Criminalización, opacidad y violación al derecho de consulta por parte de las autoridades de los tres niveles de Gobierno han sufrido las comunidades nahuas y totonacas del estado de Puebla que se oponen a proyectos energéticos, de acuerdo con un documento publicado por Fundar.
Existen casos documentados en el territorio que son el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, promovido por la empresa Deselec-Comexhidro, y el gaseoducto Tuxpan-Tula, que han criminalizado a los ciudadanos, y también, presentado irregularidades.
El caso de los pueblos nahuas y totonacos de los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya en la Sierra Norte de Puebla, afectados por el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, la Secretaría de Energía (Sener) impulsó un proceso de consulta en 2015, a pesar de que los permisos fueron otorgados desde 2011 y 2013, para el caso de impacto ambiental y generación de energía eléctrica, respectivamente.
“Esta situación dio lugar a una demanda de amparo contra dicho proyecto, presentada por representantes del pueblo totonaco y a una posterior suspensión judicial del mismo”, dice el “Informe sobre la implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en México”.
El documento asegura que, tras las denuncias públicas y legales presentadas por defensores del pueblo totonaco y organizaciones, hubo incidentes de criminalización, al igual que ha ocurrido con otros proyectos de pretenden instalarse en el país como los de San José Tibceh, en Yucatán, Ticul A y Ticul B.
Fundar relata que, una consulta a las comunidades totonacas y nahuas sobre el proyecto Puebla 1 fue denunciado públicamente en una reunión con 300 habitantes de San Felipe Tepatlán y de la comunidad de Altica, cuando autoridades municipales y federales, junto con representantes de la empresa, los hicieron esperar cuatro horas sin comer y sin saber que eso era una consulta.
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