Aunque en Puebla se han abierto 42 carpetas de investigación por el delito de tortura, a la fecha no existe ninguna sentencia y los registros no se ajustan a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Así lo advierte la plataforma “Observatorio contra la Tortura”, que denuncia las carencias y expone datos e interpretaciones en la implementación de la Ley General contra la Tortura en México, presentada y elaborada por organizaciones de la sociedad civil y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en el país.
Las estadísticas fueron elaboradas con respuestas de solicitudes de información realizadas a la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales, la cuales no revelaron el sexo de la persona que denunció el delito ni la autoridad señalada como presuntamente responsable.
En cuanto a la creación de instancias la plataforma refiere que en Puebla existe una unidad especializada en la investigación del delito de tortura y se han realizado siete peritajes médicos y psicológicos entre 2014 y lo que va de 2019, cifra que ubica al Estado en tercer lugar nacional después de Quintana Roo que registró siete y Baja California 38 peritajes.
Según la Ley General contra la Tortura, las fiscalías deben contar con registros sobre los casos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que deben incluir información sobre el lugar, fecha, circunstancias, técnicas utilizadas, autoridades señaladas como posibles responsables, el estatus de las investigaciones y en su caso, información de la víctima: su situación jurídica, edad, sexo o cualquier otra condición relevante.
La entidad tampoco tiene el número de víctimas directas e indirectas de tortura registradas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), información que proviene de tres fuentes: la que fue proporcionada por los afectados mediante el formato de registro, la proveniente de determinaciones emitidas por las autoridades competentes al ser reconocido el estatus de víctima y de las solicitudes de registro al RENAVI por parte de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas.
El Observatorio indica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) clasificó seis quejas como tortura en Puebla -en el hospital psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano”, de las cuales una ha sido atendida, dos están en avance y tres persisten-.
La plataforma destaca que el nivel de acceso a la información pública de la Fiscalía poblana sobre la investigación del delito de tortura es de 9,63 en una escala de 0 a 10, cuyo indicador está dirigido a medir el nivel de producción y acceso a la información sobre este crimen, así como los recursos humanos y financieros con los que cuentan, a través de la evaluación de los datos que proporcionaron al Observatorio contra la Tortura.