El Poder Judicial del Estado de Puebla obtuvo una calificación de 47.6 en la protección de mujeres víctimas de violencia de género, ya que durante la contingencia del coronavirus no considera medidas precautorias en materia familiar ni medidas explicitas para garantizar el pago de la pensión alimenticia.
Así lo expone un reporte publicado en marzo de este año por la organización feminista EQUIS Justicia para las Mujeres, que desde 2011 busca transformar las instituciones, leyes y políticas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres.
El documento refiere que el Poder Judicial de Puebla no llega a los 50 puntos de 100 de calificación, ya que suspendió sin alternativas las medidas para los centros de convivencia entre las niñas y niños con sus progenitores. Tampoco contempla medidas de protección en materia penal, ya que no consideró la necesidad de contar con personal para ratificar las medidas de protección emitidas por los ministerios públicos.
Con los mejores puntajes en el ranking se encuentran los estados de Querétaro con 88.1 de calificación, Nuevo León con 80.7, Colima con 71.4, Michoacán con 66.7 y Baja California Sur con 64.3 puntos.
Después Yucatán con 59.5, San Luis Potosí y Chiapas con 57.1, Hidalgo con 54.8, Tamaulipas con 52.4, así como Nayarit y Ciudad de México con 50 puntos.
CRITERIOS POSITIVOS
El tribunal local sí estableció guardias para emitir órdenes de protección en materia familiar, igual que otros 16 estados del país, que son útiles en circunstancias de urgencia, pues su sencillez agiliza la respuesta de las autoridades ante situaciones de violencia.
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Otro aspecto positivo que arrojó el análisis es que el Poder Judicial de Puebla considera cinco grupos vulnerables: mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, las personas mayores de 60 años y las personas con enfermedades crónico degenerativas, además de que mencionó explícitamente que el personal enfermo podría faltar a sus labores.
Únicamente tres poderes judiciales, Colima, Puebla y Yucatán, tomaron en consideración a personas con discapacidad, además de que el tribunal local propuso jornadas más flexibles.
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