La deuda pública de Puebla alcanzó su nivel más bajo de los últimos 12 años y actualmente presenta una tendencia descendente, reveló un estudio elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en el que, además, se evaluó que la entidad fue uno de los estados con mejores prácticas de transparencia fiscal a nivel nacional.
En entrevista con El Sol de Puebla, Manuel Guadarrama, maestro en Políticas Públicas por el King’s College London (KCL) de Inglaterra y coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, señaló que la entidad poblana cumplió en 99.4 por ciento con su obligación de integrar y divulgar apropiadamente su presupuesto de egresos para 2023.
Esto quiere decir que la planificación de gasto se hizo conforme a modelos de transparencia fiscal. No obstante, el IMCO descubrió que el gobierno poblano no informó a cuánto ascenderá el presupuesto que se destinó a partidos políticos para este año.
Guadarrama indicó que, para determinar el puntaje de cumplimiento de cada entidad federativa, el IMCO analizó, en su Barómetro de Información Presupuestal (BIPE) 2023, que cada presupuesto estatal incluyera el balance de la deuda pública y los parámetros de armonización contable, es decir, que los montos coincidieran con el presupuesto global.
Así, destacó que Puebla cumplió con la mayoría de lineamientos, pues se detalló el destino del dinero público para 2023. Sin embargo, en cuanto al presupuesto previsto para partidos políticos, el gobierno optó por no incluirlo a detalle, según determinó el organismo civil.
“El único aspecto que Puebla incumplió estuvo relacionado (...) al financiamiento a partidos políticos. Esto no significa que el Estado, en su conjunto, sepa cuánto se destina a los partidos políticos, pues en este caso el Instituto Electoral del Estado (IEE) debe conocer el detalle de cuánto presupuesto reciben (...) pero se incumple con el criterio porque esa información no fue incluida en el presupuesto de egresos (...) Si bien es una responsabilidad del IEE, en la integración del presupuesto debe estar la información”, detalló Guadarrama.
Esta situación, de hecho, fue la que provocó que el estado redujera ligeramente su puntaje, el cual fue de 100 por ciento en 2022.
Cabe recordar que, para el presente año, el Estado poblano aprobó un gasto de 119 mil 200 millones de pesos, de los cuales 87 mil 268 millones de pesos se destinaron al Poder Ejecutivo, mil 339 millones al Poder Judicial y 513 millones más al Poder Legislativo.
Buen manejo de la deuda
Hasta el primer trimestre de 2023, la deuda pública del estado ascendió a los 4 mil 731 millones de pesos, que es la cifra más baja registrada desde 2010, cuando el compromiso fiscal era de 14 mil 614.5 millones de pesos.
Manuel Guadarrama precisó que, según las mediciones del IMCO, con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el endeudamiento estatal no compromete el desempeño de las arcas estatales. Inclusive, adelantó que, con base en el comportamiento fiscal de la entidad, se espera que la cifra disminuya próximamente.
“Año con año se ha ido saneando la deuda del estado. Prácticamente, ni siquiera llega a los 5 mil millones de pesos la deuda pública, lo cual realmente implica que Puebla no tiene algún problema de endeudamiento, ni tiene algún indicador, digamos, de riesgo para la sostenibilidad de sus finanzas”, sostuvo.
“En el sistema de alertas de la SHCP, que justo indica si un estado tiene problemas de endeudamiento o de sostenibilidad financiera, Puebla sale en color verde, es decir, puede adquirir deuda sin ninguna restricción más allá de los propios topes que establezcan los diputados en el presupuesto”, agregó.
Pese a ello, a decir del especialista, quien además ostenta una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la reducción de un compromiso financiero no significa necesariamente que las condiciones económicas de un estado vayan a mejorar o empeorar.
“La deuda pública no es ni buena ni mala, siempre y cuando sea bien utilizada para la inversión pública (...) Además, no importa si tienes una deuda alta porque vas a tener con que pagarla, porque tu economía te dará para solventar estos costos financieros”, opinó.
Es decir, si bien a los poblanos les cuesta menos la deuda adquirida en el pasado, ello no implica que mejore el bienestar económico de la población, pues el endeudamiento no siempre es negativo si, a raíz de él, se obtienen condiciones de mejora para la ciudadanía. Esta última característica incrementa los ingresos del estado y, por ende, mejora su capacidad para liquidar adeudos.
Además, el coordinador de Finanzas Públicas del IMCO expuso que Puebla puede reducir su compromiso financiero transfiriendo la deuda a otra institución financiera que ofrezca mejores tasas.
“El Estado poblano podría contratar deuda para sanear la otra con un nuevo crédito que ofrezca mejores condiciones de contratación. Es decir, una reestructuración de la deuda pública, que es algo que permite la Constitución (...) para que le salga menos costoso”, añadió.
Se necesitan socializar mejor los presupuestos
Guadarrama también señaló que el Estado poblano está obligado a informar con mejores estrategias la forma en cómo se prevén emplear los recursos públicos.
Desde su perspectiva, el gobierno estatal debe transparentar el ejercicio fiscal, pero tomando en cuenta que no toda la ciudadanía tiene conocimiento sobre aspectos contables. Por esa razón, indicó que deben socializarse de mejor manera los presupuestos de egresos para años futuros.
Recaudación puede mejorar
Otro de los aspectos revisados por el IMCO en el BIPE 2023 fue la distribución de los ingresos para la entidad, es decir, cuántos recursos se recaudaron localmente y cuántos más se obtuvieron mediante participaciones federales.
En 2021, por ejemplo, el nueve por ciento de los ingresos públicos correspondieron a impuestos locales, mientras que el resto fue transferido por la Federación. En otras palabras, el erario poblano fue altamente dependiente del dinero enviado por el gobierno federal.
Desde la óptica del maestro en Políticas Públicas por el KCL, aunque se requiere una reforma fiscal nacional, el gobierno estatal tiene facultades para instaurar o modificar impuestos locales para mejorar su recaudación interna, esto mediante disposiciones o modificaciones a los marcos normativos estatales.
Comentó que algunas obligaciones fiscales, como el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, no cumplen siquiera su función social, mucho menos la recaudatoria.
Así, el experto apuntó que la Hacienda estatal debe instaurar nuevos impuestos u obligaciones que, además de representar más ingresos para las arcas públicas, sea de utilidad para la población, como el cobro por la utilización de vehículos o por contaminar de forma excesiva, etcétera.
“Se requiere que los estados utilicen de forma distinta sus facultades impositivas para la recaudación de sus impuestos. Muchos estados cobran el impuesto a la nómina, cuando se ha demostrado que no es un impuesto progresivo y ni siquiera fomenta la formalidad y la legalidad de las empresas. Entonces, tendríamos que transitar a impuestos que generen más recursos, por ejemplo, impuestos verdes o el tema de la tenencia vehicular”, expuso.
Todo ello, además, debe acompañarse de un paquete de estímulos que ayude a que los contribuyentes regularicen su situación fiscal.
Por otro lado, Guadarrama enfatizó que a nivel nacional se requiere una reforma para hacer más eficiente la recaudación en los estados.
De hecho, criticó que los lineamientos del gobierno federal no incentivan a los estados a mejorar sus fuentes de ingresos, por el contrario, otorga a las entidades federativas mayores recursos en relación a su población en condición de pobreza, etcétera.
“Se tienen que aprovechar estas facultades estatales para cobrar impuestos y así depender menos de estas de estas transferencias. Obviamente se requiere un reajuste de la coordinación fiscal [nacional], pero también se requiere que los estados revisen los impuestos que sí pueden cobrar, sin siquiera hacer un cambio en su legislación”, comentó.
Buenas prácticas deben perdurar
Análogamente, el abogado del ITAM mencionó que el Estado poblano necesita instaurar una unidad técnica encargada de evaluar y divulgar los presupuestos de egresos, pues, aunque en los últimos años los gobernantes en turno han tenido buenos resultados en materia de transparencia, esto no significa que estén obligados a hacerlo así por siempre, por lo que en el futuro alguien podría cambiarlo.
“El BIPE se hace desde 2008 y el presupuesto modelo se utilizó en Puebla en 2015, y el estado fue de los primeros que lo implementa y que, además, logra el 100 por ciento de cumplimiento en el Barómetro, junto con Jalisco”, defendió.
Por otro lado, Guadarrama hizo hincapié en que el gobierno estatal debe mejorar sus mecanismos de evaluación de programas, esto con la finalidad de que las políticas públicas reciban mayores recursos, mientras que las menos funcionales reduzcan su gasto.
Finalmente, es importante señalar que Puebla ha sido una de las entidades del país con mayor puntaje en la evaluación de transparencia fiscal desarrollada por el IMCO, específicamente desde 2015, cuando la calificación fue de 100 por ciento.
