/ lunes 23 de mayo de 2022

Destinarán recursos para modernizar el registro público de la propiedad y catastro

El Gobierno estatal deberá destinar un millón 24 mil 428 pesos de sus propios recursos presupuestarios y en conjunto sumar 2 millones 529 mil 454 pesos

El Gobierno de Puebla recibirá de la Federación más de un millón de pesos para la ejecución del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro, con la finalidad de homologar la información de las dependencias en el país y dotarlas de nuevas tecnologías para mejorar sus procesos.

El convenio de coordinación para la transferencia de recursos federales fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y señala que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) aportará un millón 505 mil 25 pesos en subsidios, que se otorgarán posterior a la firma, previa documentación que proporcione el Instituto Registral y Catastral estatal.

El Gobierno estatal deberá destinar un millón 24 mil 428 pesos de sus propios recursos presupuestarios y en conjunto sumar 2 millones 529 mil 454 pesos destinados exclusivamente para lo que el acuerdo señala.

Las razones para transferir los recursos son que los organismos encargados de la función Registral y Catastral sean más eficientes, eficaces y garanticen la actualización de la información sobre inmuebles, vinculando la información que se genera en ambas instituciones, que permita interoperar e interconectar dicha información en forma sistemática y permanente a la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral.

El instituto que preside Lizeth Delfín Domínguez deberá destinar los recursos única y exclusivamente para mejorar el funcionamiento del organismo en la entidad y, en caso de no utilizarlos en su totalidad tendrá que regresarlo a la Federación, así como rendimientos financieros que se hubieran generado.

También deberá compartir evidencia documental y fotográfica de los entregables de las contrataciones para la ejecución del proyecto, así como toda aquella información y documentación que se requiera y que se relacione con el objeto del convenio.

En caso de no cumplir con lo previamente acordado, los servidores públicos federales o locales podrá ser sancionado en términos de lo que resulte aplicable de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El Gobierno de Puebla recibirá de la Federación más de un millón de pesos para la ejecución del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro, con la finalidad de homologar la información de las dependencias en el país y dotarlas de nuevas tecnologías para mejorar sus procesos.

El convenio de coordinación para la transferencia de recursos federales fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y señala que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) aportará un millón 505 mil 25 pesos en subsidios, que se otorgarán posterior a la firma, previa documentación que proporcione el Instituto Registral y Catastral estatal.

El Gobierno estatal deberá destinar un millón 24 mil 428 pesos de sus propios recursos presupuestarios y en conjunto sumar 2 millones 529 mil 454 pesos destinados exclusivamente para lo que el acuerdo señala.

Las razones para transferir los recursos son que los organismos encargados de la función Registral y Catastral sean más eficientes, eficaces y garanticen la actualización de la información sobre inmuebles, vinculando la información que se genera en ambas instituciones, que permita interoperar e interconectar dicha información en forma sistemática y permanente a la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral.

El instituto que preside Lizeth Delfín Domínguez deberá destinar los recursos única y exclusivamente para mejorar el funcionamiento del organismo en la entidad y, en caso de no utilizarlos en su totalidad tendrá que regresarlo a la Federación, así como rendimientos financieros que se hubieran generado.

También deberá compartir evidencia documental y fotográfica de los entregables de las contrataciones para la ejecución del proyecto, así como toda aquella información y documentación que se requiera y que se relacione con el objeto del convenio.

En caso de no cumplir con lo previamente acordado, los servidores públicos federales o locales podrá ser sancionado en términos de lo que resulte aplicable de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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