El senador poblano Alejandro Armenta Mier señaló que no tiene la facultad de prohibir la adhesión de militantes de otras fuerzas políticas a su proyecto político, al mismo tiempo que recordó que él y el presidente del país surgieron del PRI.
Al ser cuestionado sobre las declaraciones de la dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, quien criticó la aparición de personajes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otras fuerzas políticas, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República argumentó que no se le puede “cerrar las puertas” del partido, además de que no todos los que se suman necesariamente permanecerán en el proyecto.
“El que estén sentados en una mesa no quiere decir que ya están contigo, algunos creen que porque ya se sentaron, ya se sienten dueño del patrimonio personal, eso es un error. No soy quién para prohibir derechos de asociación, expresión o de libertad de agrupación política”, comentó en su habitual conferencia con medios de comunicación.
En referencia a la aparición del exdiputado local Héctor Alonso Granados–polémico por sus declaraciones misóginas y homofóbicas– en sus eventos públicos, dijo que le ha “llamado la atención” sobre sus polémicas agresiones contra las mujeres.
“Se acercan amigos que pudieran tener posiciones incorrectas, yo quiero decirles que le he llamado la atención, respetuosamente porque cada quién es libre de su pensar, a Héctor (Alonso Granados) y le he pedido que sea contundente respecto a su posición, se lo he dicho en corto y hoy se lo hago público, eso no quiere decir que esté impedido a ejercer sus derechos si a quienes endeudaron a Puebla ejercen sus derechos (...) no soy quien para impedir sus derechos”, agregó.
Por otra parte, el senador consideró como un riesgo para la entidad revocar la concesión a Agua de Puebla, pero declaró que, de llegar al gobierno estatal, emprenderá una revisión conforme a la ley, pues se otorgó un contrato leonino.
Agregó que, durante las giras que realiza en el territorio poblano, los ciudadanos le han manifestado las inconformidades con este servicio e incluso lo han calificado como una empresa “saqueadora”, por lo que le han solicitado atender esta problemática desde su cargo público.
“El contrato se hizo tan leonino, que mi abogado me ha dicho que es riesgoso cancelar el contrato porque tendríamos una penalización que sería costosa para el estado; una penalización implicaría una deuda para Puebla”, sentenció.
