Por unanimidad de votos, el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) designó a Miriam Olga Ponce Gómez como nueva abogada general de la máxima casa de estudios para el periodo 2023-2027.
Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la BUAP, fue la encargada de realizar la toma de protesta de este nombramiento. Cabe mencionar que, previo a la designación, Ponce Gómez ostentó el cargo de Abogada General Sustituta en la universidad durante cuatro años.
Durante su intervención, Cedillo Ramírez reconoció la labor de Miriam Ponce como Abogada Sustituta durante el pasado periodo, confiando en que durante esta nueva gestión resolverá y atenderá con calidez cada uno de los conflictos universitarios.
“Ha atendido problemas que a todos los universitarios nos preocupan, problemas que tienen que ver con los derechos universitarios, pero también con los derechos humanos, problemas que han sido atendidos, con oportunidad y con una gran vocación de servicio, lo cual agradezco, admiro y aprecio”, expresó.
Aseguró que, durante la gestión pasada, Miriam Ponce logró brindar solución a casos con rezago, los cuales durante muchos años no fueron resueltos, lo que generó que las autoridades universitarias dieran su voto de confianza y aprobación para este nombramiento.
Abogada general presenta informe de labores del 2022
Miriam Ponce fue la encargada de presentar el informe de labores del departamento de la Abogada General de la máxima casa de estudios durante el año 2022, donde resaltó la atención de 64 investigaciones relacionadas con violencia de género en la universidad.
De dichas investigaciones, 49 fueron presentadas por mujeres en contra de hombres, 14 presentadas por hombres en contra de mujeres y una presentada por una persona asexual en contra de hombres y mujeres.
Como resultado de estas investigaciones, 20 estudiantes fueron sancionados con una amonestación por escrito, 10 suspensiones temporales y nueve con cursos de capacitación sobre violencia de género.
Además, 16 investigaciones continúan en trámite y 18 de ellas fueron archivadas por falta de elementos para sancionar. Las acusaciones fueron principalmente por acoso sexual, seguidas por ciberacoso y en menor medida por violencia física.
Durante el mismo periodo, este despacho atendió 75 investigaciones administrativas, las cuales culminaron principalmente en terminaciones de la relación laboral, extrañamientos por escrito, amonestaciones por escrito y suspensiones laborales.
Aunado a ello, se realizaron 22 investigaciones administrativas relacionadas con discriminación y violencia de género, de los cuales 21 fueron por hostigamiento y uno por discriminación. Estos casos finalizaron con un total de 13 sanciones.
Finalmente, durante el mismo año la Abogada General abrió 162 investigaciones administrativas iniciadas en contra del alumnado, relacionadas principalmente con actos contrarios a la normativa universitaria, acoso escolar o bullying, daños a la propiedad institucional y alteración de documentos.
