/ viernes 19 de agosto de 2022

DIF protege a tres menores de Huauchinango, víctimas de violencia a manos de su padrastro

Tanto la Fiscalía General del Estado como el SEDIF han asumido una conducta imparcial en el caso porque las investigaciones continúan

El Sistema Estatal DIF tiene bajo resguardo a las tres menores de edad, oriundas de Huauchinango, que fueron víctimas de violencia, luego de que Ramón N., su padrastro y presunto agresor, recientemente obtuvo su libertad, debido a que un juez consideró que no había pruebas suficientes para acusarlo del delito de violación.

Miriam Vázquez madre de dos de las menores denunció a su pareja sentimental Ramón N. por haber violado y embarazado a su hija de 16 años, sin embargo la menor dio a luz a los pocos días de haber ratificado la denuncia y entonces el hombre decidió huir para evadir a la justicia.

Ramón N. se llevó por la fuerza a la menor de 16 años, a la recién nacida y a su otra hijastra de ocho años, aunque posteriormente fue detenido y desde ese momento Miriam acusó que desconocía el paradero de sus dos hijas y su nieta.

La mujer de 33 años ha señalado que teme por la integridad de las tres menores, ya que Ramón N. no cuenta con ninguna restricción para acercarse a ellas, de tal forma que podría buscar la patria potestad ante el Sistema Estatal DIF al igual que ella.

Este día, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que tanto la Fiscalía General del Estado como el SEDIF han asumido una conducta imparcial en el caso porque las investigaciones continúan.

Afirmó que las casas de asistencia para menores del DIF sólo cumplen la obligación de proteger a los menores y no tienen ninguna facultad para entregar custodias, ya que esta es una tarea de la FGE.

En su intervención, Hirám Méndez Crisanto, titular de la Procuraduría del Menor del SEDIF refirió que de acuerdo con las leyes de protección de niñas, niños y adolescentes existe un proceso de restitución familiar que se deberá llevar a cabo, aunque será la Fiscalía la que lo autorice conforme se desarrollen las indagatorias.

“Se solicitó el ingreso de ellas a un centro de asistencia social del Sistema Estatal DIF, en donde se encuentran albergadas y recibiendo toda la ayuda asistencial, apoyo psicológico, jurídico y médico, garantizando en todo momento la integridad física, emocional y la protección de los derechos de ellas”, informó sobre la situación de las menores.

El Sistema Estatal DIF tiene bajo resguardo a las tres menores de edad, oriundas de Huauchinango, que fueron víctimas de violencia, luego de que Ramón N., su padrastro y presunto agresor, recientemente obtuvo su libertad, debido a que un juez consideró que no había pruebas suficientes para acusarlo del delito de violación.

Miriam Vázquez madre de dos de las menores denunció a su pareja sentimental Ramón N. por haber violado y embarazado a su hija de 16 años, sin embargo la menor dio a luz a los pocos días de haber ratificado la denuncia y entonces el hombre decidió huir para evadir a la justicia.

Ramón N. se llevó por la fuerza a la menor de 16 años, a la recién nacida y a su otra hijastra de ocho años, aunque posteriormente fue detenido y desde ese momento Miriam acusó que desconocía el paradero de sus dos hijas y su nieta.

La mujer de 33 años ha señalado que teme por la integridad de las tres menores, ya que Ramón N. no cuenta con ninguna restricción para acercarse a ellas, de tal forma que podría buscar la patria potestad ante el Sistema Estatal DIF al igual que ella.

Este día, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que tanto la Fiscalía General del Estado como el SEDIF han asumido una conducta imparcial en el caso porque las investigaciones continúan.

Afirmó que las casas de asistencia para menores del DIF sólo cumplen la obligación de proteger a los menores y no tienen ninguna facultad para entregar custodias, ya que esta es una tarea de la FGE.

En su intervención, Hirám Méndez Crisanto, titular de la Procuraduría del Menor del SEDIF refirió que de acuerdo con las leyes de protección de niñas, niños y adolescentes existe un proceso de restitución familiar que se deberá llevar a cabo, aunque será la Fiscalía la que lo autorice conforme se desarrollen las indagatorias.

“Se solicitó el ingreso de ellas a un centro de asistencia social del Sistema Estatal DIF, en donde se encuentran albergadas y recibiendo toda la ayuda asistencial, apoyo psicológico, jurídico y médico, garantizando en todo momento la integridad física, emocional y la protección de los derechos de ellas”, informó sobre la situación de las menores.

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