Ante la hipótesis de una austeridad republicana, el gobierno federal cesó en los últimos dos años la ministración de al menos un par de subsidios a los ayuntamientos de todo el país. En Puebla, de acuerdo con estimaciones hechas por esta casa editorial, durante el segundo trimestre de 2022 las pérdidas presupuestales ascendieron a 200 millones de pesos; de seguir así, al final del año el detrimento podría superar 975 millones.
Esta evaluación se hizo considerando los montos que eran dados por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por venta de gasolinas, así como de la subvención asignada para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública, mejor conocida como Fortaseg. Así, la carencia se acentuó de forma especial en los egresos que eran utilizados para garantizar la protección ciudadana.
De acuerdo con especialistas en materia fiscal, los efectos de esta retención han sido amortiguados gracias a que la actividad económica en la entidad no se detuvo en los últimos años, además de las regulaciones para frenar los contagios de Covid-19.
MUNICIPIOS, SIN RENDIMIENTO POR VENTA DE GASOLINAS
Antes de todo, es importante ponderar lo que ambas participaciones federales representan en números para el gasto público. En el caso del IEPS, esta retribución se suspendió desde abril pasado, la razón: la entrada en vigor del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que presentó en mayo de este año el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Entre sus propuestas, este plan definió renunciar al cobro de IEPS, en otras palabras, los usuarios de gasolinas en todo el país dejaron de pagar este gravamen. Esta recaudación se repartía a cada gobierno municipal en México y ello les permitía financiar diversos proyectos de capital social, infraestructura y hasta de seguridad pública.
La ministración era mensual y lo administraba la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF). No obstante, tal como informó El Sol de Puebla en mayo pasado, en abril ingresaron a la entidad “cero pesos” por ganancia de venta de gasolinas, según manifestó en su momento la dependencia estatal a cada uno de los 217 ayuntamientos.
Aunado a ello, la dependencia confirmó recientemente mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), durante la primera quincena de julio, que, en el segundo trimestre del año, ese mismo ingreso se mantuvo en ceros.
Bajo este contexto, es importante considerar cuánto se otorgó por este mismo concepto apenas durante los primeros tres meses de 2022. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cifra en ese periodo fue de 243 millones 900 mil pesos, siendo febrero el mes más provechoso, con 111 millones y medio de pesos devengados.
Pese a que no hay una fórmula para la asignación del monto, los ayuntamientos contemplan este ingreso en sus estados financieros anuales. Para calcularlo, regularmente consideran lo que percibieron previamente, así como los aumentos de su actividad económica y los ajustes en los métodos de fiscalización federal.
No obstante, al ser una cantidad dinámica, preverla con exactitud es una labor compleja. Por ello, para encontrar un escenario hipotético, El Sol de Puebla estimó una previsión anual basándose en el recurso que fue enviado a la entidad durante el primer trimestre del año, así como el total de 2021.
De esta manera, se determinó que, para finales de 2022, en caso de mantener las directrices del PACIC en lo que resta del año, la pérdida acumulada para los municipios podría ser de 975 millones 600 mil pesos. Para ponerlo en retrospectiva, en 2021 fueron 784 millones 200 mil pesos los que se repartieron a los municipios poblanos.
RECORTES ENCARECEN ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD
Aunado a la reducción del IEPS, la Federación interrumpió desde 2021 la entrega del Fortaseg, que consistía en una contribución etiquetada para la implementación de acciones en materia de seguridad pública.
Entre sus ejes de maniobra se encontraban la inversión en equipamiento, capacitación, certificación, profesionalización y evaluación de control y confianza, además de infraestructura tecnológica y hasta estrategias para la prevención de la violencia.
En 2020 los ayuntamientos poblanos beneficiados por este concepto fueron Tehuacán, Huejotzingo, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Amozoc, Huauchinango, Zacatlán, Chignahuapan, Tepeaca, San Pedro Cholula, Tecamachalco, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Puebla, San Martín Texmelucan y Teziutlán.
En total recibieron 215 millones 264 mil 73 pesos. Para ninguna comuna la subvención fue menor a 6 millones de pesos, razón por la cual la carencia de este recurso es difícil de subsanar.
Desde entonces, los municipios se han valido del poco capital que generan desde lo local, además de otras participaciones, como es el caso del Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf). No obstante, enfrentan limitaciones que impiden igualar un presupuesto como el de Fortaseg.
