El Gobierno de Puebla creó un equipo interinstitucional para investigar las empresas factureras, también conocidas como fantasmas, que operaron durante administraciones pasadas, reveló el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta.
En conferencia de prensa de este 18 de octubre, señaló que llevan a cabo indagaciones sobre el tema, debido a que las facturas fantasmas eran utilizadas para justificar gastos o “tapar hoyos” de gastos inexistentes, por lo que reiteró que su administración irá a fondo sobre la operación de estas empresas.
“Está funcionando un equipo interinstitucional del gobierno que está sistematizado todo ese escandaloso asunto de las factureras en Puebla (…) Las empresas les trabajan a los privados en sus declaraciones de impuestos en operaciones que no tiene que ver con su gobierno o les trabajan a los gobiernos cuando consiguen facturas para tapar hoyos, de las operaciones inexistentes”, explicó.
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Barbosa Huerta mencionó las posibles formar de operación de este tipo de empresas: “Los privados en sus negocios para hacer sus declaraciones contratan factureras para defraudar al SAT, los privados que tiene operaciones con el gobierno y los que trabajan solo para el gobierno”.
Sin mencionar nombres, expuso un presunto caso sobre un contrato para el saneamiento del río Atoyac, sin embargo, señaló que las comprar no existieron y, por el contrario, se ejerció el presupuesto económico en otras actividades.
“Cuando se chiflaron un contrato o compra que no existe para limpiaron ríos, caminos, sanitizaron el famoso Atoyac, que si hubieran comprado todo lo que dicen ahí olería a limpio el Atoyac, no le echaban nada se quedaban con la lana. Todo lo vamos aponer en claro frente a la gente, angelitos de lo peor”, comentó.
Y es que fue el 12 de octubre cuando Barbosa Huerta habló por primera vez del tema y reveló que son familias enteras las que se dedicaron a este tipo de actividades ilícitas en Puebla, esto lo declaró después de que se confirmó la vinculación a proceso de Florentino Daniel N., imputado por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En esa rueda de prensa reveló que solicitó una auditoria a la Secretaría de la Función Pública sobre las operaciones hechas por dependencias estatales desde el año 2011 a la fecha, en la que esté involucrada la contratación de factureras. Indicó que se ha encontrado el registro de los comprobantes fiscales digitales que fueron cancelados, y que se ocuparon en la realización de operaciones irregulares.
