El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dio a conocer que la administración estatal de 2010, que fue encabezada por el exmandatario Mario Marín Torres, hoy preso por el delito de tortura cometido contra la periodista Lydia Cacho, endeudó las arcas estatales por 11.9 millones de pesos, que no fueron pagados a la Comisión Nacional del Deporte (Conade).
En rueda de prensa desde el CIS de Angelópolis, el titular del Ejecutivo poblano reveló que la gestión del exgobernador emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) heredó a los poblanos un compromiso fiscal con la Federación. Aseguró que esa es la razón por la cual el estado no ha albergado ningún evento deportivo de relevancia mundial desde entonces.
“Hay muchas cosas que tristemente no se dan a conocer. Yo platicaba el sábado con Yadira Lira (directora del Instituto Poblano del Deporte) y el subsecretario de Gobernación, Andrés Villegas, ‘Oye, ¿cuándo vamos a tener nosotros eventos de talla internacional, como el de Tlaxcala?’ (...) Ya medio me había comentado Yadira Lira, y lo ratificaron el sábado: hay una deuda de 2010, por 19 millones de pesos que no pagaron desde 2010 a la Conade, y por eso la Conade no asigna ningún evento de talla internacional a Puebla”, relató el gobernador.
Posteriormente, el gobierno estatal compartió a El Sol de Puebla que en junio de 2010 la Conade acordó con el gobierno estatal el envío de hasta 19.2 millones de pesos, esto para la construcción de un pabellón deportivo situado en la capital poblana.
No obstante, aunque no se precisó si el complejo deportivo se construyó o no, se indicó que el gobierno de Marín Torres estaba obligado a devolver a la Federación 11.9 millones de pesos, pues se trataba de la cantidad sobrante de recursos. Pese a ello, el Estado poblano no regresó el dinero y la Conade demandó el caso ante el el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Y aunque dicha autoridad judicial determinó en 2015 que el gobierno estatal debía retornar esos recursos a la Federación, ningún gobierno, desde ese momento a la fecha, liquidó la deuda, dejando el compromiso fiscal para el erario.
Es importante recordar que los mandatarios, algunos electos por voto popular y otros asignados de forma interina o temporal, que omitieron subsanar la deuda heredada por el priista Marín Torres fueron Rafael Moreno Valle Rosas, José Antonio Gali Fayad, Martha Erika Alonso Hidalgo, Jesús Rodríguez Almeida, Guillermo Pacheco Pulido y Miguel Barbosa Huerta.
En ese tenor, Céspedes Peregrina defendió que es su obligación como mandatario dar a conocer los endeudamientos que atravesaron las gestiones pasadas, esto con la finalidad de subsanarlos y evitar un gasto mayor al erario poblano ante la eventual acumulación de intereses.
Apuntó, además, que es su responsabilidad explicar a la población las razones por las cuales se debe acotar el gasto en determinadas acciones, esto pese a que la deuda no la heredó su gobierno.
“Hay que transparentar, porque yo termino pagando y tengo que informar, no solamente a la auditoría, yo también tengo que comunicar a la gente, ¿por qué hoy deje de darle 10 millones de pesos a alguna parte de la Sierra? Porque tuve que pagar lo que un funcionario no hizo en su tiempo, que era su obligación”, explicó.
Descarta persecución contra exfuncionaria barbosista
En otro orden de ideas, Céspedes Peregrina señaló que la actual titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Josefina Morales Guerrero, trabaja para establecer la ruta legal que seguirá el Estado poblano para recuperar los 600 millones de pesos que invirtió la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta en Banco Accendo, institución que se declaró en bancarrota en 2021.
“Aclaro, no es una persecución contra alguien, no es algo específico, es simplemente lo que nos obliga la ley, lo que hace normalmente cualquier gente en la entrega-recepción y, por supuesto, en las acciones que en su momento el gobierno tomó contra esta situación que era obligación”, arguyó.
Al respecto, expuso que la dependencia se encuentra revisando los documentos que dejó la extitular de la SPF, Teresa Castro Corro, quien renunció al cargo en junio pasado luego de ser llamada a comparecer ante el Congreso de Puebla por la inversión fallida.
“Actualmente se lleva a cabo, de forma simultánea, la revisión de los documentos de la entrega-recepción de la extitular de SPF, así como la auditoría en torno a este tema específico que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP), a fin de determinar las acciones legales, con el propósito de resarcir la [pérdida] de financiera”, justificó.
Refirió que la revisión de los archivos es un acto contemplado en el proceso de entrega-recepción de toda administración, por lo que descartó que se trate de una persecución cometida contra alguna persona en particular.
No hay que olvidar que fue Castro Corro quien aprobó que el dinero de los contribuyentes se haya invertido en Banco Accendo. Actualmente la institución financiera está en proceso de litigio y la recuperación del capital no ha sido confirmada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
‘No tapamos a nadie’, dice gobernador sobre inconsistencias fiscales de Barbosa
Por otra parte, el mandatario poblano fue cuestionado por la carta pública que divulgó en redes sociales la esposa del exgobernador Barbosa Huerta, donde defendió que “hay dolo y desconocimiento en los señalamientos de supuesto daño patrimonial”, esto en relación a la inconsistencia fiscal que se detectó en los ejercicios de 2019 y 2021, por 722.3 millones de pesos.
Céspedes Peregrina señaló que, aunque respeta los diversos puntos de vista de la población, su trabajo es subsanar los compromisos fiscales heredados por su gobierno, independientemente de la gestión a la que perteneció.
Enfatizó que el crédito de 722.3 millones de pesos fue impuesto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a raíz de cinco auditorías hechas al gobierno poblano. Recordó que no se gravó el concepto de despensas.
“Para el gobierno del estado no es objetivo anticipar juicios a los eventos de gobierno, puesto que existen instancias federales y locales de supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos públicos que califican las acciones ejecutadas por los funcionarios y áreas responsables de gobierno, mismas que garantizan al pueblo el buen manejo de los recursos públicos y, en su caso, la sanción a las conductas que puedan derivar en proceso un sancionatorio”, enfatizó.
A propósito, subrayó que, cuando dio a conocer la inconsistencia financiera junto a la secretaria Morales Guerrero, nunca señaló a nadie en particular, por lo que descartó que alguien se haya “robado" el dinero de los poblanos, sino más bien que no se justificó el pago de impuestos apropiadamente.
“No estoy diciendo que se lo robaron, que quede claro, estoy diciendo que se dejó de aplicar ese recurso como un pago de impuestos para poderlo tener”, refirió.
Finalmente, el mandatario Céspedes Peregrina expuso que es importante que en estos casos se tome en cuenta al gobierno estatal como única fuente oficial de información. Además, negó que haya solicitado a columnistas escribir información sobre este o cualquier suceso.