ERRÓNEO SUPRIMIR RECURSOS PARA SEGURIDAD: ESPECIALISTA
Ante ese contexto, Anselmo Salvador Chávez Capó, doctor en Finanzas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y catedrático de esa misma institución, apuntó en entrevista que la austeridad sin previsiones ni fundamentos se convierte más bien en una estrategia fallida con consecuencias críticas para la población.
Desde su óptica, el reordenamiento de recursos federales es ineficaz ante las necesidades de cada ayuntamiento, pues el dinero ahorrado no está siendo bien utilizado y hasta genera pérdidas al erario: “Recordemos que a nivel municipal se desarrollan los gastos que están relacionados de manera directa con la gente”.
“El gobierno ha decidido (...) no atender las necesidades o entrar en la política de austeridad, que muchos llaman austericidio (...) en el cual están matando a los estados y a los municipios (...) Lo único que le genera al gobierno es una falta de credibilidad entre sus dichos y sus hechos, que termina siendo la definición de incongruencia”, añadió.
Remarcó que la seguridad pública es una obligación a la cual el Estado no debe dejar de aportar recursos de forma abrupta, especialmente en un contexto en el que la inseguridad sobrepasa la estrategia de pacificación nacional. Por ello, criticó que el recorte se hizo sin previsiones ni alternativas.
“Los municipios están recibiendo una participación cada vez menor (...) Hasta lo entendemos, si no estás cobrando el IEPS, pues no me lo puedes mandar, pero las necesidades que tenemos en los municipios (...) no se detienen porque no se cobró el IEPS y entonces ahí estamos parados”, señaló.
De esta manera, expuso que, tanto a nivel local como estatal, la recaudación autónoma está lejos de cubrir los gastos reales de cada territorio, por lo que ambos niveles gubernamentales se vuelven dependientes financieramente de la Federación.
El problema es que se les dejan opciones muy limitadas, insiste, provocando que muchas veces el endeudamiento sea la única opción de resarcir esa ausencia de capital, inclusive para cubrir gastos relacionados con derechos fundamentales.
Por otro lado, agregó que, bajo la presunta intención de instaurar austeridad, el importe economizado ha servido en parte para solventar proyectos inviables a gran escala, como la Refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco, la cual por cierto tuvo un sobrecosto de hasta el 50 por ciento, según reconoció el presidente López Obrador.
“Ese excedente que se pagó en la refinería, pues pudo o está siendo pagado por los ayuntamientos que en este caso no recibieron ciertos conceptos o ciertas participaciones. Nos afecta a todos”, opinó.
Es importante mencionar que para la realización de este texto se buscó la postura de la SHCP, no obstante, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta favorable.
IMPACTOS EN INSEGURIDAD
Una de las muestras de cómo la escasez monetaria usada para brindar protección ciudadana está siendo perjudicial para la ciudadanía es el aumento en la incidencia delictiva, pues en parte ocurre por el empequeñecimiento de las herramientas, expuso el catedrático.
Para ponerlo en retrospectiva, los cinco municipios que acapararon por sí solos poco más de la mitad del presupuesto global anual en el estado fueron Puebla (52.9 millones de pesos), Tehuacán (18 millones), Izúcar de Matamoros (15.7 millones), Huauchinango (15.4 millones) y San Andrés Cholula (13.7 millones).
Para comparar la variación en la ocurrencia de ilícitos en estas demarcaciones se calculó la diferencia entre 2020, año en el que aún se recibió el Fortaseg, y 2021, que fue cuando se dejó de percibir este subsidio. Todo esto en relación al segundo trimestre del año, período en el que, desde 2022, se suspendió la distribución del IEPS por concepto de venta de gasolinas y combustibles.
Así, se encontró que los ayuntamientos que sufrieron el mayor incremento en su incidencia delictiva a un año de haber dejado de recibir el subsidio fueron Puebla (52 por ciento), San Andrés Cholula (30 por ciento) y Huauchinango (16 por ciento), de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Para el año 2022, el impacto tuvo un crecimiento similar.
El resto de municipios que eran beneficiarios de Fortaseg son Atlixco, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Teziutlán, Amozoc, Cuautlancingo, Zacatlán, Tepeaca, Tecamachalco, Chignahuapan y Huejotzingo.
Es indispensable consignar que todas las comunas previamente mencionadas, a excepción de San Martín Texmelucan y Amozoc –debido a la imposibilidad para contactar a sus áreas de comunicación social–, fueron invitadas a participar en la realización de este reportaje para conocer sus vivencias ante la carencia de presupuesto, no obstante, pese a haber recibido la solicitud, hasta el cierre de edición los pedimentos no fueron resueltos. La única que lo hizo fue la de Izúcar de Matamoros.
