Llenas de personal incompetente y coludido con las contrapartes, es como las áreas jurídicas de los organismos públicos del gobierno estatal trabajaban previo a la actual administración, calificó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Esto, tras enunciar que al momento, se han pagado más de 230 millones de pesos a consecuencia de las demandas laborales perdidas por el Estado poblano.
Con ese mensaje, el mandatario manifestó en su habitual rueda de prensa el 18 de mayo, que dicho fenómeno se extiende a diversas instituciones, sin embargo, abundó únicamente en el caso del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (Icatep), pues refirió que fue ahí donde ocurrieron las situaciones “más fuertes”.
“En el caso de los trabajadores del Icatep, había un descuido de parte del gobierno, porque así han sido los gobiernos en Puebla, sus áreas jurídicas están llenas de incompetentes, todos los juicios los pierden, todos, y en muchos de ellos se coluden con los abogados. El caso de Icatep fue muy fuerte”, precisó.
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Comentó que, en gran medida dichas acciones prevalecieron gracias a la inacción del ex titular de la Secretaría del Trabajo (ST), Abelardo Cuéllar Delgado, predecesor de Gabriel Biestro Medinilla al frente de esa dependencia: “Tiene responsabilidad el anterior secretario (...) sí, lo digo claramente”.
Pese a todas las irregularidades, explicó que su gobierno no tiene la intención de ser omiso ante las resoluciones judiciales sobre los laudos que ya estaban dados incluso antes de tomar la posesión del Ejecutivo: “Yo no soy de los que va a evitar pagar (…) ya tengo el análisis de los miles de asuntos que hay y de los miles de laudos que hay”.
Externó que, desde el inicio de su administración a la fecha, el Gobierno de Puebla lleva poco más de 230 millones de pesos entregados a consecuencia de esas determinaciones en contra del estado. Inclusive, dijo, ese dinero se otorgó sin que siquiera la ST pidiera autorización: “No tuve conocimiento de eso, porque los jurídicos se coludieron con los abogados del trabajador (...) y los secretarios se ponían muy nerviosos”.
De acuerdo con datos del Tribunal de Arbitraje estatal, tan sólo en 2021 el gobierno estatal ejerció un monto total de 100 millones 164 mil 935 pesos, por concepto de laudos condenatorios.
QUIEN ENCABECE ASE DEBE LIMPIARLA: GOBERNADOR
En otro orden de ideas, Barbosa Huerta dio su voto de confianza para que la nueva persona al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sea independiente y tenga la intención de atender los pendientes al interior del organismo.
“Yo espero a un titular, hombre o mujer, en la terna hay dos hombres y una mujer, absolutamente independiente, con la voluntad de poder dotar a esa institución de toda la capacidad para que se [pueda] revisar el ejercicio del gasto [público]”, remarcó.
Será este jueves 19 de mayo cuando el pleno del Congreso de Puebla emita una resolución sobre la terna que integró la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la cual está integrada por Amanda Gómez Nava, actual titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Sánchez Ruanova, quien integra el padrón de auditores externos de la ASE, y Álvaro Sánchez Jiménez, también auditor independiente.
En ese tenor, el gobernador concluyó diciendo que espera que cualquiera que se integre a las filas del organismo, tiene varios pendientes que cubrir: “Que limpie todo, hay mucho que hacer (...) espero autonomía, capacidad y profesionalismo”.
