El Ayuntamiento de Puebla amplió la demanda que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto del gobierno de Luis Miguel Barbosa mediante el cual pretende asumir el mando de la seguridad pública del municipio.
Esta es la tercera ampliación de demanda de la controversia constitucional presentada por el síndico municipal Gonzalo Castillo Pérez, en la que aportó pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, las cuales se relacionarán en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
El gobierno municipal demandó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Puebla, así como al secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, a quienes el máximo tribunal constitucional emplazó para que presenten su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído.
La Suprema Corte requirió al Congreso del Estado que envíe copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada que comprende lo relativo a la iniciativa, los dictámenes de las comisiones, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación y la minuta con proyecto de decreto del artículo impugnado.
También le solicitó enviar ejemplar del Periódico Oficial del Estado donde conste la publicación del decreto por el que el gobierno de Puebla asume el mando de la seguridad.
El Ayuntamiento de la capital, que dirige Claudia Rivera Vivanco, impugnó la decisión del gobernador Luis Miguel Barbosa de asumir el control de la seguridad pública municipal en todo el territorio, incluyendo sus juntas auxiliares, “hasta que se restablezca el orden público y se pueda garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y sus derechos”.
El 24 de marzo la Suprema Corte aceptó la controversia constitucional (presentada el 20 de marzo) e inició la revisión de las facultades del gobernador en materia de seguridad.
Esto luego que Barbosa quiso designar a Carla Morales Aguilar como delegada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en sustitución de la titular Lourdes Rosales Martínez.