En sesión extraordinaria celebrada la mañana del sábado, el Ayuntamiento de Atitalaquia, Hidalgo, revocó la concesión que había otorgado para la apertura del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos (CRTRSU).
La Asamblea municipal sucumbió a la presión social que se ejerció sobre ellos, luego de que un activista que se oponía a la operación del vertedero fuera asesinado y dos más fueran golpeados en el plantón que mantenían fuera de las instalaciones desde el 12 de mayo.
Derivado de la agresión, un día después los activistas que han denunciando que la empresa Esmex Hidalgo opera sin cumplir la normativa fueron escuchados y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección al Centro de Tratamiento de Residuos, ubicado en la comunidad de El Cardonal y clausuró de manera parcial y temporal el sitio.
Además, la Secretaría de Gobierno de Hidalgo y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se comprometieron a realizar el viernes 24 de junio una reunión con funcionarios de los tres niveles de gobierno para analizar la exigencia del colectivo del cierre técnico del Centro Regional y uno de los acuerdos alcanzados.
Los argumentos presentados por los ciudadanos, que fueron apoyados por científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que realizan un estudio sobre toxicidad en la zona, pero sobre todo la molestia social que hay por el asesinato de Jesús Bañuelos, rompieron la resistencia del alcalde Agustín Hernández Olguín y accedió a la exigencia de convocar una reunión extraordinaria para analizar la cancelación de la concesión.
Esta sábado la Asamblea sesionó de manera extraordinaria a las 10 horas en las instalaciones del organismo operador del agua, ya que la alcaldía sigue carrada porque el Movimiento no aceptó levantar el plantón
Tras más de tres horas de discutir el tema, con 11 votos a favor, el Ayuntamiento revocó la concesión que habían otorgado por 20 años.
El colectivo, que siguió de cerca el desarrollo de la sesión, dio a conocer que no van a dejar de luchar “hasta que las dependencias de gobierno no concluyan el proceso del cierre técnico de la obra, se esclarezca el asesinato del activista Jesús Bañuelos y el gobierno indemnice a su familia”.
Asimismo, advirtieron que buscarán que el terreno donde se ubica en Centro de Tratamiento sea expropiado para construir una reserva ecológica.
Publicado originalmente en El Sol de Hidlgo
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