Sólo la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Juanita Mendoza Castillo, a la presidencia municipal y el abanderado de Morena y sus aliados a la diputación local, Miguel Márquez Ríos por el distrito 02 de Huauchinango, acudieron a la firma del pliego petitorio de un colectivo de pueblos originarios, dirigido a los aspirantes al ayuntamiento de esta cabecera.
Representantes de unas 11 comunidades indígenas de Huauchinango emitieron una convocatoria a los aspirantes a la presidencia municipal para que se comprometieran con 17 puntos que incluyeron en un documento, y su intención es que este fuera firmado por los abanderados de los partidos políticos que van alineados con la denominada 4T.
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Entre otros puntos, exigen que, al llegar el nuevo ayuntamiento, regrese “la figura de los agentes subalternos y jueces de paz; y el registro civil en las localidades”.
Los integrantes del grupo dijeron que es un escrito que firmaron los habitantes de varias comunidades, como Tenango de las Flores, Cuacuila, Las Colonias de Hidalgo, Cuautlita, Papatlatla, Tepetzintla, Xaltepec, Ahuacatlán, Xolocuautla y Cuahueyatla, para que se vaya entregando a los aspirantes al cargo de elección popular.
Respecto al punto de “registros civiles”, recordaron que fue el exgobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas quien decidió desmantelar los servicios comuneros, por lo que, al dejar su gestión, se empezó a gestionar para que estos empiecen a regresar; por lo tanto, se está pidiendo que donde ya regresó el Registro Civil, se dote de equipo de cómputo y mobiliario para una mejor atención.
En su pliego de peticiones, demandaron “respeto y trato digno a los representantes de los Pueblos originarios; se respete la autonomía de los pueblos originarios y que la priorización de obras sea conforme a asambleas comunitarias donde se escuchen las verdaderas necesidades de la población”. Aunque no lo especificaron, indicaron que ha habido momentos en que no hay una consulta apropiada para la determinación de obras prioritarias.
Incluyeron que “las participaciones económicas sean entregadas a los presidentes auxiliares, jueces e inspectores en tiempo y forma; a su vez, se solicita el incremento de este derecho conforme a la ley, también la comprobación de estos recursos ante contraloría municipal sea flexible y sencilla”, de lo que abundaron que en ocasiones las administraciones municipales prefieren entregar cantidades mínimas y expresan que el resto “se entrega en obras”.
Llamaron a que se consulte de manera popular y obligatoria a los pueblos originarios ante proyectos de alto impacto, sean federales o municipales.
En su escrito se quejaron de ser víctimas, en ocasiones, de “prácticas de racismo y menosprecio por el color de nuestra piel y condición económica, que se presentan cuando iniciamos algún trámite o solicitamos algún servicio público”, aunque no dieron más detalles.
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Indicaron que el próximo ayuntamiento debe practicar la política de “austeridad republicana como principio en la administración municipal, ya no más a los altos salarios del presidente municipal, regidores, síndico, secretarios y directores”, entre otros puntos.
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