¿Será cierto que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, aspira a ser gobernador del estado en el proceso electoral de 2024?
En los pasillos del Poder Judicial del Estado de Puebla se asegura que sí, que el magistrado presidente trae entre manos un proyecto personal relacionado con la próxima contienda de gobernador, y que este cuenta con el visto bueno del actual inquilino de Casa Aguayo, Luis Miguel Barbosa Huerta.
La especie empata con los ajustes que Sánchez Sánchez ha hecho en su equipo de comunicación social, incorporando al comunicador Mariano Serrano como titular del área, y la apertura de una cuenta personal de Twitter en el mes de agosto, en la que difunde las actividades públicas que realiza y sube algunas postales del estado.
Enterados de este trascendido, comentadores políticos bromeaban hace unos días sobre la imposibilidad del magistrado presidente de hacer precampaña por la gubernatura desde la sede del Poder Judicial, metido solo en la oficina, por la naturaleza del cargo, a menos, subrayaban, que se pusiera a inaugurar juzgados en municipios remotos de la capital en los siguientes dos años.
La apertura de nuevos juzgados le daría la posibilidad de recorrer el estado para ser conocido por la gente.
Cosa curiosa, ayer el gobernador Barbosa anunció que valora instalar juzgados tradicionales y de oralidad mixta, tanto penal como familiar, en todas las regiones de Puebla, para que los ciudadanos tengan acceso a una justicia pronta y expedita.
Qué casualidad.
Lo que no se sabe con precisión en Ciudad Judicial es por qué partido pretende ir de candidato el presidente.
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Panistas, priistas y perredistas superaron con éxito el primer reto como integrantes de una alianza política trasladada a la Cámara de Diputados, pero vienen asuntos más complejos.
Los legisladores federales de esos tres partidos, más Movimiento Ciudadano, votaron en contra de la miscelánea fiscal 2022, que regularizará los autos “chocolate”, obligará a la inscripción universal (a partir de 18 años) en el registro de contribuyentes y limitará los donativos que otorgan las personas físicas a organizaciones de la sociedad civil, tres asuntos polémicos que han puesto al gobierno de López Obrador y a Morena en el centro de las críticas.
Los panistas poblanos que rechazaron el paquete económico fueron Ana Teresa Aranda Orozco, Humberto Aguilar Coronado, Carolina Beauregard Martínez, Mario Riestra Piña y la suplente de Genoveva Huerta Villegas, Mar y Cielo Aldana Huidobro.
Los priistas que se sumaron al rechazo fueron Blanca Alcalá Ruiz, Lázaro Jiménez Aquino y Javier Casique Zárate.
Mantenerse unidos fue en esta ocasión una prueba fácil de superar para los tres partidos políticos opositores a Morena, debido a que el partido presidencial no concedió ni un ápice en las negociaciones de la propuesta y a que no necesitaba de los legisladores antagónicos para aprobarla.
La verdadera prueba de fuego asomará cuando llegue la votación de las reformas constitucionales.
Ahí sí se anticipan diferencias, sobre todo entre panistas y priistas.
En la medida que esa unidad mantenga su fortaleza, no se fracture, podrá construirse un frente opositor viable para el 2024, tanto en el país como en Puebla.
Twitter: @jorgerdzc
