La discusión de la reforma que presentó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para castigar hasta con seis años de cárcel a los alcaldes que contraten a policías que no cuenten con el Certificado Único Policial en Puebla, fue aplazada porque el punto se retiró de la orden del día.

Luego de que las propuestas fueron avaladas en las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Asuntos Municipales, se anexaron al documento de los puntos a tratar este jueves 8 de diciembre.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina solicitó el retiro del dictamen con el fin de regresarlo a comisiones.

Desde la tribuna, el líder del Poder Legislativo explicó que el motivo de quitar el punto es porque recientemente la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) aprobó la ampliación en la obtención del Certificado Único Policial, al 31 de mayo del 2024, por lo que, caso de aprobar la propuesta se caería en una contraposición.

A la par, defendió que las reformas de Barbosa Huerta eran constitucionalidad y buscaban abonar a las leyes con el fin de proteger a las familias poblanas.

“Esto hace que de un acuerdo que se firmó que amplía el periodo que a nivel nacional y a nivel federal, hace que lo que se aprobó ayer no hubiera podido entrar en vigencia porque tendría una contraposición”, asentó.

Además, pidió a los alcaldes de los 217 municipios cumplir con la obligación de que los miembros de seguridad cuenten con el Certificado Único Policial en Puebla y no esperen a que las leyes se endurezcan para hacer su trabajo.

Durante su intervención, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez, opinó que la propuesta es buena pero debe especificarse la temporalidad de la misma para evitar afecta la seguridad del estado.

“Es una buena oportunidad para que podamos corregir los textos, algunos tiempos sobre todo y darle oportunidad a las diferentes instancias para que se preparen y puedan cumplir la propuesta que se mandó”, dijo.

Por su parte, la legisladora local de la misma fracción parlamentaria, Mónica Rodríguez Della Vecchia, aprovechó para defender que la oposición también tiene la razón en algunos puntos. La declaración se dio porque criticó la propuesta en comisiones bajo el argumento de que los tiempos estaban desfasados.

“Aunque parezca increíble para muchos, pues a veces también los diputados de oposición tenemos algo de razón u a veces también damos consejos o puntos de vista atendibles”, concluyó.