La coordinadora del grupo legislativo del PRI en el Congreso del Estado, Rocío García Olmedo, presentó una iniciativa para extender la restricción de publicidad sexista en el transporte público y no nada más en anuncios espectaculares como se aprobó hace casi un mes.
Se trata de una iniciativa de reforma al artículo 92 término de la Ley del Transporte al Estado de Puebla, que fue turnada a comisiones para su análisis y discusión.
García Olmedo expuso que actualmente es común que se instale publicidad sexista en los costados o parte trasera del transporte público, que al igual que los anuncios espectaculares denigra la imagen de la mujer.
“Busca contrarrestar esos índices de violencia y discriminación que hay y señalamos la inclusión en el artículo 92 ter de la prohibición de colocar propaganda impresa en los costados o frente de cualquier vehículo destinado al servicio público con contenidos que muestren estereotipos sexistas, degradantes o peyorativos sobre las mujeres”, expuso la legisladora priista.
APRUEBAN MODIFICACIONES PARA PRESUPUESTO PARITARIO
En la misma sesión ordinaria se aprobaron por unanimidad de votos, modificaciones a la Ley para el Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla y a la Ley para la Igualdad entre Mujeres del Estado de Puebla para la asignación de un presupuesto con perspectiva de género.
En síntesis, se plantea que, para la asignación del presupuesto, las dependencias encargadas de atender este tema incluyan la evaluación de los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres.
INGRESAN INICIATIVA EN DERECHOS HUMANOS
De igual forma, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Estefanía Rodríguez, y el diputado de Morena, Fernando Jara Vargas, presentaron una iniciativa para la creación de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que incluye 76 modificaciones para ampliar el alcance del marco jurídico en materia de garantías individuales.
Dentro de esta armonización con la ley federal, se incluye el concepto de violencia institucional como riesgo de violación a los derechos humanos, además de que se busca mejorar los mecanismos para garantizar la reparación del daño a las víctimas.