A casi tres años de andar prófugo de la justicia, la semanapasada policías federales detuvieron en la ciudad de Puebla a LuisOrtega Trelles, directivo de la empresa financiera Actinver,acusado de defraudar a empresarios y políticos poblanos, aunqueinicialmente el monto del quebranto se reportó por 76 millones depesos, según fuentes ministeriales federales, podría alcanzarhasta los 300 millones.
Como el acusado fue denunciado bajo el anterior sistema penal,se le dictó el auto de formal prisión y se encuentra internado enel penal de San Miguel, a disposición de un juez de Distrito.
En febrero de 2015 se dio a conocer a nivel nacional el fraudemillonario de la empresa dedicada a la asesoría de inversionistas,en su filial Puebla, y sus directivos Luis Ortega y Raúl Sánchezeran los principales responsables; desde entonces permanecieronprófugos de la justicia.
La fuente consultada agregó que los acusados fueron señaladosde haber ingresado a la cuenta de cuatro clientes, entre ellos semenciona a la familia Peregrina, dueña de agencias de autos y alpolítico Jorge Estefan Chidiac, de quienes desviaron inversiones.Es así como perpetraron un fraude contra los socios por más de 76millones de pesos.
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Por lo anterior, los agraviados presentaron las denunciascorrespondientes y fue hasta la semana pasada, específicamente el3 de enero, cuando se logró la aprehensión de Ortega Trelles alas puertas de un consultorio médico de Farmacias del Ahorro en laciudad de Puebla, como se observa en un video que empezó acircular ayer en las redes sociales y que puede observarse en lapágina de El Sol de Puebla.
La orden de aprehensión fue ejecutada por personal de laAgencia de Investigación Criminal (AIC) de la ProcuraduríaGeneral de la República (PGR), que llegó ex profeso de la Ciudadde México. Por su parte, Raúl Sánchez, el otro directivo deActinver en Puebla, sigue prófugo de la justicia.
Luis Ortega Trelles fue internado en el penal estatal ypermanecerá recluido mientras se resuelve su situación jurídicapor el delito de fraude, previsto y sancionado en el Artículo 113de la Ley de Instituciones de Crédito, que contempla una pena queva de los 2 a los 10 años de prisión, así como una multa de 500a 50 mil salarios mínimos.
