Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa para entregar a los municipios el 100 por ciento de la recaudación obtenida del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Se trata de una adición al artículo 56 BIS de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla para homologarla con la Ley de Coordinación Fiscal federal, que ya opera desde 2015, pero que se armonizó cinco años después.
“Se participará a los municipios del Estado, el 100% de la recaudación obtenida del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en los municipios y sus entidades, en términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable”.
Para que las entidades tengan derecho a lo recaudado por el ISR, los municipios deben pagar sus nóminas con recursos federales y el gobierno estatal enviar todo lo percibido a la Federación, para que esta a su vez lo reparta entre los estados y los recursos regresen a las demarcaciones, como marca el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal a nivel federal.
Dicho artículo señala que las entidades deberán enterar a la Federación el 100 por ciento de la retención que deben efectuar del ISR correspondiente a los ingresos por salarios que las entidades paguen con cargo a recursos federales.
“Deberán participar a sus municipios o demarcaciones territoriales, el 100% de la recaudación del ISR, correspondiente al personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el municipio de que se trate”, establece.
EXPIDEN NUEVA LEY DE MEJORA REGULATORIA
Por otra parte, la mayoría de diputados aprobó la expedición de la nueva Ley de Mejora Regulatoria y Buena Administración para el Estado de Puebla.
Esta busca mejorar el marco regulatorio dentro de la administración pública y dictar reglas claras que incentiven el desarrollo del mercado interno, mediante la instrumentación de un modelo de mejora regulatoria integral. Incluye políticas de revisión normativa, simplificación y homologación de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas.
