la tarde se desarrolló la audiencia correspondiente en la que el juez de la causa decretó de legal la detención del imputado, además de que lo vinculó a proceso después de hallar suficientes elementos para considerar que podría ser responsable de los hechos de los que se le acusa.
El togado impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió tres meses de plazo para investigación complementaria, por lo que el detenido fue llevado a un centro de reclusión hasta que se defienda su estatus legal.
Cabe recordar que los hechos se registraron el paso viernes en el municipio de Tlaltenango, donde agentes ministeriales realizaban investigaciones relacionadas con el tema de robo de vehículo y en ese momento un grupo de sujetos en una camioneta los interceptó y agredió.
Los elementos de la Fiscalía de Puebla repelieron la agresión y abatieron a un presunto delincuente además de que detuvieron a cuatro; tres de ellos resultaron heridos.
Un agente investigador también presentó una lesión en una pierna.
Tan solo horas después, en la misma zona, fue ubicada una bodega con más de cien migrantes y otra con mercancía robada, por lo que los inmuebles fueron asegurados, mientras las personas indocumentadas quedaron en manos del personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