EDILES PADECEN LA CARESTÍA
Izúcar fue la que recibió el tercer monto más alto por concepto de Fortaseg hasta 2020, no obstante, posterior a ello dejó de contar con los poco más de 15 millones de pesos que obtenía, por lo que tuvo que reordenar sus finanzas para no cesar la inversión municipal en labores de seguridad pública.
En su momento, gracias a esta subvención, la inversión más alta se hizo en equipamiento, así como en infraestructura de videovigilancia y radiocomunicación. A decir de su alcaldesa, quien es emanada de Morena, Irene Olea Torres, el recurso sirvió además para la compra de uniformes, homologación de sueldos y pago de aguinaldos, además de la implementación de planes de certificación.
Cuando asumió la presidencia, un año atrás, ya no heredó el subsidio, sin embargo, lo que sí obtuvo fueron los rezagos que esta escasez de capital provocó a la comuna. En entrevista con El Sol de Puebla, la munícipe relató sus razones por las cuales lamentó esta disminución, pues orilló a su erario a ejercer sus recursos de forma limitada para cubrir el derecho humano a la seguridad.
“Ahora sí es muy pesado, porque todo tiene que salir de la misma canasta, aun cuando [existe] Fortamundf, que es donde pudiéramos tomar para cuestiones de seguridad pública, [sólo] puedes aplicar el 20 por ciento de este monto para seguridad pública y pues no alcanza, no hay dinero que alcance (...) tenemos que hacer erogaciones para el mantenimiento de varias áreas (...) y luego con la alerta de género que tenemos”, abundó.
Aunado a ello, la reducción del 100 por ciento del IEPS trajo consigo más obstáculos financieros, pues este monto se destinaba también a la seguridad pública, específicamente para el desarrollo de exámenes de control y confianza, mantenimiento de patrullas, además de uniformes para policías, los cuales, remarcó, son costosos, pues tienen requerimientos de seguridad muy particulares.
No obstante, defendió que, pese a las dificultades, el Cabildo de Izúcar de Matamoros no ha pedido ningún esquema de financiamiento aún, pues, aunque está al límite, aún hay condiciones de sostener los gastos esenciales, aunque no precisamente de la misma forma como se hacía con anterioridad. Sostuvo que la baja incidencia de morosidad en impuestos locales que hay en su municipio es un factor importante.
“Todo ha sido con nuestras propias finanzas (...) hemos tenido muy buena captación de recursos propios a través de los pagos de prediales, licencias, cédulas y demás. Hemos administrado ese recurso para que pueda estar alcanzando [durante] la mitad del año, que es más la época complicada, porque todo es de ahorro para la salida del año”, subrayó.
Ante ese contexto, precisó que, aunque su gobierno se ha posicionado al respecto ante las autoridades federales mediante las mesas regionales de seguridad pública, para que les sea reintegrado el capital, no ha obtenido respuesta favorable todavía.
En contraste, las autoridades estatales han sido las únicas que han apoyado a esa demarcación, específicamente con tres patrullas, dos para la Policía Municipal y una para la Unidad de Atención de Víctimas, además de uniformes, reconoció Olea Torres.
RESILIENCIA EN PUEBLA ANTE LA ADVERSIDAD
En esa misma línea, a decir del doctor en Finanzas, Chávez Capó, en la entidad poblana hay capacidad de amortiguamiento ante la paralización de ambos montos de participación, esencialmente gracias a que, en plena pandemia de Covid-19, la economía no se detuvo y los decretos estatales para prevenir contagios han sido funcionales.
“Las acciones (...) del gobierno estatal, aunque son del mismo partido, tienen un enfoque (...) mucho más reactivo de lo que se hubiera esperado de un alineamiento a las decisiones gubernamentales desde el centro, y creo que está reaccionando mucho más rápido a las necesidades de la gente”, resaltó.
Pese a ello, el académico remarcó que, ante esa coyuntura, el estado de Puebla no debe parar su actividad económica, pues quedarán estragos de la cancelación del presupuesto todavía; además, aunque los inconvenientes han sido ligeramente menores en la entidad, en caso de abandonar la estrategia de apoyo a municipios, el panorama será irreparable especialmente para los que tienen las finanzas más reducidas.
