Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, Protección Civil y Desarrollo Urbano, aprobaron la iniciativa que envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta para incrementar las penas contra los funcionarios públicos que autoricen construcciones en lugares o zonas de alto riesgo, por lo que, quienes incurran en está práctica podar pasar hasta 15 años en la cárcel.
En sesión de comisiones unidas los diputados locales avalaron por unanimidad de votos las reformas para modificar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y el Código Penal del Estado.
Las reformas tipifican como un delito penal los actos y omisiones de los servidores públicos que permitan las construcción de viviendas en zonas de riesgo, con la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas por los Planes de Desarrollo Urbano.
En ese sentido, se establecen penas de 4 a 10 años de prisión, y multa de 180 a 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA); mismas que incrementarían hasta en una mitad cuando el asentamiento irregular se encuentre dentro de un área natural protegida, por lo que la sanción podría ser de 6 a 15 años de cárcel.
La iniciativa plantea establecer la definición de un “asentamiento humano irregular” para fines de vivienda en el estado:
“Conglomerado de personas establecido para fines de vivienda, sin autorización, en un área físicamente localizada de restricción natural o artificial, riesgos o de amortiguamiento, cualquiera que sea su régimen de propiedad; al margen de las leyes, planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico; carente de los requerimientos mínimos de infraestructura, equipamiento y servicios básicos para su buen funcionamiento, con falta de certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra”.
Por lo anterior, se busca prohibir la entrega de cualquier permiso en asentamientos irregulares que se encuentren en “derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones y zonas federales”.
El dictamen avalado en comisiones será discutido y votado por el pleno del Congreso local el próximo jueves 20 de octubre durante sesión ordinaria.
