Aunque una persona haya sido condenada por la comisión de un delito doloso, si ya cumplió su pena, podrá buscar la rectoría de la Máxima Casa de Estudios en el territorio poblano, esto debido a que los diputados locales derogaron la fracción XI del artículo 18 de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
En la sesión pública ordinaria de este 20 de octubre, los diputados no quisieron hacer intervenciones, pero en ocasiones anteriores, dieron a conocer que esta eliminación, fue un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por consideran inconstitucional el artículo. La meta, es que los próximos aspirantes a rectores, tengan condiciones igualitarias, no sean discriminados y se cumplan todos sus derechos a la participación.
Además, esta eliminación, de acuerdo con los legisladores, pretende armonizar y estar en congruencia con el marco jurídico actual y de ese modo erradicar todo aquello que resulte violatorio a los derechos humanos. La votación fue la siguiente: 35 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que quedó aprobado en todos sus términos dicho dictamen.
Lo que ocurrirá posteriormente es que se enviará la minuta al Ejecutivo de Puebla para su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Hay que recordar que el pasado 08 de junio, el Congreso también aprobó la nueva Ley Orgánica de la BUAP, en la que se eliminó el requisito de tener 65 años el día de la elección para ser rector o rectora.
Después de 25 años que la ley sufrió cambios por última ocasión, el parlamento dio luz verde para reformar la normativa que riegue a la máxima casa de estudios. La votación tuvo 34 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
Aprueban 50 cuentas públicas
En otro orden de ideas, los legisladores con 30 votos a favor y 5 abstenciones, dieron cuenta de 50 informes individuales del Ejercicio 2021, para los efectos señalados en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de las siguientes entidades fiscalizadas:
Acatlán, Ixtepec, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma, Izúcar de Matamoros, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Chiconcuautla, Chignautla, Chilchotla, Lafragua, Mazapiltepec de Juárez, Museos de Puebla, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tecomatlán, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, Nicolás Bravo.
También Tepanco de López, Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nopalucan, Tlachichuca, Convenciones y Parques, Cuautlancingo, Fiscalía General del Estado de Puebla, Guadalupe Victoria, Huauchinango, Piaxtla, San Felipe Teotlalcingo, San Gabriel Chilac, San Juan Atenco.
San Martín Texmelucan, Tlacotepec de Benito Juárez, Tochtepec, Tribunal Electoral del Estado Universidad de la Salud, Universidad Tecnológica de Huejotzingo, Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, San Pedro Cholula, Universidad Tecnológica de Oriental, Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla, Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Universidad Tecnológica de Tehuacán, Instituto Poblano del Deporte.
Así como el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán, Xicotepec, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, Xochitlán de Vicente Suárez, Instituto Tecnológico Superior de San
Martín Texmelucan, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán.