De enero de 2018 a junio del 2022, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla, recibió 17 mil 387 quejas y de esta cifra, 2 mil 904 fueron en contra de la Fiscalía General del Estado. La FGE violó los derechos de los ciudadanos al no dar asesorías jurídicas, no brindar protección a personas en condición de vulnerabilidad y registró omisiones en los procesos de administración de justicia.
Lo anterior lo reveló el “análisis de las labores de difusión y protección de los derechos humanos de la CDH”, el cual, fue elaborado por el Observatorio Con los Ojos Abiertos que pertenece a la Universidad Iberoamericana campus Puebla.
El informe hizo un desglose por año y en el 2018 se registraron mil 734 quejas, en el 2019 fueron mil 648 y en el 2020 la cifra fue de 5 mil 139. Para el 2021 se contabilizaron 4 mil 313 y de enero a junio del 2022 la cifra fue de 4 mil 553 presuntas violaciones a derechos humanos por parte de autoridades de Puebla.
Con respecto a las autoridades señaladas en las quejas, la Fiscalía se mantuvo constantemente en los primeros lugares, seguida por el Ayuntamiento de Tehuacán, que en los últimos tres años ha presentado un aumento considerable en el número de quejas.
En el 2018 la Fiscalía enlistó 339 quejas, colocándose como la institución con más señalamientos de presuntas violaciones. El segundo lugar lo ocupó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 159 quejas y el tercer lugar la Secretaría de Educación Pública con 118.
Para el 2019, la Fiscalía General del Estado nuevamente ocupó el primer lugar como la más señalada con 395 quejas, le siguió la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 138 y la Secretaría de Educación Pública con 125.
La tendencia continuó en el 2020, pues la Fiscalía General del Estado reportó 807 quejas, el presidente municipal de Tehuacán ocupó el segundo lugar con 631 y el presidente municipal de Huauchinango el tercero con 478 quejas.
En el 2021, la Fiscalía sumó 872 quejas, el presidente municipal de Tehuacán tuvo 498 y el presidente municipal de Teziutlán un total de 441; ya para enero-junio del 2022 estas fueron las quejas: presidente municipal de Tehuacán 534, Fiscalía 491, y presidente municipal de Teziutlán 454.
Dentro de las quejas que se presentan se puede apuntar la presunta violación de uno o más derechos humanos, destacando que, en el período analizado el más señalado fue el de seguridad jurídica, el cual fue mencionado 11 mil 497 veces.
En la seguridad jurídica se consideran diferentes acciones que vulneran los derechos de las personas como pueden ser: el no brindar asesoría jurídica, atención médica, protección, auxilio o información durante diversos procesos; negar la recepción de denuncias; dilatar procesos administrativos; no dar protección a personas de grupos en condición de vulnerabilidad; así como otras acciones u omisiones en los procesos de administración de justicia.
El segundo derecho más violado fue el de trato digno, pero solo se identificaron 855 menciones. Para el Observatorio, esta situación deja entre ver que el principal problema que se tiene es el incumplimiento de las disposiciones legales por parte de las autoridades en el estado, un elemento que debería servir para que la Comisión oriente o defina las acciones de capacitación que realiza, de modo que se pueda prevenir la violación reiterada de este derecho.
Hay que señalar que no todas las quejas concluyeron con la emisión de una recomendación o conciliación, ya que en muchos casos se resolvieron durante el proceso o se archivaron por falta de interés.
El desarrollo por año fue el siguiente: En 2018 sólo el 27.16 por ciento de las quejas fueron resultas durante el trámite, en el 2019 la cifra fue de 27.47 por ciento, en el 2020 del 68.42 por ciento y en el 2021 fue del 58.62 por ciento.
En el caso de la fata de interés los porcentajes fueron de esta manera: en el 2018 fue el 17.27 por ciento, en el 2019 fue el 16.16 por ciento, en el 2020 un 0.93 por ciento y en el 2021 un 2.59 por ciento.
“El principal motivo por el que se resuelven las quejas es porque se da solución a los hechos durante el trámite, es decir, una vez que se inician las diligencias por parte de la Comisión para investigar los hechos denunciados, la autoridad señalada atiende a la persona para resolver la situación que motivó la queja (…) lo cual significa que la autoridad toma las acciones necesarias para reparar el daño causado”, se pudo leer.
Ante lo anterior, el Observatorio recomendó mejorar los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones y conciliaciones que se emiten, para evitar retrasos en la realización de las medidas propuestas a las autoridades, y así garantizar que se reparen los daños a las víctimas.
También realizar un análisis de contexto de la situación que se vive en Puebla, con base en las quejas que se reciben, para identificar las zonas y temáticas que requieren especial atención y focalizar las acciones de capacitación y difusión de manera adecuada.