MUNICIPIOS SIN APOYO
En contraste a lo que se vive en Izúcar de Matamoros, otras alcaldías como son Tepexi de Rodríguez y Calpan, que son gobernadas por partidos de oposición al régimen, se han encontrado con la falta de apoyos por esta carestía, tanto del gobierno federal como el estatal.
En el caso del primer municipio, que es presidido por el priista Lisandro Arístides Campos Córdova, integrante de Antorcha Campesina, en 2022 se enfrentó a la ausencia de poco más de un millón de pesos, específicamente ante el recorte del IEPS por la venta de gasolinas.
En su caso, una de las secuelas más graves del recorte fue en la reestructuración de su gasto corriente, pues compartió en entrevista que para solventar la cantidad removida por el gobierno federal, su Cabildo aprobó varios ajustes financieros teniendo que restarle recursos a otros servicios públicos, como apoyos sociales, subsidio a medicamentos, gastos funerarios, entre otros, que son los que la población solicita constantemente.
Ante ese estrecho contexto, Campos Córdova subrayó que no hubo ninguna aportación del gobierno estatal, no obstante, dejó en claro que confía en que esta realidad pueda ser distinta y que el gobierno de Puebla gestione pronto apoyos para esa demarcación de la Mixteca.
Por su parte, el alcalde de Calpan, Fernando Castellanos Hernández, quien es abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), precisó ante este medio que la protección ciudadana es el principal motivo de gasto que tiene su administración, por lo que la desatención de ese capital, específicamente el de IEPS, ha sido perjudicial para cubrir esas responsabilidades.
“[Hay] que ver cómo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) nos puede apoyar para volver a tener esos apoyos (…) lo que queremos es tener seguridad personal con todos los lineamientos”, relató.
Esta problemática se acrecentó debido a que tampoco recibió su parte del Fortamundf, no obstante, reconoció que esto se debió a que su comuna no entregó la documentación requerida, por lo que, dijo, espera que esta escasez sea resarcida pronto.
PLANIFICACIÓN TAMBIÉN INCUMBE A LOS MUNICIPIOS
Por su parte, Juan Carlos Domínguez Vergara, economista por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), consideró que la mesura financiera es una política pública necesaria, especialmente sobre los recursos que previamente fueron utilizados como forma de enriquecimiento privado.
Sin embargo, refirió que, aun cuando lo que se pretende hacer es implementar una estrategia de esta índole, hacerlo sin planeación lo hace funesto, pues el fin principal de este método tendría que ser repartir de mejor forma el capital público.
“Está bien que haya austeridad, que se gasten mejor los recursos y que no se vayan por el caño de la corrupción (...) pero debe ser con toda la claridad de por qué se hace y cuáles serían las medidas necesarias para que se afecte lo menos posible a los municipios (...) Regularmente los pocos recursos que reciben les llevan a que no puedan cumplir con sus obligaciones constitucionales”, consignó.
Por esa razón, manifestó que el ahorro fiscal puede llevarse a cabo sin tener que menoscabar la capacidad económica de cada comuna, pues defendió que la austeridad no es forzosamente sinónimo de dilación, ni tampoco tener muchos recursos representa utilidad.
“No porque haya más dinero es más efectivo el combate a la delincuencia. Aquí tiene que ver con cómo se administra, a veces se puede combatir de manera más eficiente con muchos menos recursos (...) La cantidad muchas veces no se traslada en calidad”, sostuvo.
Es por ello que el especialista hizo énfasis en que la Federación no ostenta la responsabilidad absoluta de la carencia monetaria que enfrentan algunas comunas ante los recientes recortes presupuestales.
Para concluir, hizo un llamado de crítica y sugerencia para que los ayuntamientos mejoren su planeación financiera y destinen mayor atención a los planes de previsión, pues remarcó que la austeridad bien aplicada propicia un piso más parejo para los receptores del dinero público, especialmente los más beneficiados, además de que evita tener que endeudar al erario.
En septiembre de 2020, el gobernador Miguel Barbosa Huerta se pronunció por primera vez acerca de la disminución del presupuesto federal designado para la entidad, y lo hizo en contra.
“No me gusta el presupuesto de la Federación (...) ¿A quién le puede gustar? Y no me gusta que le bajen el 5 por ciento a Puebla, a todos los estados les baja, pero no me gusta y no me gusta cuando en este momento tampoco hay un solo peso de la Federación invertido en nuestro estado", sostuvo entonces el titular del Ejecutivo.
